El alcalde de Tarragona, Josep Félix Ballesteros (PSC), ha dicho sentirse “objeto de una cierta persecución y objetivo político de la CUP” tras declarar como investigado (antiguo imputado) cerca de tres horas ante el juez que instruye el caso Inipro.
La actual portavoz del grupo municipal de la CUP, Laia Estrada, denunció las presuntas irregularidades cometidas por el Instituto Municipal de Servicios Sociales (IMSS) al contratar a la empresa Inipro antes de que la formación anticapitalista obtuviera dos concejales.
El juzgado número 1 de Tarragona investiga a Ballesteros por los delitos de prevaricación, tráfico de influencias, malversación y alteración de precios en subastas públicas y tras su declaración ha manifestado sentirse “muy tranquilo”. En el auto que ordenaba citar a declarar a Ballesteros como investigado, el juez consideró que Ballesteros “no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa [Inipro] en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad”.
Ballesteros ha reiterado su “absoluta confianza en la justicia” y ha pedido “que dejen trabajar a la justicia, especialmente aquellos que la presionan políticamente”.
El alcalde, con actitud serena y tranquila, ha manifestado que “ha quedado acreditado que los decretos se tenían que dictar” y se ha remitido a “sentencias del Tribunal Supremo que lo avalan”, por lo que confía en que “se me desimpute” y que “se aclare la verdad”.
El juez investiga los detalles de la contratación de Inipro mediante un procedimiento negociado sin publicidad al que el ex gerente del IMSS Antonio Muñoz, también investigado, invitó a Inipro, Itinere y Gallets Associats.
Inipro e Itinere son del mismo grupo y Gallets tiene vinculaciones, aunque se retiró del procedimiento alegando exceso de trabajo, pese a que su actividad no tiene nada que ver con el objetivo del contrato, que era atender a la población inmigrante.
El contrato lo ganó Itinere y en el 2010 se le pagaron 64.000 euros, pero se prorrogó durante el 2011 y el 2012 y el juez cuestiona los 215.000 euros facturados de forma presuntamente irregular.
Ballesteros autorizó los pagos de siete facturas pese a las advertencias en contra porque “no podía hacer nada más o hubiera cometido un delito de enriquecimiento injusto”. Según el alcalde, ha acreditado ante el juez la necesidad del servicio contratado a Inipro y los motivos de su externalización, “como hacen muchos otros ayuntamientos”.
Por su parte, Carles Perdiguero, abogado de la CUP que ejerce como acusación popular, ha señalado que a Ballesteros “le cita un juez, no la CUP”. También ha recordado que “cuando se presentó la denuncia, la CUP ni siquiera estaba presente en el consistorio, lo denunció públicamente el comité de empresa y luego la hicieron suya CiU y PP”.
El abogado reprocha que “intentar hacer creer que esto responde a una estrategia planificada es cinismo” y que “Ballesteros no ha asumido su responsabilidad”, sino que “la ha derivado a los técnicos del IMSS, que según él le decían que todo estaba bien”. El abogado de la CUP ha descrito la declaración del alcalde como “repleta de evasivas y respuestas genéricas” y considera que “no ha justificado por qué se pagan las facturas hasta en siete ocasiones”.
El juez ha requerido al IMSS a que facilite las memorias o informes que acrediten que los trabajos que facturó Inipro están hechos, que según el alcalde existen, aunque admite que no las ha visto. En sucesivos días, el juez ha citado a diez investigados más, entre ellos a la ex concejal de Servicios Sociales Victòria Pelegrin (PSC) y a seis testigos.