El Gobierno español está utilizando el comercio de armas como un instrumento de injerencia militar en las relaciones internacionales. En septiembre de 2014, el Gobierno español donó 300 cascos y 500 chalecos antifragmentos a Ucrania, en el marco de las medidas de apoyo adoptadas por la OTAN. También durante 2014, el Gobierno autorizó la exportación de armamento a Irak por valor de 96 millones de euros. Según manifestó el Secretario de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, las exportaciones a Irak respondían a un cambio de criterio en relación con dicho país con el fin de contribuir a la lucha contra el denominado Estado Islámico. Cambio de criterio que obedecía a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de agosto de 2014.
Estas exportaciones, son contrarias a los criterios legales para otorgar autorizaciones de armas, criterios que se orientan a prevenir conflictos y a evitar violaciones de derechos humanos. En esta cuestión, resulta problemático que los países de la Unión Europea consideren que son legítimas las exportaciones de armas «con fines humanitarios», categoría en la que podrían incluirse las transferencias españolas de armas a Ucrania e Irak de 2014.
La injerencia a través del comercio de armamento es más opaca y supone un menor grado de intensidad que intervenir militarmente a través del envío de tropas. Por ello, supone un menor coste político para el Gobierno que las adopte. Y ello, a pesar de la incoherente política de control de las exportaciones que practica el Gobierno español. Mientras que, por un lado, se autoriza la exportación de armamento a Irak para favorecer la lucha contra el Estado Islámico, por el otro, se autorizan transferencias a países que apoyan abiertamente a dicha organización terrorista: Arabia Saudí y Emiratos Árabes Unidos. En 2014, se exportó armamento a Arabia Saudí por valor de 292 millones de euros (un total de 755 millones durante el período 2005-2014). En el caso de Emiratos Árabe Unidos, aunque no se exportó nada en 2014, en 2013 las transferencias ascendieron a 717 millones de euros (719 millones en el período 2005-2014).
Todos estos datos ponen de manifiesto la política irresponsable del Gobierno español en materia de comercio de armamento, en la que priman los intereses comerciales y de política internacional frente a la prevención de conflictos y la protección de los derechos humanos. De los casos conocidos, el ejemplo más escandaloso fue la exportación de bombas racimo a Libia, por valor de casi cuatro millones de euros en 2008. Bombas que fueron utilizadas en la guerra de 2011.
El Gobierno español está utilizando el comercio de armas como un instrumento de injerencia militar en las relaciones internacionales. En septiembre de 2014, el Gobierno español donó 300 cascos y 500 chalecos antifragmentos a Ucrania, en el marco de las medidas de apoyo adoptadas por la OTAN. También durante 2014, el Gobierno autorizó la exportación de armamento a Irak por valor de 96 millones de euros. Según manifestó el Secretario de Estado de Comercio ante la Comisión de Defensa del Congreso de los Diputados, las exportaciones a Irak respondían a un cambio de criterio en relación con dicho país con el fin de contribuir a la lucha contra el denominado Estado Islámico. Cambio de criterio que obedecía a los acuerdos alcanzados en el Consejo de Asuntos Exteriores de la Unión Europea de agosto de 2014.
Estas exportaciones, son contrarias a los criterios legales para otorgar autorizaciones de armas, criterios que se orientan a prevenir conflictos y a evitar violaciones de derechos humanos. En esta cuestión, resulta problemático que los países de la Unión Europea consideren que son legítimas las exportaciones de armas «con fines humanitarios», categoría en la que podrían incluirse las transferencias españolas de armas a Ucrania e Irak de 2014.