La ley 24/2015, contra la pobreza energética, estipula que las administraciones deben suscribir convenios con las compañías energéticas para corresponsabilizar a las compañías del pago de las facturas de la pobreza energética. Pero, por el momento, las eléctricas se resisten a firmar estos convenios.
Este jueves las administraciones locales, diputaciones y Generalitat han presentado un modelo unificado de convenio que estipula marca en el 50% el porcentaje de la factura que debe ser asumida por estas. Con esta propuesta pretenden dar un impulso decisivo en la firma de estos compromisos mientras, de forma paralela, amenazan con sanciones si las compañías no los suscriben.
La Alianza contra la Pobreza Energética (APE) valora “el esfuerzo conjunto” pero ve el porcentaje del 50% insuficiente y defienden que las compañías asuman el 100% de las deudas acumuladas y los descuentos a aplicar en los futuros pagos mensuales. “La administración debe ser garante de derechos de la ciudadanía, y no garante de los pagos a unas empresas que perciben ganancias multimillonarias año tras año”, aseguran en un comunicado difundido este jueves.
Al acto de presentación del modelo han asistido las máximas autoridades institucionales catalanas. Entre ellos, el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, los consellers de Empresa y Trabajo, Jordi Baiget y Dolors Bassa, además de Jaume Collboni, vicepresidente del Área Metropolitana de Barcelona. El objetivo era mostrar la máxima unidad institucional en esta cuestión, que ya fue visibilizada cuando el Tribunal Constitucional tumbó buena parte de la 24/2015, en concreto las medidas sobre vivienda, aunque dejó los artículos sobre la pobreza energética en vigor.
La propuesta de unidad presentada este jueves indica que las compañías que lo suscriban afronten, al menos, la mitad de los gastos energéticos en los que incurran personas con informes de vulnerabilidad social. Entre ellos, la tarifa social aplicable o el pago de las facturas atrasadas, que hasta ahora corrían a cargo de la administración. También se creará una ventanilla única de tramitación, para aligerar los procesos administrativos.
Este martes fue el ayuntamiento de Barcelona quien adoptó una importante medida de presión a las eléctricas, anunciando que introduciría una cláusula en sus contratos públicos que dejaría fuera de ellos a las compañías suministradoras que no hubiesen firmado los convenios sobre pobreza energética que marca la ley 24/2015. Por parte del Govern, que desde la entrada en vigor de la ley ha firmado convenios con buena parte de las compañías de agua pero con ninguna eléctrica, aseguró que analizaría la medida del ayuntamiento de Barcelona pero recetó la unidad institucional como mejor fórmula para someter a las compañías a la ley.
Pese a las buenas intenciones esgrimidas por parte de los diferentes actores, Catalunya Plural reveló la semana pasada que, tras 15 meses en vigor de la ley, ninguna denuncia impuesta por la Agencia Catalana de Consumo contra las suministradoras había acabado aún en sanción firme. Hasta diciembre pasado, Consumo había iniciado la vía sancionadora en 125 de las 206 denuncias recibidas, y en 57 casos se habían impuesto sanciones recurribles. Según los datos que comparten Govern y las organizaciones sociales contra la pobreza energética, se estima que la ley paró en los primeros meses de aplicación 30.000 cortes de suministro.