Un juez de Tarragona ha citado a declarar como investigado (antiguo imputado) el martes 26 de enero al alcalde de la localidad, Josep Fèlix Ballesteros (PSC), por presuntas irregularidades en la contratación por parte del consistorio de la empresa Inipro para potenciar el asociacionismo entre inmigrantes. En concreto, Ballesteros está investigado por presunta prevaricación, tráfico de influencias y alteración de precios en concursos públicos.
El origen de la investigación es una denuncia de la CUP. Los hechos se remontan a 2010, cuando finalizó el contrato municipal por valor de 61.011,6 euros con la empresa Inipro. En las condiciones de contratación se fijaba la imposibilidad de prorrogarlo. A pesar de ello, el auto judicial señala que la relación económica entre el Instituto Municipal de Servicio Social de Tarragona (IMSST) e Inipro se prorrogó durante 21 meses careciendo de soporte contractual.
En el auto, el titular del Juzgado de Instrucción 1 de Tarragona, Joaquín Elías Gadea, pide citar a Ballesteros como investigado para que explique por qué autorizó pagos por valor de 215.145,57 euros a la empresa Inipro sin un contrato de por medio durante los citados 21 meses. El auto detalla que, durante ese período de tiempo, el pago de las cantidades que el IMSST abonaba a Inipro se hizo “mediante resolución” del propio alcalde “a pesar de las reiteradas advertencias de ilegalidad”.
En concreto, el juez señala que Ballesteros recibió hasta siete advertencias de ilegalidad pero que no corrigió “la situación irregular” ni adoptó medida alguna para su subsanación. A juicio del magistrado, la citación de Ballesteros es necesaria debido a los “indicios de criminalidad que parecen desprenderse” de su actuación.
Asimismo, el juez quiere “trazar el alcance” de la presunta participación de Ballesteros en los hechos o, al menos, por qué motivo “no actuó para evitar que se continuara con las entregas de dinero público a una empresa en cuya contratación parecía advertirse desde el principio serias sospechas de irregularidad”.
El juez sospecha que el servicio contratado no era necesario, que hubo un “direccionamiento” de la adjudicación a una empresa en concreto, que se excluyó a cualquier otro competidor y que podría haber una contrapartida que desde la administración se podría haber obtenido a cambio de obtener el contrato a Inipro. Además de Ballesteros, están citados como investigados otras 10 personas.