El president de la Generalitat, Pere Aragonès, ha exigido al jefe del Gobierno, Pedro Sánchez, que desclasifique “inmediatamente” la autorización judicial de su espionaje después de que este jueves la directora del Centro Nacional de Inteligencia (CNI) haya admitido que el republicano fue uno de los objetivos de vigilancia y que su móvil fue intervenido con el aval del Tribunal Supremo.
Un día después de que Aragonès alertara ante el empresariado de que la gestión de Sánchez del caso Pegasus dinamitaba la vía de diálogo iniciada entre Gobierno y Generalitat, la situación no ha dado signos de mejora. Más bien todo lo contrario. La directora del CNI, Paz Esteban, ha admitido a puerta cerrada en el Congreso que Aragonès es uno de los independentistas espiados por el centro con autorización judicial.
La única forma de acceder a los informes que elabora el CNI a partir de la intervención de las comunicaciones es por acuerdo del Consejo de Ministros para su desclasificación como materia reservada. Aragonès ha considerado que levantar el velo sobre el pinchazo a su teléfono es imprescindible para “conocer las motivaciones” del espionaje y poder ejercer su derecho de defensa en los tribunales.
Por su lado, el Gobierno ha reaccionado a la revelación de su jefa de inteligencia alegando que Pedro Sánchez no dio la orden ni supo que el CNI había intervenido el teléfono de Aragonès. “El Gobierno ni sabe ni debe saber si se ha espiado a Aragonès”, han expresado fuentes gubernamentales a elDiario.es.
No ha trascendido si Esteban ha detallado en su comparecencia si el espionaje autorizado judicialmente a Aragonès se realizó mediante el programa espía Pegasus ni en qué fechas tuvo lugar. Según Aragonès, el 'hackeo' de su móvil se produjo durante los primeros días de 2020, justo cuando ERC negociaba con el PSOE la investidura de Pedro Sánchez. Por entonces Aragonès era vicepresident del Govern de Quim Torra.
Según el president, la revelación de Esteban “confirma y aumenta” la gravedad del caso de espionaje masivo a independentistas catalanes, entre ellos los cuatro últimos presidents, destapado por el laboratorio forense canadiense CitizenLab. Si en las últimas semanas Aragonès había personificado en la ministra de Defensa y última responsable del CNI, Margarita Robles, la exigencia de dimisiones, el comunicado de este jueves del Govern elude concretar en qué cargo del Gobierno debe recaer la “inaplazable asunción de responsabilidades”.
Sí reitera Aragonés la “urgencia” para recibir “todas las explicaciones públicas” sobre el espionaje. A juicio del president, el Gobierno debe revelar “quién dio la autorización política y quién tenía constancia” de las intervenciones telefónicas. “Exigimos una respuesta al más alto nivel”, reza la nota de la Generalitat.
Todo ello ocurre antes de que la crisis política a cuenta del espionaje se traslade este viernes a Barcelona. Sánchez y Aragonès coincidirán este viernes en la capital catalana, donde el presidente del Gobierno clausurará las jornadas anuales del Cercle d'Economia. Aragonès ha venido pidiendo una reunión con el presidente del Gobierno para tratar el asunto del espionaje, pero no hay confirmación de que puedan tener ese encuentro aprovechando la presencia de Sánchez en Barcelona y su coincidencia en las jornadas del Cercle.
También es una incógnita si el jefe del Ejecutivo hablará públicamente por primera vez del espionaje a los dirigentes independentistas y del que él mismo ha sufrido mediante el sistema Pegasus.