Amnistía Internacional (AI) ha manifestado este jueves que la comisión de secretos oficiales del Congreso de los Diputados no es el lugar apropiado para investigar las violaciones de derechos humanos ocurridas en los espionajes con el programa Pegasus. En un comunicado, el director de AI España, Esteban Beltrán, estima “precisa una investigación exhaustiva, imparcial e inmediata de todos los casos que hayan podido ser infectados con Pegasus, pública y no amparada en secretos de Estado”.
El día en que la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI), Paz Esteban, comparece a puerta cerrada y con la obligación de sus miembros de no divulgar su intervención en la comisión de gastos reservados –secretos oficiales– del Congreso por el caso Pegasus, Amnistía Internacional ha señalado que el Gobierno “no puede utilizar la excusa de la seguridad del Estado para ocultar posibles violaciones de derechos humanos”.
La entidad proderechos humanos, que ha apoyado las investigaciones sobre el espionaje con Pegasus a activistas, políticos y periodistas críticos con el poder en varios países del mundo, ha recordado que la comisión del Congreso echa a andar con más dos años de retraso y ha considerado que no es el foro adecuado para esclarecer el 'hackeo' a dirigentes independentistas catalanes así como al presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, y a la ministra de Defensa, Margarita Robles.
La comisión de secretos oficiales, ha recalcado Beltrán, se caracteriza “por el secretismo y el oscurantismo”, por lo que, a su juicio, “no puede ser el lugar adecuado para investigar supuestas violaciones de derechos humanos”. Para AI, la negativa del Congreso a una comisión de investigación específica para “conocer al detalle la implicación de las instituciones del Estado” en el espionaje contrasta con la decisión de la Eurocámara de crear una sobre el uso del programa espía Pegasus.
“También contrasta el hecho de que el Gobierno haya recurrido a la Justicia para que se investiguen los teléfonos de sus miembros infectados mientras que no ha impulsado investigaciones sobre el resto de casos conocidos”, ha agregado Beltrán, que ha insistido en que AI lleva desde 2020 pidiendo al Gobierno que revele si es o ha sido cliente de NSO Group así como si ha utilizado Pegasus.
Beltrán también ha considerado necesario que el Ejecutivo se comprometa a colaborar con las causas abiertas ante la Justicia en aquellos casos particulares en los que haya indicios de haberse cometido espionaje y apoyar el establecimiento de una moratoria global sobre el uso, venta y transferencia de tecnología de vigilancia hasta que se establezca un marco reglamentario adecuado de derechos humanos al respecto.
Amnistía ha vuelto a denunciar que el software espía Pegasus, desarrollado por la compañía israelí NSO Group, se ha utilizado para “facilitar la comisión de violaciones de derechos humanos a gran escala en todo el mundo”, y para la entidad el programa “es el arma preferida de gobiernos que intentan silenciar a periodistas, atacar a activistas y aplastar la disidencia, poniendo en peligro innumerables vidas”.
En todo caso, para Amnistía Internacional “es necesario reformar la ley de secretos oficiales que regula una materia tan sensible como la clasificación de información pública por razones de seguridad sin consonancia con estándares internacionales, lo que supone una restricción al derecho de acceso a la información que obstaculiza la investigación de violaciones graves de derechos humanos”.