Novedad judicial en la recta final de las negociaciones por la amnistía. La Audiencia Nacional ha confirmado envía a juicio a los 12 activistas de los Comités de la Defensa por la República (CDR) procesados por terrorismo –ocho de ellos lo están además por tenencia de sustancias explosivas– y ha dado cinco días a la Fiscalía para presentar escrito de acusación.
En un auto, al que ha tenido acceso elDiario.es, la sección 3ª de la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional, encargada de celebrar el juicio contra los procesados, confirma el cierre del sumario dictado por el instructor, el juez García Castellón, y desestima las peticiones de las defensas para pedir más diligencias. La Sala considera innecesarias algunas pruebas y otras las sitúa para el momento de la vista oral.
Según expone el tribunal, las peticiones para pedir más diligencias ya fueron “exhaustivamente tratadas” en fase de instrucción, cuando los magistrados encargados de revisar las decisiones del instructor le afearon que ocultara pruebas a los investigados y cercenara su derecho de defensa. Toda la documentación ya ha sido incorporada, aducen los togados.
En un comunicado, la organización Alerta Solidària, que representa a varios de los procesados, ha cargado contra la respuesta “precipitada” de la Audiencia Nacional a las peticiones de las defensas, y ha acusado al tribunal especial de querer “juzgar un terrorismo inexistente para dar sentido a la maquinaria represiva”.
Los 12 CDR procesados habían sido uno de los nudos a resolver en las negociaciones sobre la amnistía entre el PSOE y los partidos independentistas, debido a la esperable acusación por terrorismo. Sin embargo, en la última versión de la ley, estos delitos también estarían incluidos en la futura amnistía, todavía pendiente de recibir el último sí de Junts y de registrarse y aprobarse en el Congreso.
Una vez cerrado el sumario, la Audiencia Nacional ha dado cinco días a la Fiscalía para que formalice su escrito de acusación contra los procesados, que podrían enfrentarse a penas de más de diez años de cárcel.
Pese a que la propia Audiencia Nacional sembró la duda sobre el delito de terrorismo al excarcelar a los detenidos que el juez había enviado a prisión preventiva, la Fiscalía viene insistiendo a lo largo de la instrucción en el carácter terrorista que, a su juicio, presenta la organización y las acciones que planeaban los CDR investigados.
Todos los 12 procesados permanecen en libertad a día de hoy. El sumario de los CDR saltó a la palestra pública con la operación que provocó la detención y encarcelamiento preventivo de seis de los investigado en septiembre de 2019 ante la sospecha del juez de que los procesados llevaran a cabo acciones contra la sentencia del procés o por el aniversario del 1-O.
Pese a rechazar archivar el caso, durante la fase de instrucción la Sala de lo Penal de la Audiencia Nacional ha puesto en duda “la existencia de una organización terrorista”, en referencia a los Equipos de Respuesta Táctica (ERT), la supuesta célula de los CDR de la que habrían formado parte los procesados para llevar a cabo acciones como la ocupación del Parlament.
En otro auto que acordó la libertad de uno de los investigados, los jueces también discreparon del instructor y puntualizaron que en el registro de la casa del activista no se hallaron explosivos sino “únicamente sustancias que debidamente mezcladas y siguiendo los correspondientes procedimientos técnicos pudieran llegar a convertirse en explosivos”.
Los argumentos de la Sala han sido empleados por las defensas para cargar contra toda la instrucción de García Castellón. Si no hay amnistía y el caso termina juzgándose, los varapalos de los magistrados de la Audiencia Nacional al instructor durante la investigación volverán a reproducirse en la sala de vistas.