La Oficina Antifrau de Catalunya (OAC) ha abierto un expediente sancionador al Ayuntamiento de Mataró (Barcelona, 130.000 habitantes) por haber presuntamente represaliado a una técnica del consistorio que denunció irregularidades en diversas contrataciones y tenía concedido el estatus de “persona alertadora protegida” por parte de esta oficina.
La resolución de la OAC, a la que ha tenido acceso elDiario.es, identifica distintos tipos de represalias sufridas por esta mujer, que llegó a perder su puesto de trabajo —tras la convocatoria de unas oposiciones a su plaza— a pesar de tener el mencionado estatus de protección. La Oficina, más allá del expediente sancionador, ha emplazado al Ayuntamiento de Mataró a estimar los recursos que esta trabajadora presentó contra las decisiones administrativas que le costaron el puesto de trabajo.
Es la primera ocasión en la que Antifrau plantea un expediente sancionador a una administración. Desde marzo de 2023, este organismo tiene la capacidad de imponer multas si considera que no se está protegiendo debidamente a una persona alertadora de infracciones en el sector público. En el caso de que el mencionado expediente acabe en una multa, podría llegar a los 300.000 euros para personas físicas y un millón de euros para personas jurídicas.
Las presuntas irregularidades en la contratación, que afectan a cuatro empleados, ya no están en manos de Antifrau —que apreció anomalías en el procedimiento, pero no tiene capacidad sancionadora en esta materia— sino que las investiga la Fiscalía de Mataró desde principios del pasado noviembre, sin que se haya hecho todavía ninguna actuación al respecto ni se haya requerido documentación.
El Ayuntamiento de Mataró, liderado por el PSC, no ha querido hacer ningún comentario y ha señalado que recientemente se ha creado una “comisión informativa especial sobre los procesos de selección y provisión de puestos de trabajo” en la que participarán todos los grupos y se estudiarán los nombramientos impugnados por la denunciante.
Por otro lado, se ha solicitado asistencia jurídica a la Diputación de Barcelona para valorar dentro del plazo legal si se deben estimar las recomendaciones de la OAC respecto a la persona protegida. “Máxima transparencia, colaboración total y asunción de responsabilidades si finalmente se detecta alguna irregularidad administrativa”, señala una fuente del consistorio.
Ocho “represalias” identificadas
La resolución de Antifrau, que es firme aunque no tiene por que acabar con una sanción, enumera como “represalias” el “vaciado de funciones” a esta empleada interina por parte de una de las personas nombradas de fuera de la plantilla. El organismo también considera una represalia el cambio de departamento en el que trabajaba. Este último hecho fue llevado por la persona protegida a los tribunales, que consideraron que este cambio de adscripción era ajustado a derecho y no suponía ninguna vulneración de derechos fundamentales. Esta sentencia judicial está recurrida.
Antifrau también enumera como “represalias” el cambio de la ubicación física de su puesto de trabajo, mandándola a un lugar en el que según la denunciante no había nadie de su departamento. Dentro de las represalias sufridas, Antifrau también señala que a esta trabajadora no le quisieron reconocer que durante 11 meses había trabajado a un nivel superior al de su plaza (un hecho que le beneficiaba para obtener su puesto en las oposiciones a su plaza que se convocaron) y acabó perdiendo su puesto de interina.
Este tipo de actuaciones están prohibidas expresamente por la ley reguladora de la protección de las personas que informen sobre infracciones normativas, que considera represalias el cese o despido, los daños de carácter reputacional, las referencias negativas de una persona, la denegación de permisos, la denegación de formación y el trato desfavorable o injusto.
La pérdida del puesto de trabajo de la denunciante también es mencionada como una represalia por parte de Antifrau. La OAC llegó a requerir al Ayuntamiento de Mataró el pasado junio que suspendiera el proceso de su cese, pero el consistorio la acabó despidiendo alegando que no recibió el requerimiento a tiempo. Posteriormente aseguró en una comunicación a Antifrau que por “motivos que actualmente se desconocen” su petición de preservar el puesto de la persona protegida no llegó al Departamento de Recursos Humanos hasta un mes después, a mediados de julio.
Otra represalia que Antifrau considera probada es la contratación de una consultora externa que en principio tenía el objetivo de mediar entre la denunciante y el Ayuntamiento. Esta consultora, sin embargo, se “instrumentalizó” a favor del consistorio y en contra de la denunciante, según la OAC.
La oficina señala que esta empresa remitió sin consentimiento de la denunciante tres informes al Ayuntamiento en los que se cuestionaba tanto sus patrones de conducta como su personalidad. El informe también contiene algunos correos internos, que la OAC considera “veraces”, en los que se apunta a que el consistorio quería utilizar los informes de esta consultoría para actuar contra la denunciante.
“En breves tendremos el informe definitivo de la consultoría y procederemos tal y cómo habíamos decidido”, escribió en un correo en octubre de 2021 el director de Recursos Humanos a su jefa de departamento y otros empleados, según el informe.
El Colegio Oficial de Psicología de Catalunya ha incoado un expediente disciplinario contra esta consultoría por no haber informado debidamente a la persona protegida, por haber facilitado información suya al Ayuntamiento sin su consentimiento y por incorporar información relativa a esta persona en sus informes “sin haberla evaluado y sin especificar su rol como supervisor del caso”.
Un choque entre la empleada y el consistorio
La persona protegida por Antifrau y el Ayuntamiento de Mataró llevan más de un lustro enfrascados en una batalla burocrática y administativa que ha incluido la presentación de una veintena de recursos administrativos, solicitudes de acceso a información pública y en materia de protección de datos.
Según la denunciante, que quiere mantener el anonimato, los problemas con el Ayuntamiento se iniciaron cuando en 2019 presentó una denuncia por presunto acoso laboral. El proceso fue desestimado y la resolución fue trasladada a una docena de empleados del departamento, que habían recogido firmas en contra de la denunciante.
La Autoritat Catalana de Protecció de Dades consideró una “falta muy grave” que el Ayuntamiento de Mataró no hubiera garantizado la confidencialidad de sus datos en el transcurso del procedimiento por presunto acoso laboral.
Posteriormente presentó una denuncia ante la Inspección de Trabajo y Seguridad Social, que en 2021 incoó un expediente por incumplimiento de la normativa de prevención de riesgos laborales, si bien precisó que no se podía considerar acreditado que estos riesgos psicosociales estuvieran causalmente relacionados con los problemas de salud de la persona protegida, que desde 2018 causó diversas bajas laborales.
La OAC, en su informe, también reprocha al Ayuntamiento de Mataró los “intentos de obstaculizar la presentación de comunicaciones” debido a las denegaciones de las peticiones de acceso a la información que hizo la denunciante, que acabó acudiendo a diversos organismos que velan por la transparencia y estimaron sus recursos en la mayoría de ocasiones.