La Audiencia Nacional ha rechazado suspender la expulsión de España en base a la ley de extranjería de dos activistas musulmanes catalanes, Mohamed Said Badaoui y Amarouch Azbir, detenidos el martes y acusados por la Policía –sin ser llevados a juicio– de “radicalismo” y de “participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que pueden perjudicar las relaciones de España con otros países”.
La decisión de la Audiencia Nacional supone un paso más hacia la expulsión de ambos ciudadanos, que llevan más de dos décadas viviendo en España. El tribunal da plena credibilidad a los informes policiales y descarta el arraigo en Catalunya y el apoyo que la comunidad ha brindado a ambos ciudadanos desde el verano como motivos para frenar de forma cautelar la expulsión.
Este mismo martes la Junta de Portavoces del Parlament de Catalunya mostró su apoyo a Badaoui, vecino de Reus (Tarragona) y activista de la comunidad islámica, y consideró que el suyo es “un caso de represión política e islamofobia” y que el procedimiento que se ha seguido es “irregular” al acusarle la Policía “sin pruebas”.
En sendos autos, la Sala de lo Contencioso Administrativo de la Audiencia Nacional rechaza dejar en suspenso la expulsión porque en la valoración de los intereses en conflicto “han de prevalecer los de carácter general frente a las circunstancias personales” de Badaoui y Azbir.
El Secretario de Estado de Seguridad acordó la expulsión de ambos ciudadanos en base a un informe de la Comisaría General de Información de la Policía Nacional que acusó a Badaoui y Azir de “radicalismo ideológico”. La denuncia policial destaca, entre otros, “la realización de adoctrinamiento” de Badaoui en su comunidad “con difusión de postulados radicales proyihadistas, siendo uno de los principales referentes en España del salafismo más ortodoxo”.
La Policía llega a vincular la actividad de Badoui como presidente de una asociación musulmana su llegada con “un aumento del radicalismo en la región de Tarragona a causa de su discurso”. Badaoui llegó a España con diez años procedente de Marruecos. Tras 30 años, ha echado raíces en nuestro país, donde vive en Reus con su mujer y sus tres hijos y se ha convertido en un interlocutor reconocido en defensa de los intereses de la comunidad musulmana y contra el racismo.
El activista siempre ha negado las acusaciones de radicalismo y adoctrinamiento que la Policía ha empleado para activar la vía administrativa de la expulsión pero no ha llevado a la vía penal. El informe policial añade que Badaoui se ha centrado especialmente en “colectivos más vulnerables y manipulables”, en especial en “adoctrinar en el salafismo más radical” a los menores no acompañados de origen marroquí. La Policía también acusa a Badaoui de “prácticas de fomento del victimismo y la occidentalofobia”
Los jueces rechazan suspender la expulsión tras valorar los intereses en conflicto. Su conclusión es que deben prevalecer “los de carácter general” frente a las circunstancias personales y laborales de ambos activistas. Recalcan los togados que la infracción de la ley de extranjería de la que se acusa –participar en actividades contrarias a la seguridad nacional o que puedan perjudicar las relaciones de España con otros países– a Badaoui es “muy grave”.
Los jueces recuerdan que la sentencia que resuelva el recurso no perderá su efectividad pese a que no se adopte la medida cautelar de suspensión de la expulsión, ya que si es estimatoria y la expulsión se ha ejecutado, “ningún obstáculo se advierte en el retorno a nuestro país y, si procede, la reparación de los daños causados”.