La defensa de los mossos procesados por la muerte de Juan Andrés Benítez en una reducción policial en el barrio barcelonés del Raval negocian con la Fiscalía y la acusación particular una condena pactada por homicidio imprudente, que les libraría de entrar en prisión, a cambio de reconocer los hechos. Según han informado a Efe fuentes jurídicas, en el Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) se ha celebrado este viernes una vista para resolver los recursos de los seis mossos d'esquadra acusados de la muerte de Benítez, que pretenden evitar ser juzgados por un jurado argumentando que los hechos constituyen un delito de homicidio imprudente, competencia de un tribunal profesional.
La juez instructora ha enviado a los seis agentes a un juicio con jurado popular por un delito de homicidio -y a otros dos como encubridores-, tras concluir que, en octubre de 2013, causaron la muerte de Benítez al reducirlo de forma “violenta y desproporcionada”, asumiendo así las altas probabilidades de que falleciera. En la vista celebrada este viernes, las defensas de los agentes, la Fiscalía y la acusación particular ejercida por la familia de la víctima se han aliado para pedir la expulsión del proceso de la acusación popular ejercida por la Asociación Catalana de Derechos Humanos.
Esta acusación popular es el principal escollo para un acuerdo de conformidad que evite que un jurado popular juzgue el caso, ya que es reacia a la propuesta de las defensas de que los mossos d'esquadra acepten una condena por homicidio imprudente de como máximo dos años de prisión, lo que les libraría de entrar en la cárcel por carecer de antecedentes.
El abogado José María Fuster-Fabra, defensa de varios de los mossos, ha apelado ante el TSJC a la última reforma de la ley de enjuiciamiento criminal, aprobada el pasado mes de diciembre y que establece que una acusación popular solo puede personarse si así lo acepta la acusación particular ejercida por los perjudicados.
El abogado de la acusación particular, David Aineto, ha recogido el guante lanzado por las defensas y ha sostenido ante el tribunal que la familia de Benítez ya se siente suficientemente representada por sus letrados, por lo que no se opone a la expulsión de la acusación popular. En la misma línea se ha manifestado la fiscal del caso, Elena Contreras, que ha advertido al tribunal de que apartar del proceso a la acusación popular podría permitir que fructificaran las “conversaciones” que las partes están manteniendo para “la finalización del proceso abierto”.
De hecho, tanto la Fiscalía como la acusación particular piden que los seis mossos procesados por acabar con la vida de Benítez sean juzgados por homicidio doloso -en que el autor asume las posibilidades de causar la muerte de la víctima-, pero subsidiariamente aceptan un homicidio imprudente.
La Fiscalía pide once años de prisión para seis de los agentes imputados por la muerte -así como año y medio para otros dos acusados de encubrir la actuación de sus compañeros- y que indemnicen conjuntamente a la hermana de la víctima con 100.000 euros. Si aceptaran una condena por un delito de homicidio imprudente, castigado con penas de entre uno y cuatro años, los mossos d'esquadra procesados deberían reconocer ante el tribunal que causaron la muerte de Benítez por usar una fuerza desproporcionada en la reducción.
El reconocimiento de los hechos por parte de los agentes imputados satisfaría a la acusación particular, que cree que esa asunción abriría la puerta a revisar los protocolos de la policía catalana para las maniobras de reducción y contención.