“Hay indicios clarísimos de irregularidades y creemos que hay que investigar”. Quien habla es Eloi Badia, miembro de Ingeniería Sin Fronteras y de la Plataforma Agua es Vida, que mañana martes entregará a la Fiscalía Anticorrupción toda la documentación que ha estado recopilando durante muchos meses para poner luz sobre una posible irregularidad.
La plataforma confía en que la Fiscalía actuará de oficio y, de no hacerlo, aseguran que denunciarán el caso. Según esta entidad, se trata de un caso de prevaricación cometido por dos administraciones, el Ayuntamiento de Barcelona y el Área Metropolitana de Barcelona (AMB), que firmaron un contrato que otorga a una empresa mixta controlada por la firma privada Agbar la explotación de todo el ciclo del agua de manera ilegítima. Las dos administraciones eran plenamente conscientes de que el contrato firmado era ilegítimo, según los denunciantes, porque existe una sentencia anterior en la que el juez Eduard Paricio ya denunciaba que Agbar explota desde hace años un servicio sin que nunca se haya celebrado ningún concurso público.
En la información que entregarán al fiscal también acusan a Agbar de “apropiación indebida”, por estar ofreciendo el servicio sin una licitación previa. Por sorprendente que pueda parecer, después de 140 años de explotar el servicio del agua en diferentes ciudades de la demarcación de Barcelona, ​​Agbar nunca ha ganado ningún concurso público para gestionar este bien común. El servicio que ofrece Agbar es de gran importancia porque representa un generoso negocio (en el área de Barcelona viven 4,5 millones de personas) y porque gestiona un bien de primera necesidad, como es el agua.
La Plataforma Agua es Vida, formada por entidades como la Federación de Asociación de Vecinos de Barcelona (Favb), Ecologistas en Acción, Ingeniería Sin Fronteras y la Red para una Nueva Cultura del Agua, ha preparado una estrategia para dar a conocer la noticia a través de redes sociales y de una masiva recogida de firmas. No descartan presentar también una denuncia en los juzgados, ni poner en marcha una campaña de desobediencia para pedir a los ciudadanos que no paguen los recibos hasta que no se aclare la legitimidad de la explotación del servicio.
Fuentes del Área Metropolitana de Barcelona (AMB) aseguraron que están “muy tranquilos” y seguros de que no cometieron ninguna irregularidad en la contratación y no descartan “emprender acciones legales” contra la plataforma si consideran que se comete alguna “difamación”. La empresa Agbar evitó hacer declaraciones oficiales pero fuentes cercanas a la empresa aseguraron a este medio que también están “absolutamente tranquilos”.
Una sentencia previa
El juzgado contencioso administrativo número 12 de Barcelona falló en octubre del 2010 que el servicio que cobra la empresa Agbar para proporcionar agua a los barceloneses es “ilegal”. Esta sentencia permitió condonar la deuda que tenía David Molina, un vecino del barrio barcelonés de la Trinitat Vella, con la empresa Agbar, que le reclamaba 6.500 euros por diferentes impagos tras sufrir una fuga de agua.
La sentencia también obligaba a la empresa a indemnizar este vecino de Barcelona por haberle cobrado el agua pero además abría una puerta que estaba mal cerrada desde hace nada menos que 140 años. El juez Eduard Paricio, tras investigar el caso, llegó a la conclusión de que “hoy por hoy la gestión del servicio de abastecimiento de aguas a la ciudad de Barcelona y la actuación de SGAB (Agbar) en tanto que concesionaria del servicio son actuaciones ilegítimas”.
El magistrado dejó claro que Agbar explota un servicio sin contrato de concesión, es decir, que no se ha celebrado ningún concurso público que dé derecho a esta empresa a explotar el servicio del agua. Dicho de otro modo: Agbar explota un servicio de manera ilegítima. La decisión del juez está recurrida al Tribunal Superior de Justicia de Cataluña (TSJC) que aún no se ha pronunciado.
La sentencia pone en evidencia a la empresa Agbar y también a las administraciones que le han encargado el servicio durante años. Para intentar superar lo que unos consideran un “vacío legal” y otros un “expolio social”, el Área Metropolitana de Barcelona (una nueva institución pública con competencias sobre Barcelona y los 35 municipios del entorno) aprobó el 24 de julio de 2012 la creación de una empresa mixta para explotar todo el ciclo del agua, desde que se recoge en los embalses hasta que mana por el grifo. La aprobación se hizo con los votos a favor de PSC y CiU, la abstención de ERC y PP y el voto contrario de ICV-EUiA.
La nueva empresa mixta tenía un 15% público y un 85% privado que, nuevamente sin hacer ningún concurso, fue a parar a manos de Agbar, a través de SGAB. Los defensores del acuerdo mantienen que no se hizo ningún concurso porque Agbar ya explotaba el servicio y era la mejor opción. Además, defienden que no hace falta abrir ningún concurso público porque la red actual es propiedad de esta empresa, que la ha ido instalando a lo largo de los años y que existe una documentación que lo avala. Los detractores, en cambio, aseguran que no hay documentos firmados que demuestren que la red es propiedad de Agbar y, en consecuencia, sí que es necesaria la convocatoria de un concurso público. La creación de la nueva empresa, que se reparte todo el ciclo del agua de 4,5 millones de habitantes, provocó las críticas de entidades ecologistas y también de ICV-EUiA.
La concejala ecosocialista de Barcelona Janet Sanz explica a eldiario.es que “se está produciendo una actuación ilegítima que es una estafa para la ciudadanía, ya que se trata de un bien común y un derecho humano”. Eloi Badia, de Agua es Vida, recuerda que “el objetivo de la licitación pública es conseguir el mejor servicio para los ciudadanos y este paso no se ha tenido en cuenta”. La CUP también ha denunciado esta situación.
Cinco recursos diferentes
Además de ICV y las entidades que forman parte de Agua es Vida, el acuerdo entre Agbar y el Área Metropolitana de Barcelona tampoco gustó a las empresas de la competencia, que presentaron tres recursos diferentes, ni tampoco a la Generalitat de Catalunya que consiguió frenar la operación con un contencioso administrativo que reclamaba la suspensión cautelar.
Si los recursos de las empresas de la competencia eran para reclamar un concurso público que les permita optar a una porción de este gran pastel, el de la Generalitat era porque, desde su punto de vista, dicho contrato le robaba una competencia.
El ciclo del agua tiene tres fases distintas: la primera es la que se conoce como “en alta” y consiste en llevar el agua desde los embalses hasta los depósitos municipales; una vez almacenada el agua, llega la segunda fase, que es la de saneamiento. Finalmente, en la tercera fase, el agua potable se canaliza hasta que llega al grifo de los ciudadanos, lo que se conoce como servicio “en baja”. La primera parte del ciclo es de la Generalitat, a partir de una ley de 1990, que vela por este recurso de primera necesidad. Sin embargo, el contrato firmado entre AMB y Agbar también daba la explotación de este servicio a la nueva empresa mixta. Además de las empresas de la competencia y de la Generalitat hay otro particular que también ha denunciado.
Lo que ahora pretende Agua es Vida es juntar todas estas causas y “frenar a la empresa mixta, depurar responsabilidades y abrir el debate sobre si la explotación del servicio del agua debe ser público o privado”, según Badia.
La empresa Agbar abastece a 13 millones de personas de toda España que viven en un millar de municipios diferentes. Fuera del Estado, Agbar tiene 26 millones de clientes más en países como Chile, Colombia, China... El 75% de Agbar pertenece a la multinacional francesa Suez Environnement.