Gina tenía un grupo de Telegram llamado “Princesas Ana+Mia” en el que compartía su día a día con más de 300 seguidores. Una cotidianidad basada en una obsesión: adelgazar. A cualquier precio. Ana y Mía es la manera de hacer referencia, de forma velada, a la anorexia y la bulimia, respectivamente, y princesas es la meta de la perfección física a la que quieren llegar las jóvenes que sufren Trastornos de la Conducta Alimentaria (TCA).
Como tantas otras que recurren a las redes para compartir consejos o recibir apoyo, recomendaba a sus seguidoras alimentos que son fáciles de vomitar o métodos para que sus padres no las descubrieran: “Enciende la ducha, pero nunca salgas del baño sin haberte bañado, porque sería como confesar lo que acabas de hacer”.
Pero un día, Gina abandonó el castellano con el que siempre había escrito sus mensajes y recurrió al que, seguramente, era su italiano materno para dejar un mensaje: “Perdonad si no he estado muy activa. Hoy he tomado una decisión. No comeré nada más porque no encontraré paz hasta que no esté en la cama de un hospital :)”. Este fue el último mensaje. Nadie contestó. Eso fue el 21 de noviembre de 2021 y hoy el grupo de Gina ya no existe como tantos otros canales, chats, webs y publicaciones que aparecen y desaparecen, esquivando a los “chivatos”, las personas que acceden a estas publicaciones con el objetivo alertar a las usuarias sobre los peligros de los TCA o de denunciar su contenido para que sea bloqueado.
En los últimos años ha habido una ofensiva para intentar borrar la apología de la anorexia y la bulimia en Internet. Al buscar en Instagram los hashtags #Ana o #Mia, aparece un mensaje de alerta que ofrece recursos para ayudar a tratar “temas delicados sobre la imagen corporal” y sugiere “hablar con un voluntario si estás pasando una mala época”. Una vez lanzada esta advertencia, se muestran cuerpos extremadamente delgados, dietas antinatura o comentarios depresivos y derrotistas sobre un cuerpo ideal que no llega.
Las publicaciones más extremas, como imágenes de autolesiones o consejos para vomitar, no duran mucho en la red, ya que se denuncian y borran rápidamente. “Si esto es eliminado, KMS (Kill MySelf, en inglés, es decir, me mato)”, posteó una usuaria de Twitter, acompañando una foto de su cuerpo, delgado hasta el extremo.
De Twitter a Telegram
Esto no significa que los mensajes y publicaciones hayan desaparecido. Solo se han movido: para esquivar la censura, igual que ya han hecho los movimientos de extrema derecha o los antivacunas, las jóvenes con TCA han recurrido a los chats privados de Whatsapp o Telegram, con clara preeminencia por este último, debido a su tecnología de cifrado y por el hecho de que se puede acceder con una invitación, sin necesidad de dar el número de teléfono.
Las publicaciones en Twitter o Instagram funcionan como anzuelo: así se identifican entre ellas las princesas para luego hacerse llegar por mensaje privado un link de invitación a un chat, que también deja de funcionar cada cierto tiempo, para evitar el bloqueo. “Los grupos son mucho más difíciles de rastrear porque son privados y no hay una legislación que nos permita entrar”, se lamenta Laura Fernández, coordinadora del servicio de atención de la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB).
Además de ser más difíciles de perseguir, estos grupos privados también son mucho más nocivos. “Los grupos se perciben como entorno seguro, en el que generamos comunidad a través de una experiencia compartida”, asegura Liliana Arroyo, doctora en sociología y experta en el impacto digital en la sociedad. “No es lo mismo que esta información te llegue a través de una publicación aleatoria que de un grupo porque estamos acostumbrados a recibir mensajes de Whatsapp y Telegram solo de amigos o familiares en los que confiamos y, por tanto, no cuestionamos la fuente”, añade.
Debido a todos estos factores, la incursión de los TCA en Internet y sus técnicas para evitar la censura es peligrosa y preocupante. “La clandestinidad genera un sentimiento de pertenencia fortísimo, sobre todo en una comunidad que cree que el mundo le va en contra”, apunta Arroyo. Por su parte, Laura Fernández considera que el verdadero riesgo de estas publicaciones y grupos reside en el hecho de que pueden actuar como precipitantes: “Ana y Mía dan ideas y ofrecen refuerzo positivo a las personas con TCA y proporcionan consejos que solo las enfermas más veteranas conocen, incrementando el riesgo”.
La trampa de la burocracia
Decenas de asociaciones como ACAB llevan años presionando para que haya una normativa que permita cerrar páginas web y bloquear contenidos que hagan apología de los TCA, pero no es tan fácil. En España no existe ninguna ley que trabaje la protección de los usuarios de Internet frente a estos trastornos y, en lo que respecta a la Unión Europea, solo Italia y Alemania han legislado sobre ello. Ante esta inacción, algunas asociaciones catalanas, como la ACAB, recurrieron a la administración que tenían más a mano: la Generalitat.
En España las comunidades autónomas tienen casi todas las competencias en Consumo. Catalunya decidió crear la Taula de Diàleg per la Prevenció dels TCA, que se puso manos a la obra para legislar sobre el asunto. Así vio la luz el Decreto Ley 2/2019, que modifica el Código de Consumo catalán. Esta normativa, que no existe en ninguna otra Comunidad Autónoma, prohíbe la apología de los TCA y establece que las “personas y plataformas que cooperen o encubran una conducta infractora, también son responsables de la misma”. Todo bajo sanciones de hasta 100.000 euros.
Cuando la Agència Catalana del Consum detecta un contenido ilícito, entra en contacto con la plataforma que la aloja y pide su supresión. Hasta ahora, se han interpuesto 123 actuaciones reguladoras, que han llevado a supresión voluntaria de 52 contenidos. Por otro lado, se han abierto 24 expedientes sancionadores a empresas que han hecho caso omiso a los requerimientos. Uno de los casos más sonados fue la sanción por 85.000 euros a la empresa irlandesa Automatic INC.
Pero cuando se traspasan las fronteras catalanas llegan los problemas burocráticos porque la Generalitat no tiene ninguna competencia fuera de su territorio. “Como organismo oficial de control, formamos parte de una red europea que establece mecanismos de cooperación. Lo que pasa es que muchos de nuestros homólogos no pueden actuar porque no tienen ninguna norma jurídica que les ampare”, explica Albert Melià, subdirector de Disciplina de Mercado de la Agència Catalana del Consum, que reclama una normativa comunitaria que permita actuar de manera homogénea.
El juego del gato y el ratón
En diciembre de 2021 se hizo público el texto de la Digital Service Act (DSA) que el Parlamento Europeo debe votar a inicios de este año y que supone una norma ambiciosa para regular el contenido en Internet. Esta ley está pensada, principalmente, para regular los mensajes de odio y las publicaciones que atenten contra la salud pública, a raíz de la pandemia. “La DSA incrementa las obligaciones de transparencia de las plataformas para detectar más fácilmente contenidos ilícitos. Pero, aunque no obliga a que estas webs rastreen todo lo que publican, sí que motiva que se tomen acciones voluntarias”, explica Miquel Pequera, profesor de Derecho y Ciencia Política de la UOC.
Esta ley apuesta por la corregulación y da un papel importantísimo a los llamados alertadores fiables: organizaciones o administraciones (como la ACAB o la Agència Catalana del Consum), que pueden denunciar un contenido ilícito y cuya alerta deberá ser asistida prioritariamente. Así, garantizará que los estados puedan tomar medidas contra plataformas o contenidos que atenten contra la seguridad de los usuarios de Internet, por lo que servirá de antesala para una regulación conjunta contra webs y redes sociales que den cobijo a contenidos proana y promía. Pero los chats siguen quedando fuera de la ecuación.
“Cuando se trata de controlar lo que se publica en Internet, hay que ir con mucho cuidado para no pisar la libertad de expresión y el derecho a la intimidad, que son los derechos fundamentales que impiden que se actúe sobre los chats privados”, apunta Pequera. Ante la imposibilidad de entrar desde fuera en estos espacios, Alemania amenazó a Telegram con dejarlo inoperativo en el país si no ponía coto a los chats antivacunas. “Se nos plantea un panorama complicado, que sólo se solucionaría con la figura de alertadores: si hay personas dentro de esos chats que denuncian lo que allí sucede, sí se podría llegar a actuar”, opina el profesor.
La tecnología avanza a pasos agigantados, mientras que la justicia va regulando de manera reactiva. “No se puede legislar muy específicamente ni a largo plazo porque en seguida quedaríamos obsoletos, sobre todo teniendo en cuenta que parte industria avanza para evitar las normas”, indica Pequera. Pero, a pesar de eso, no todo en Internet es nocivo, ni empuja sistemáticamente al negacionismo, al odio o a los TCA. “Tenemos que entender que las redes son un espejo de la sociedad; son gordofóbicas, sí, pero porque lo es nuestro mundo. Por eso, también podemos encontrar espacios de seguridad y de apoyo”, asegura Liliana Arroyo.
Cada vez hay más personas en las redes dispuestas a romper tabús. Personas como Mariana, que posteó uno de los últimos comentarios en el grupo de Telegram de Gina, antes de que desapareciera. “Chicas, me voy de este grupo, pero os quiero decir que de esto se sale. No es culpa vuestra, estamos enfermas y necesitamos ayuda. Yo la tuve y estoy mejor, por eso, dejo aquí mi número para quien quiera ayuda. Aquí estoy. No estáis solas”, dijo en una nota de voz. Un audio que nadie contestó.
Existen teléfonos para consultas sobre anorexia en toda España. En Catalunya la Asociación Contra la Anorexia y la Bulimia (ACAB) tiene el 93 454 91 09 y la federación estatal de estas asociaciones tiene el 976 389 575.