La Audiencia de Barcelona ha avalado que el juez del caso Voloh siga investigando al exconseller de ERC y empresario Xavier Vendrell por la “recalificación ilícita” de la finca de Villa Bugatti, donde tiene un negocio de banquetes de boda. Los magistrados han descartado la petición de varios investigados para que la causa de presunta corrupción urbanística pasara los juzgados de Mataró y avalan que siga en manos del titular del juzgado de instrucción 1 de Barcelona, Joaquín Aguirre.
El caso Voloh es una macrocausa con muchas líneas de investigación: el presunto desvío de dinero público de la Generalitat para financiar la estancia de Puigdemont en Waterloo, la supuesta trama rusa del procés o los negocios de Vendrell y el expolítico de CiU David Madí aprovechando sus conexiones con el Govern. Además el exconseller de ERC está investigado por sus negocios en la finca de la comarca del Maresme Villa Bugatti, cuya recalificación el juez vincula con un pelotazo urbanístico.
Con sus últimas decisiones, la Audiencia de Barcelona ha dado un espaldarazo a la macrocausa que investiga el juez Joaquín Aguirre así como a sus principales pilares, que son las intervenciones telefónicas a los exdirigentes independentistas que formaron parte del 'sanedrín' del procés durante el otoño catalán de 2017.
En sendos autos, a los que ha tenido acceso elDiario.es, la Audiencia de Barcelona avala que todos los delitos del caso Voloh, ya sean los relacionados con la supuesta trama rusa como la prevaricación urbanística de Villa Bugatti, se investiguen conjuntamente. “No pueden descartarse –apuntan los magistrados– motivos ajenos al lucro personal en la recalificación ilícita de Villa Bugatti”. El pelotazo, agregan los magistrados, permitiría aumentar de valor la finca en cinco millones de euros y de él saldrían beneficiados Vendrell y sus socios. “Pero indirectamente también podría beneficiar a otros investigados en la pieza principal o las separadas”, matizan los magistrados, que de esta forma no cierran la puerta a que el pelotazo pudiera haber servido para financiar alguna actividad relacionada con el proceso soberanista.
Para el tribunal, las distintas piezas de este caso las debe seguir instruyendo el mismo juez, porque no hay duda de que los delitos que se investigan en la pieza principal y en la separada son conexos, ya que en ambas se indaga un delito de blanqueo “con la probable finalidad de subvenir fondos económicos con los que mantener la estructura independentista en su vertiente ilícita”.
Villa Bugatti, una lujosa masía de Cabrera de Mar (Barcelona) frecuentada por políticos en fiestas y eventos, es el objeto del pelotazo urbanístico que el juez atribuye a Vendrell, quien logró mantener así la actividad de banquetes y doblar su valor. Además del propio Vendrell, en la operación están implicados el alcalde de Cabrera (PDeCAT), Jordi Mir, el arquitecto municipal, Ramon Vilà, y el concejal de Urbanismo, Enric Mir (ERC), a quien el partido forzó a dimitir tras encontrar la Guardia Civil 40.000 euros en efectivo en su despacho.
El magistrado investiga presuntos delitos de prevaricación urbanística y tráfico de influencias por la recalificación urbanística de la masía, que dobló su valor, pasando de cinco a diez millones de euros. Según el juez, existen indicios suficientes que demuestran que Vendrell habría obtenido un “claro trato de favor” tanto de cargos municipales como de la Generalitat para que se pudiera aprobar la modificación puntual del Plan de Ordenamiento Urbano Municipal (POUM) de Cabrera de Mar a sabiendas de que Villa Bugatti no tenía legalizadas las actividades que en ella se desarrollaban.
Para explotar el negocio, Vendrell no habría “dudado” en “influenciar a sus contactos políticos de máximo nivel”, como los consellers Damià Calvet o Josep Bargalló, así como al alcalde de Cabrera, al concejal de Urbanismo y a otros altos cargos de la consellería de Territorio y Sostenibilidad, que se habrían comprometido a darle a los trámites de recalificación “una agilidad superior a la que marca la norma”, apunta el juez. Vendrell, en una de las intervenciones telefónicas de la causa, llega a afirmar que el entonces presidente catalán Quim Torra inauguraría la masía, por lo que la Generalitat no pediría “explicaciones”.
Por otro lado, la Audiencia de Barcelona también ha rechazado la petición del empresario Oriol Soler para apartar el caso al juez Aguirre, al entender que se ha arrogado la competencia para instruirlo por cuestiones políticas. Según la defensa de Soler, “el mantenimiento de una competencia injustificada” en el caso “rompe totalmente la apariencia de imparcialidad” del juez, puesto que “puede provocar una sospecha razonada de que el órgano judicial se está adjudicando el conocimiento del expediente más allá de lo que legalmente le corresponde por motivos ajenos a la administración de justicia”. La Audiencia de Barcelona niega la mayor y avala la “competencia objetiva” del juez Aguirre para investigar el caso.