Acuerdo sin precedentes en Catalunya para combatir la pobreza energética. El Govern han firmado un doble acuerdo con Endesa, la mayor suministradora del país, para repartirse la factura de la pobreza energética durante 2021, por un lado, y también la deuda acumulada desde 2015 hasta hoy por 35.518 familias vulnerables, que quedan liberadas de tener que hacer frente a los impagos y a las denuncias de la compañía. El pacto llega tras años de negociaciones frustradas y después de que en 2015 se aprobase una ley de emergencia social que establecía que la Generalitat debía firmar estos convenios.
Han sido dos los documentos suscritos por Endesa y los departamentos de Asuntos Sociales y Empresa de la Generalitat, a los que se han sumado administraciones locales y entidades sociales. Con el primero, la eléctrica se compromete a asumir el 100% de las deudas de los hogares por pobreza energética desde 2015 hasta 2018 y la mitad de las de 2019 y 2020, cuando los impagos se han disparado por la pandemia. El resto lo asumirá la Generalitat. En total, son 37,8 millones de euros, de los que 28 irán a cargo de la compañía.
De forma parecida, en la segunda parte del acuerdo, la eléctrica acepta cubrir el 50% la factura que generen estas familias en riesgo de exclusión, en un convenio que tendrá vigencia hasta finales de 2021 y que se tendrá que revisar entonces. La otra mitad de ese montante la deberá abonar la Generalitat, aunque esta, a su vez, elaborará un tercer convenio, en este caso entre administraciones, para repartirse la carga. En principio, asumirán el 75% de esa parte de la deuda y el 25% restante dependerá de diputaciones y Área Metropolitana de Barcelona (AMB).
En la presentación del acuerdo, que supone también el fin de las denuncias y la judicialización de muchos impagos de familias por parte de Endesa, han participado todos los actores implicados, desde los representantes de la Generalitat –los consellers de Asuntos Sociales y Empresa– hasta los del Ayuntamiento de Barcelona, pasando por las cuatro diputaciones provinciales, la directora general de Endesa y dos de las principales entidades sociales que han liderado esta lucha: la Alianza contra la Pobreza Energética y la Taula del Tercer Sector Social.
El conseller de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, ha defendido que el convenio era necesario no solo para condonar la deuda de más de 35.000 familias, sino también “para que el resto [de eléctricas] vean que existe este modelo acordado y que lo mejor es firmarlo”. El documento incluye además compromisos por parte de la compañía como hacer “promoción activa del bono social” e instalar contadores en aquellas viviendas ocupadas sin contrato, donde suelen ser habituales las situaciones de pobreza energética y los pinchazos de la luz.
Seis años de negociaciones frustradas
La lucha contra la pobreza energética en Catalunya logró un impulso decisivo en 2015, cuando las entidades sociales, en especial la Alianza contra la Pobreza Energética (APE), lograron que se aprobase una ley que impedía los cortes de luz a las familias vulnerables. Aquella norma, la misma que prohibía también los desahucios, recogía también que las Administraciones públicas debían establecer convenios con las compañías proveedoras para que financiasen “a fondo perdido” o con descuentos “muy notables” las facturas de quienes no podían pagar. Finalmente, la Generalitat ha aceptado pagar una cuarta parte de la deuda acumulada y la mitad de las facturas futuras, ante la negativa de Endesa de firmar ningún convenio hasta ahora y pese a que entidades como la APE exigían que la firma asumiese el 100%.
Este último había sido desde 2015 el principal punto de desencuentro entre las eléctricas y la Administración catalana, que no lograba que se las compañías hicieran cargo del coste de la pobreza energética. Esto provocó que muchos hogares pobres optasen por no consumir luz o gas pese a que la ley les protegía contra los cortes, puesto que querían evitar cargar con una mochila cada vez más abultada de deudas por impagos. La entidad Alianza per la Pobreza Energética llegó a denunciar que compañías como Endesa vendían esas deudas a empresas especializadas en cobros de este tipo para perseguir a algunas familias.
Uno de los grandes intentos para alcanzar el convenio con Endesa fue el de 2017, encabezado por Carles Puigdemont, desde la Generalitat, y Ada Colau, desde el Ayuntamiento de Barcelona, junto a distintas administraciones locales y supramunicipales. Aquel frente común, conformado poco después del fallecimiento de una anciana víctima de pobreza energética en Reus, exigió a las eléctricas que asumiesen el 50% de la factura, pero la propuesta no obtuvo el sí de las empresas. Más adelante, Endesa pidió a los consistorios que asumiesen la mitad de la deuda de los vecinos que no podían pagar y amenazó con cortar suministros si no lo hacían.