La amnistía centra el debate político en España, pero su aprobación podría tener efectos fuera de nuestras fronteras. En concreto, en el Tribunal Europeo de Derechos Humanos (TEDH) con sede en Estrasburgo, que ha empezado a tramitar las demandas que los líderes independentistas interpusieron contra España a raíz de la causa del procés del Tribunal Supremo.
Consultado por elDiario.es, el exmagistrado y exvicepresidente del TEDH y abogado andorrano Josep Casadevall advierte de que una eventual amnistía “no comportará automáticamente” el archivo de las demandas de los independentistas ante Estrasburgo.
No obstante, Casadevall añade varias “posibilidades” que, sobre el papel, permite el reglamento del TEDH. Por ejemplo, que el Gobierno admita los hechos y las partes del pleito “puedan llegar a un arreglo amistoso en las condiciones que convengan”, y que sea aceptado por el tribunal.
Como en todos los procedimientos que pasan el primer filtro del tribunal, los magistrados de Estrasburgo han dado traslado a España de las denuncias que han realizado los independentistas. Le corresponde a la Abogacía del Estado responder y, a priori, defender que España –en este caso, el Tribunal Supremo– no lesionó ningún derecho fundamental de los independentistas.
Fuentes jurídicas coinciden en señalar la situación endiablada para el Gobierno: mientras negocia con los independentistas una amnistía que supone un olvido del rastro penal del procés, al mismo tiempo debe respaldar jurídicamente la actuación del Alto Tribunal, que ya ha sido cuestionada por tribunales alemanes y belgas en los intentos de extradición de los independentistas en el extranjero.
La cuestión de la amnistía y su impacto en las causas en el TEDH es “compleja”, admite Casadevall. El exmagistrado europeo recuerda que el convenio y la jurisprudencia del TEDH exigen que los demandantes puedan acreditar a lo largo de todo el procedimiento su condición de víctimas de vulneraciones de derechos.
“Se puede apreciar que una amnistía a día de hoy no incide en la condición de víctima de los demandantes en la medida que no repara las pretendidas violaciones de derechos invocadas por hechos que se produjeron antes de la amnistía”, razona Casadevall.
El exmagistrado del TEDH remarca que la amnistía borra los delitos imputados a los independentistas, pero no las eventuales violaciones de derechos que se hubieran producido en la causa del procés del Supremo.
“Además de los términos de una posible amnistía, será necesario ver la postura del Gobierno al responder a las preguntas que le ha formulado el TEDH”, advierte Casadevall. Esto es, si el Ejecutivo admite o no los hechos denunciados por los independentistas y las violaciones de derechos invocadas y la eventual reparación que proponga el Gobierno, aunque sea simbólica y pueda satisfacer a los demandantes y permitir un arreglo y archivo del caso en Estrasburgo.
Más allá de las opciones sobre la mesa del Gobierno, fuentes jurídicas recuerdan que la situación es inédita, toda vez que un caso de la envergadura del pleito independentista pendiente de resolución ante el TEDH no ha sido nunca resuelto por una amnistía como la que se negocia entre partidos de cara a la investidura de Pedro Sánchez. Ninguno de los condenados por el Supremo ha mostrado hasta ahora intención alguna de querer renunciar a sus demandas, ya que su objetivo es lograr que el TEDH condene la actuación del Supremo.
España, con más tiempo para responder
Este viernes finalizaba el plazo para que la Abogacía del Estado respondiera a las primeras demandas por vulneraciones de derechos políticos que el secretario general de Junts, Jordi Turull, y el exlíder de la ANC, Jordi Sánchez, presentaron a raíz de su encarcelamiento provisional durante la instrucción de la causa, que les impidió participar de sus propias sesiones de investidura en 2018.
El TEDH había dado de plazo hasta el pasado mes de septiembre a la Abogacía del Estado para responder a las demandas de Turull y Sánchez. Los servicios jurídicos del Estado han pedido hasta en dos ocasiones un mes más de plazo para poder contestar, una solicitud que las fuentes jurídicas consultadas tildan de “excepcional”. Pero los jueces se la han concedido.
Así, ahora el plazo para que la Abogacía del Estado presente su contestación a la primera demanda de los independentistas en el TEDH finaliza el 6 de noviembre. La fecha se sitúa igualmente en plenas negociaciones de cara al debate de investidura y a solo 20 días de que finalice el plazo para evitar la repetición electoral en España.
En la primera demanda de Sánchez y Turull, los servicios jurídicos del Estado deberán argumentar sobre si los dos exparlamentarios vieron mermados sus derechos políticos y sufrieron una detención arbitraria por la negativa del Supremo a dejarles salir de prisión para hacer campaña o presentarse a la investidura; por su suspensión como diputados previo al juicio; y por los 21 meses que el Tribunal Constitucional tardó en resolver uno de sus recursos de amparo.
El encarcelamiento preventivo de los independentistas y la afectación a sus derechos políticos antes del juicio es uno de los focos de esperanza de los demandantes para lograr una condena a España por parte del TEDH.
Las otras dos vulneraciones de derechos denunciadas a las que los soberanistas ven más posibilidades de éxito son la falta de competencia del Supremo para juzgar el caso y la afectación a la libertad de expresión y manifestación que la condena supuso en los dos condenados que no eran políticos profesionales sino líderes sociales, Sánchez y el expresidente de Òmnium Cultural Jordi Cuixart.
Estas últimas cuestiones forman parte de la segunda demanda interpuesta por los independentistas en Estrasburgo, relativa al juicio y a la condena por parte del Supremo, y que el tribunal también ha empezado a tramitar pese a que los líderes soberanistas ya fueron indultados, lo que muestra que los jueces europeos se toman el caso con interés.
Entre otros temas, Estrasburgo preguntó al Gobierno si, como sostienen los independentistas, el Supremo aplicó de forma “expansiva” o “inimaginable” los delitos de sedición y malversación cuando condenó a Oriol Junqueras y al resto de soberanistas. España tiene de plazo hasta enero para responder. Por entonces, ya se sabrá si hay presidente o repetición electoral.