La alcaldesa de Montcada i Reixac, María Elena Pérez, ha negado hoy ante el juez haber cometido un delito de tráfico de influencias. El magistrado que instruye la presunta trama de corrupción urbanística en el ayuntamiento de Sabadell sospecha de que la edil socialista orquestó un concurso a medida para la contratación como arquitecta municipal de Carmina Llumà, exalto cargo del Tripartito.
El nombre de la arquitecta habría sido sugerido por el dirigente socialista Daniel Fernández, quien acaba de ser suspendido de sus funciones como secretario de organización del PSC, posición que suele ocupar el número dos del partido.
María Elena Pérez no ha querido hablar con los numerosos periodistas presentes delante de los juzgados de Sabadell, ni antes ni después de declarar.
También han declarado dos empresarios de la funeraria Torra de Sabadell y han negado haber efectuado un pago al exconcejal del PP, Jordi Soriano, uno de los principales acusados. La concesión del cementerio municipal a esta empresa está bajo sospecha. Entre las condiciones impuestas figuraba la obligación para la funeraria Torra de ampliar y mejorar las instalaciones por un valor de 8,7 millones de euros. La subcontratación de estas obras a la constructora Constrensnius podría contener algunas irregularidades. Sin embargo, el abogado de los dos empresarios, Jordi Pina, declaró que sus clientes son inocentes. “Estamos muy tranquilos porque no ha habido ningún acto irregular”, aseguró.
El viernes por la noche comenzó la tanda de declaraciones con la comparecencia del exconcejal del PP Jordi Soriano. “Ni soy el presunto jefe de la trama, ni estoy en la trama”, dijo a su salida del juzgado. Se cree que Soriano, quien fue expulsado del Partido Popular hace un año, hacía de intermediario entre los empresarios que querían optar a obras públicas y el ayuntamiento de Sabadell. Según las primeras investigaciones, los empresarios tenían que pagar un mínimo de 120.000 euros para tener acceso a estas obras.
Soriano figuraba entre las doce personas que habían sido detenidas por los Mossos d’Esquadra. Todas quedaron en libertad con cargos, aunque cinco de ellas, incluso Soriano, deberán presentarse en el juzgado cada quince días.
A lo largo de esta noche, también está previsto que declare el hermano del alcalde de Sabadell y concejal de Espacio Público, Francisco Bustos así como la mujer de Manuel Bustos. El alcalde de Sabadell, principal cargo político implicado en la trama, está previsto que declare el domingo por la tarde.
Por su parte, algunas organizaciones cívicas y políticas, entre las cuales l'Entesa per Sabadell, el Moviment Popular de Sabadell (MPS) i la CUP, han convocado diversas concentraciones en los próximos días en repudio a la corrupción que afecta el ayuntamiento.