La Fiscalía de Barcelona y el Servei de Emergències Mèdiques (SEM) de la Generalitat han archivado sus respectivas investigaciones sobre la vacunación contra la COVID-19 supuestamente irregular de directivos y cargos de confianza de empresas de ambulancias al haberse realizado al mismo tiempo que la del personal sanitario. Los casos los habían denunciado trabajadores del sector y el sindicato CGT.
La de los directivos de ambulancias de Barcelona era la primera investigación que la Fiscalía había abierto en Catalunya por vacunaciones supuestamente irregulares. Ocurrió el pasado mes de febrero, en el inicio de la campaña de vacunación. No todas las fiscalías siguieron el mismo criterio: la Fiscalía de Tarragona no investigó la vacunación antes de tiempo del alcalde de Riudoms (Tarragona) y de un concejal de Junts.
Los denunciantes expusieron que los directivos de varias empresas de ambulancias se vacunaron contra el coronavirus pese a que por su cargo no estaban en contacto con pacientes enfermos y que el protocolo del Ministerio de Sanidad establecía que en esa primera fase de inmunización tenían preferencia los sanitarios de primera línea y los trabajadores y residentes de geriátricos.
Sin embargo, durante las primeras semanas de la campaña de vacunación, antes de que se abriera a los grupos de población general, la Generalitat optó por vacunar a todo el personal de los hospitales y empresas sanitarias públicas y privadas, ya fueran directivos o trabajadores de las cocinas o de la administración de los centros que no estaban en contacto directo con los pacientes.
Fuentes fiscales han informado de que las diligencias de investigación se han archivado al “no estar acreditado el delito”, que según la CGT encajaba con los tipos penales de prevaricación y tráfico de influencias.
La CGT denunció que se dieron casos de uso “impropio” de vacunación por parte de directivos en las empresas Falck, vacunados en el Hospital de Bellvitge, en la empresa Transport Sanitari de Catalunya, vacunados en el CAP de Sants, en la empresa Ambulancias Domingo, vacunados en el Vall d'Hebrón, así como en Ambulancias La Pau y Ambulancias Lázaro.
En las mismas fechas el SEM abrió una investigación interna a la empresa de ambulancias TSC ante una posible vacunación antes de tiempo, que también ha concluido sin sanciones, han explicado desde el organismo. En el caso de esta empresa el SEM averiguó que en realidad los vacunados no eran directivos sino jefes de zona “vinculados a la operativa diaria” que estaban en contacto con los trabajadores de ambulancias.
Tras salir a la luz noticias en otras comunidades, como Euskadi, donde directivos sanitarios dimitieron tras administrarse la primera dosis, desde Salud Pública en Catalunya defendieron que el criterio fue vacunar a todo el personal que trabaja en un recinto hospitalario, empezando por los trabajadores de circuitos COVID-19.
En el resto de España las investigaciones abiertas por las distintas Fiscalías provinciales han acabado en el mismo sentido que la de Barcelona. En Málaga el mismo sindicato denunció la vacunación del gerente de la empresa pública de Emergencias Sanitarias (EPES), y en Castilla y León hizo lo propio con directivos y personal de oficina de una empresa de ambulancias.
Y en Euskadi el sindicato LAB denunció las vacunaciones irregulares de los gerentes de los hospitales de Bilbao y exconcejales del PNV. Todas las pesquisas se han archivado al no apreciarse que la falta de ética pueda trasladarse al plano penal. En cambio en la Comunitat Valenciana una jueza ha dejado al borde del banquillo por cohecho y prevaricación al alcalde del PP de La Nucia (Alicante) que se vacunó en una residencia de ancianos del municipio.