Concretamente, de lo que se encarga la “ley mordaza” es de dotar a la policía de un amplio margen de maniobra que en realidad no sólo no le corresponde, sino que provoca un solapamiento en detrimento de algunas libertades y derechos humanos básicos e incuestionables, como el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Tal afirmación recibe el aval de entidades judiciales relacionadas con la protección y el cumplimiento garantizado de los derechos y las libertades de las personas, como el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH). España, de hecho, como firmante del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, tiene la obligación de poner en práctica todos los puntos de la doctrina de este tribunal, el cual declara que el Estado no tiene la capacidad para negar el derecho a movilizarse.
La cláusula que nos remite a la evidencia más drástica del estado de violencia en el que vivimos es la del rechazo fronterizo de inmigrantes, también denominado como “devoluciones en caliente”. Esta enmienda, presentada a última hora por el propio Gobierno, supone una promoción gratuita e innecesaria de la violencia desde diversas perspectivas: por un lado se reitera la idea de reforzar el brazo de la policía desde la legislación, dotándola de un marco de actuación prácticamente ilimitado con el que pueden recoger a una persona y desplazarla al otro lado de la frontera sin ningún tipo de consideración judicial previa; también vemos una alimentación de la violencia general en auge y desde diversos enfoques, como el racismo y la xenofobia, la posibilidad de que exista y se apruebe por ley la brutalidad policial y la cronificación de un conflicto que puede perdurar de forma ilimitada.
Además, se entra en la dinámica de defensa, es decir, se busca relacionar la cuestión de la valla de Melilla con una visión de amenaza invasora que sirve de pretexto al Gobierno para continuar con la puesta en marcha constante del aparato de la industria bélica. Todo ello forma un cómputo general cuya consecuencia más evidente se manifiesta a través de la violencia, la cual viene a ser promovida de forma gratuita y en detrimento de la cultura de paz.
¿Qué mejor momento para reivindicar el valor de la paz y la necesidad que tenemos de ella? Para esta labor debemos continuar con la presión pacífica y siempre constante a la administración del estado, para que comprenda que debe tomar de inmediato un decisión al respecto: si está a favor de reafirmarse en el carácter beligerante que ha mostrado hasta ahora, o si bien está del lado de la paz y, por tanto, de la abolición absoluta de cualquier tipo de prácticas y políticas violentas.
Concretamente, de lo que se encarga la “ley mordaza” es de dotar a la policía de un amplio margen de maniobra que en realidad no sólo no le corresponde, sino que provoca un solapamiento en detrimento de algunas libertades y derechos humanos básicos e incuestionables, como el derecho a la libertad de expresión y de manifestación. Tal afirmación recibe el aval de entidades judiciales relacionadas con la protección y el cumplimiento garantizado de los derechos y las libertades de las personas, como el Tribunal Europeo de los Derechos Humanos (TEDH). España, de hecho, como firmante del Convenio Europeo de los Derechos Humanos, tiene la obligación de poner en práctica todos los puntos de la doctrina de este tribunal, el cual declara que el Estado no tiene la capacidad para negar el derecho a movilizarse.
La cláusula que nos remite a la evidencia más drástica del estado de violencia en el que vivimos es la del rechazo fronterizo de inmigrantes, también denominado como “devoluciones en caliente”. Esta enmienda, presentada a última hora por el propio Gobierno, supone una promoción gratuita e innecesaria de la violencia desde diversas perspectivas: por un lado se reitera la idea de reforzar el brazo de la policía desde la legislación, dotándola de un marco de actuación prácticamente ilimitado con el que pueden recoger a una persona y desplazarla al otro lado de la frontera sin ningún tipo de consideración judicial previa; también vemos una alimentación de la violencia general en auge y desde diversos enfoques, como el racismo y la xenofobia, la posibilidad de que exista y se apruebe por ley la brutalidad policial y la cronificación de un conflicto que puede perdurar de forma ilimitada.