El caso 4F ha derribado definitivamente la barrera mediática. Este martes ha acudido una cincuentena de periodistas a la rueda de prensa convocada por los afectados de aquellos sucesos, que han celebrado el impacto de 'Ciutat Morta' y han reiterado que el objetivo, según ellos posible, es reabrir el caso que por ahora tiene sentencia firme. Una investigación dentro de la Guardia Urbana de Barcelona para descubrir el supuesto informe que apunta a la hipótesis del lanzamiento de una maceta contra el agente, así como la aparición del testimonio que, según relata el documental, dijo haber presenciado la agresión, serían dos vías que podrían hacer reaccionar a la Fiscalía, que de momento no ve en 'Ciutat Morta' suficientes pruebas para actuar.
La emisión de 'Ciutat Morta' el sábado en TV3 ha puesto sobre la mesa de los principales medios de comunicación y gabinetes políticos los interrogantes y sombras que desde 2006 han acompañado el proceso judicial del caso 4F. Cuatro jóvenes fueron encarcelados sentenciados por haber lanzado una piedra que dejó herido de gravedad a un agente de la Guardia Urbana durante un desalojo, aunque son muchas las dudas que Ciutat Morta –y hasta ahora pocos medios– habían planteado: desde la validez de una versión oficial sustentada por policias acusados posteriormente de torturas hasta las contradicciones en las pruebas periciales que rechazan que la herida fuera provocada por una piedra.
Sea como sea, los condenados cumplieron sus penas de cárcel, excepto Patricia Heras, que se suicidió estando de permiso. “A día de hoy sigo siendo culpable de un crimen que no cometí”, ha declarado en el Colegio de Periodistas Rodrigo Lanza, acompañado de su madre, Mariana Huidobro y de la compañera de Patricia Heras, Silvia Villulla, además de la abogada Laia Serra, Andrés Garcia, miembro de la Comisión para la Prevención de la Tortura, Xapo Ortega, codirector de 'Ciutat Morta', y Daniel Vilaró, portavoz de Amnistía Internacional en Catalunya. Todos ellos han apoyado la petición de que se reabra el caso.
Según Andrés García, “la clave para poder abrir el caso pasa por una investigación política y policial en el cuerpo de la Guardia Urbana de Barcelona”. El abogado confía que “en algún lugar del Ayuntamiento” debe constar todavía el supuesto informe en el que se apoyó el alcalde Joan Clos para asegurar, en primera instancia, que el agente había recibido el impacto de una maceta. Luego cambió la versión para defender que había sido una piedra lanzada desde la calle, más de acuerdo con la acusación a los detenidos, y nunca argumentó cuál había sido el motivo del giro.
Por ahora, sin embargo, el único movimiento del consistorio ha sido enviar un documento a la Fiscalía con el documental adjunto, ante lo cual el ministerio público ya ha asegurado que no puede hacer nada. Fuentes de la Fiscalía aseguraron a Europa Press que que solo en caso de tener pruebas de carácter jurídico que descarten que los condenados participaran en los hechos servirían para elevar un informe a la Fiscalía del Tribunal Supremo.
Además de este supuesto informe de la Guardia Urbana, otra posibilidad sería que saliera a luz el testimonio que, según se detalla en Ciutat Morta, presenció el lanzamiento de la maceta. Esta persona, que puso en contacto hace tiempo con el equipo del documental, no ha querido por ahora revelar su identidad ni colaborar en el procedso judicial. Aunque según los abogados presentes en la rueda de prensa, se podría dar el caso que la Fiscalía solicitara a algunas de las personas que han admitido tener contacto con él, como la madre de Rodrigo, que faciliten su identidad.