El abogado Andrés García Berrio lleva muchos años denunciando malos tratos y torturas realizados por miembros de los diferentes cuerpos policiales. Forma parte de la Coordinadora para la Prevención y la Denuncia de la Tortura y del Observatorio del Sistema Penal y los Derechos Humanos de la UB. Ha participado en el contacto con los medios de comunicación que han mantenido este martes condenados por el proceso del 4F, familiares y los autores del documental 'Ciutat Morta'. En diez años, la Coordinadora ha recogido 6.000 denuncias por malos tratos y torturas.
¿Cómo es que las evidencias de tortura a Rodrigo Lanza, condenado en este proceso, son tan evidentes y no tienen ninguna incidencia en el proceso judicial?
Porque la juez de instrucción decidió no investigar, dar credibilidad a los agentes y no hacer todas las comprobaciones médicas y psicológicas para ver si había habido torturas o no a las personas que las denunciaron. Esta decisión fue confirmada por la sección octava de la Audiencia Provincial y se archivaron las denuncias.
Vivimos en un país en el que en muchos juzgados cuando hay un detenido que presenta una denuncia por malos tratos o torturas –que no son tantas– no la investigan adecuadamente. Desgraciadamente, no es sorprendente, porque es habitual que ocurra esto. Y por esta razón hay muchos informes internacionales que critican al Estado español por no investigar adecuadamente las denuncias de torturas y malos tratos.
¿Hay muchas denuncias por este motivo?
En diez años, la Coordinadora para la Prevención y Denuncia de la Tortura ha recogido más de 6.000 casos en todo el Estado. Hay más, porque estos son sólo los casos que nos llegan. Hace tiempo que venimos denunciando y alertando a la sociedad de que existen situaciones de abuso de poder, de malos tratos y de torturas y que hay una sensación de impunidad en los cuerpos policiales y determinados funcionarios tanto en comisarías, como en la calle o centros de internamiento de extranjeros. Hay peleas de discoteca que se investigan más que denuncias por malos tratos.
El caso paradigmático de esta impunidad lo tenemos en el desalojo de la plaza de Catalunya, el 27 de mayo. Ningún mozo de escuadra fue expedientado. Sólo hubo un condenado por faltas. Los mecanismos de control de los cuerpos policiales no sacan adelante procesos internos bien hechos de investigación de estos casos.
Esto está cambiando. Se están rompiendo silencios. Las organizaciones de derechos humanos están teniendo mucha más voz. Hay más empatía. Mucha gente tiene la sensación de que podría haber estado en la plaza de Catalunya. Que podría haber sido Ester Quintana aquel día.
¿Se sabrá algún día quién disparó la bala de goma que le sacó un ojo?
Hay un procedimiento donde hay dos policías imputados. Está bastante acotado el mando que ordenó o no evitó que se disparara y el escopetero que hizo el disparo. Hay un proceso que avanza. Se ha roto la distancia entre la persona que sufre una situación así y el resto de la población. Esto hace que los medios de comunicación se hagan más eco y los jueces se sientan con más responsabilidad a la hora de investigar.
Hay casos que no avanzan, sin embargo.
El más flagrante es el del chico al que un mozo de escuadra golpeó en una oreja durante las manifestaciones por el desalojo de Can Vies. Hay un vídeo donde se ve clarísimamente y eso está totalmente prohibido en los protocolos policiales. Golpear en la cabeza con una porra es delito. Sólo se permite pegar en otras partes del cuerpo. Pocas veces tenemos todas las pruebas tan claras. Imágenes, el mosso identificado... Y el juzgado de instrucción número 3 ha decidido archivar la querella.
Se tiene que investigar hasta el final. Lo señala el Tribunal Europeo de Derechos Humanos. Y es de aplicación directa. Si hay lesiones físicas o daño psicológico se tiene que investigar. Pero yo me he encontrado con casos como el de un preso con una costilla rota y cuesta sacarlo adelante.
¿El proceso de la denuncia de torturas en el caso 4F está cerrado?
Sí. El camino hasta el Tribunal Constitucional y el de Estrasburgo es muy costoso a nivel económico. Se llegó hasta la Audiencia Provincial y no se avanzó más. Sí que está abierto el proceso por el caso principal, con un recurso pendiente de resolución en el Tribunal Constitucional; lo que afecta a la cuestión de las torturas, claro.
¿Las cámaras en las comisarías no han sido suficientes para acabar con los malos tratos dentro de estos recintos?
Las torturas y los malos tratos son endémicos en el sistema penal. Pasa en Catalunya, en el Estado español y en todas partes. Bien por premeditación, bien porque no hay suficientes elementos de control. Son minoritarias pero no excepcionales.
Las cámaras en las comisarías reducen, obviamente, los malos tratos. Las organizaciones de derechos humanos denunciaron que había un problema en la comisaría de los Mossos de Les Corts. La consejería de Interior puso cámaras. Sin embargo, algunos de los mossos de esquadra condenados por malos tratos fueron indultados con el apoyo de políticos como los consejeros de Interior, Joan Saura o Montserrat Tura.
Esto muestra como el corporativismo del propio cuerpo y la presión de los sindicatos policiales termina saliéndose con la suya. Los sindicatos policiales deberían promover los derechos humanos y no amparar a los que van más allá de la ley. Si a mí me sale relativamente gratis ir más allá de la ley, ¿porque no lo haré la próxima vez?
Puede comenzar con pequeños abusos de poder en el espacio público contra trabajadores del “top manta”, trabajadoras sexuales, manifestantes, con violencia verbal o vejaciones. Y agravarse en situaciones de mucha tensión, como el 4F. El día que se pongan cámaras en los Centros de Internamiento de Extranjeros seguro que descenderá el número de denuncias.
¿La prevención es la mejor herramienta de combatir los malos tratos?
Ahora nos encontramos con más casos de denuncias en el momento de las detenciones o dentro de las furgonetas de la Brigada Móvil de los Mossos. Son espacios donde hay poco control. Se han interpuesto tres querellas por agresiones o malos tratos en el caso Can Vies en estos espacios.
Hay mucha gente que me dice que tenemos una policía democrática y que no debemos sospechar de ella. Así nos ha ido con la corrupción. Tienes que estar siempre vigilante.
Mucha gente que vio el documental sábado en Canal 33 no se imaginaba que se puedan denunciar con tanto detalle agresiones en las comisarías de Barcelona como las que describe Rodrigo Lanza.
Los policías se soltaron en una situación de tensión extrema. Uno de los casos más sonados de la historia reciente de nuestro país fue a raíz del motín de la prisión de Quatre Camins, en 2004, donde los internos hirieron a un guardia. Se desplazaron allí funcionarios de todas las prisiones que estaban fuera de servicio, entraron sin ningún tipo de control en Quatre Camins y la sentencia acredita que hicieron un pasillo y golpearon de forma brutal a los presos.
Hay que romper esta dinámica por parte de los mandos políticos de los cuerpos de seguridad y funcionarios de prisiones. Estamos todavía en una “democracia en construcción” en este ámbito.
Estamos habituados a ver imágenes de agresiones y malos tratos a los inmigrantes que intentan saltar la valla de Melilla, pero nos cuesta creer que también se den en nuestras comisarías.
Se han denunciado prácticas muy duras y más allá de la ley en la comisaría de las Ramblas de la Guardia Urbana de Barcelona y por parte del grupo de antidisturbios de noche y de día. Sobre todo contra el colectivo migrante, los “manteros”. Vejaciones y agresiones verbales.
¿Son de fiar las denuncias de torturas y malos tratos que les llegan?
Tenemos un protocolo muy riguroso. Es muy poco habitual que las denuncias que nos lleguen no sean ciertas. En los últimos cuatro años he llevado una treintena de casos y sólo me he encontrado con uno que no era fiable.
En los CIEs ha habido muchas denuncias en los últimos años.
Pero las denuncias han permitido controlarlos mejor y, en cambio, en las cárceles, donde no hay demasiada sociedad civil independiente trabajando, hay muchos casos que no se conocen. Una de nuestras prioridades es vigilar ahora los regímenes cerrados de las prisiones. Hay que visibilizar qué pasa allí dentro. Nos sorprenderá.
En el caso del 4F sorprende el papel de la juez. Da la impresión de que ha actuado con poca o ninguna imparcialidad, negando pruebas claves pedidas por la defensa.
Los perfiles cuentan mucho dentro del sistema penal. Abundan las etiquetas. Inmigrante, delincuente, ... Hay poca empatía a la hora de investigar. Una denuncia es un caso largo. Si se presenta denuncias es porque la víctima lo tiene muy claro.
La gente del 4F contó con los mejores abogados del país. Aunque los peritos demostraron que la versión de los municipales no encajaba, al final, la juez actuó como lo hizo. El sistema ha fallado.
¿Cuál es la mejor manera de luchar contra las torturas y los malos tratos policiales?
La lección mejor de lo que está pasando ahora con el caso del 4F es que se trata de un proceso de reparación colectiva del daño hacia todas las víctimas. Hay que replantear la forma como enfocamos un caso de estas características. Que todo el mundo tiene que poner lo mejor de su parte. Sea fiscal, juez, abogado de oficio o periodista. Ir más allá de las etiquetas. Y tener más en cuenta lo que dicen las organizaciones de derechos humanos.
Esto, como la corrupción, no se cambia solo. El camino es largo y complicado. Y hace falta voluntad política.
El caso del 4F, si hace nueve años nos hubieran hecho caso a las organizaciones de derechos humanos, como nos han hecho ahora, habría ido por otro camino.