Acelerón a los trámites previo al juicio contra los 12 activistas de los Comités de Defensa de la República (CDR) acusados de terrorismo. La Audiencia Nacional ha convocado una vista el 15 de abril para estudiar los argumentos de las defensas del caso para anular su juicio. Entre los argumentos de las defensas destacan la amnistía y las denuncias por vulneraciones de derechos fundamentales que, a su juicio, ha cometido el juez Manuel García Castellón durante la instrucción del caso.
La celeridad del tribunal a la hora de fijar la vista ha sorprendido a algunas defensas. Es más, algunas de ellas ya avanzan a elDiario.es que pedirán la suspensión de la sesión ya que tienen señalamientos fijados ese día desde hace varios meses, lo que en teoría obligaría a la Audiencia Nacional a señalar otro día para la vista.
La sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha convocado para el 15 abril una vista para abordar los denominados artículos de previo pronunciamiento. Se trata de un trámite previo al juicio oral en los procedimientos que se investigan como sumarios en los que las defensas intentan que no se celebre el juicio y pueden denunciar vulneraciones de derechos fundamentales durante la instrucción del caso.
La amnistía es uno de los argumentos que han esgrimido las defensas para intentar que no se celebre el juicio. El acuerdo alcanzado entre el PSOE, Junts y ERC busca que la causa de los CDR entre dentro de la norma, si bien algunas defensas del caso ya manifestaron sus dudas de que pueda ser así en el caso de ocho CDR acusados de tenencia de explosivos.
La ley de amnistía recibirá el visto bueno del pleno del Congreso este jueves y pondrá camino al Senado, que tendrá un plazo máximo de dos meses para tramitarla, lo que coincidiría con la sesión convocada por la Audiencia Nacional.
Las defensas de los acusados en el caso de los CDR piden que la Audiencia Nacional suspenda su juicio –todavía sin fecha– hasta que se concluya la tramitación parlamentaria, al considerar, “sin duda”, que pueden ser beneficiados por el perdón.
También denuncian falta de competencia de la Audiencia Nacional desde el primer momento para asumir la causa y acusan al juez García Castellón, de “arbitrariedad”. Según las defensas, todo ello debe conducir a la “nulidad radical de la causa” por vulneración de derechos, al tiempo que denuncian que los hechos por los que se les acusan ya han sido estudiados en otros procedimientos, de modo que existiría el principio de “cosa juzgada”.
En opinión de varias de las defensas, ejercidas por el colectivo Alerta Solidària, el juez configuró “una especie de causa general con todo aquello que pueda tener relación con el movimiento independentista fuera de cualquier origen institucional, con independencia de su vinculación a los CDR”.
La Fiscalía se ha opuesto a los artículos de previo pronunciamiento planteados por las defensas y rechaza sus tesis, además de pedir hasta 27 años de cárcel para los acusados.