La Audiencia Nacional propone juzgar a la familia Pujol por organización criminal, blanqueo de capitales, fraude fiscal y falsedad documental

El juez de la Audiencia Nacional José de la Mata ha dejado a un paso del juicio a la familia Pujol Ferrusola por los presuntos delitos de organización criminal o asociación ilícita, blanqueo de capitales, delito contra la Hacienda Pública y falsedad documental. El juez ha terminado la instrucción de la causa que estalló con la confesión de la herencia oculta en Andorra del expresident en 2014 y ha propuesto juzgar al expresident, su mujer Marta Ferrusola, sus siete hijos y otras 18 personas.

En un auto, de más de 500 páginas, el juez concluye que existen suficientes indicios para juzgar a la familia Pujol por “formar una organización criminal que, aprovechando su posición privilegiada de ascendencia en la vida política, social y económica catalana durante décadas, acumuló un patrimonio desmedido directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”

Además del matrimonio Pujol Ferrusola y a sus siete hijos, el magistrado ha dejado a un paso del banquillo a otras 18 personas “que participaron o colaboraron en las actividades ilegales” de la familia, entre ellas la exmujer de Jordi Pujol Ferrusola, Mercé Gironés, o los empresarios Luis Delso, Carlos Sumarroca Coixet y su hijo, Carlos Sumarroca Claverol.

Según expone el magistrado, la investigación ha acreditado que la familia Pujol Ferrusola aprovechó su “posición privilegiada” en la vida política, social y económica catalana durante décadas “para acumular un patrimonio desmedido, directamente relacionado con percepciones económicas derivadas de actividades corruptas”. Parte de esas actividades, subraya el juez, coincidieron en el tiempo con la presidencia de la Generalitat que ostentó Jordi Pujol entre 1980 y 2003.

La procedencia del patrimonio familiar, señala el juez, proviene de distintas fuentes, en algunos casos desconocidas y otras fruto de la corrupción. El juez descarta la tesis de defensa de los Pujol, esta es, que los fondos provienen de la herencia oculta del padre del expresident, el abuelo Florenci, tal y como afirmó el exlíder de Catalunya en su carta de confesión de fondos ocultos en Andorra. “No existen indicios sólidos que acrediten que el patrimonio proviene de una herencia familiar”, zanja el juez.

“A lo largo de la investigación -abunda el magistrado- no se ha aportado elemento alguno que permita contrastar la veracidad de esta versión, ni tampoco se ha suministrado explicación alguna razonable y contrastable por ninguno de las personas investigadas de esta familia sobre este particular”.

Según De la Mata, los investigados niegan tener conocimiento del lugar donde estuvo el legado; la entidad o entidades bancarias donde estuvo depositado o fue administrado, el momento y la forma en que llegó a Andorra y la cuenta o productos financieros en que estuvo invertido “más allá de meras generalidades”.

El auténtico origen de los fondos está, a criterio de De la Mata, en “los pagos ilícitos realizados por terceras personas, en la mayor parte vinculadas con distintas empresas, que realizaban pagos millonarios a la familia, disimulados bajo distintas estructuras societarias más o menos sofisticadas y utilizando diferentes paraísos fiscales y fórmulas contractuales”.

Todos estos contratos simulados encontraban su contraprestación en el ejercicio de concretas influencias por parte de la familia Pujol Ferrusola en adjudicaciones, cambios de calificación urbanística, adjudicación de concesiones “a lo largo y ancho del espacio geográfico catalán”, agrega el magistrado.

Otras veces, apunta el magistrado, los pagos a la familia se realizaban “simplemente para congraciarse con la misma o para mantener la buena relación que ya tuvieran con ellos y así hacerse acreedores a futuras adjudicaciones y favores políticos y contractuales”

Todos estos pagos se hacían bien simulando supuestas operaciones contractuales de asesoramiento, que en apariencia eran legales pero “cuya existencia real no ha quedado acreditada”, señala el juez. De hecho en múltiples ocasiones el instructor indica que ha quedado acreditado exactamente lo contrario, es decir, la inexistencia del supuesto negocio. En otros casos, los contratos de intermediación o asesoramiento se engranaban en operaciones económicas reales, a las que se agregaba el coste asociado al pago irregular que se realizaba a la familia Pujol Ferrusola.

De la Mata explica que el liderazgo de la organización criminal lo tenían Jordi Pujol Soley y Marta Ferrusola Llados quien, de hecho, se autodenominaba la “madre superiora de la congregación”. Debajo de estos y siguiendo sus instrucciones se encontraba su primogénito Jordi Pujol Ferrusola (“el capellán de la parroquia”).

El auto indica que Jordi Pujol Ferrusola asumió la dirección de toda la estrategia y la recepción y distribución de las cantidades ilícitas entre sus padres y sus hermanos. El juez considera que el primogénito de los Pujol ha admitido que todas las operaciones que se llevaron a cabo en las cuentas de Andorra, todos los movimientos que se realizaron en las mismas y buena parte de los “negocios” en que invirtió durante años, estuvieron directamente relacionados con el patrimonio económico que gestionaba para sí y su familia. También tenía capacidad para dar instrucciones a los gestores bancarios sobre las cuentas particulares de cada uno de los miembros de la familia, apunta el juez.

El resto de los hermanos (Josep, Pere, Oleguer, Oriol, Marta y Mireia), sin perjuicio de su participación individual en determinados “negocios” u operaciones, seguían las instrucciones de Jordi Pujol Ferrusola abriendo sus propias posiciones bancarias en Andorra, gestionando los capitales que eran “distribuidos” por aquel y tomando decisiones a lo largo de los años para mantener oculto su patrimonio ilícito.

Otras personas, añade el juez, colaboraron estrechamente con la organización, con carácter transversal, permanente y sistémico, aportando sus estructuras mercantiles y fungiendo como intermediarios para asegurar la opacidad de los pagos y servir de parapeto a los auténticos beneficiarios de las operaciones.

El instructor argumenta que la familia Pujol cumple con los requisitos del delito de organización criminal al presentar diversos niveles jerárquicos, una estructura planificada y permanente en el tiempo, en concreto desde que se abrieron las primeras cuentas corrientes en Andorra en 1992 hasta que la familia cerró sus últimas fundaciones en 2014. Esta organización criminal, concluye el juez, tenía finalidad claramente ilícita: “obtener multimillonarias beneficios ilícitos mediante actividades falsarias y corruptas”.

En relación con el delito de blanqueo de capitales, De la Mata sostiene que “es claro que todos estos actos se realizaron con el único ánimo de ocultar o encubrir el origen ilícito del dinero y situarlo así en el circuito económico legal, al que hacían retornar de forma encubierta, ya que esa fue precisamente la finalidad que pretendían conseguir con el sistema que crearon, pues con anterioridad al mismo el dinero se hacía llegar a la familia directamente en ”negro“, en metálico, por lo que la ejecución de dichos actos fue intencionadamente realizada para buscar la ocultación de la ilicitud de los fondos”.

La resolución del juez advierte de las pautas comunes de actuación en la estrategia defensiva de los investigados en el sentido de negar todos ellos conocer detalles incluso sobre la propia coartada que aportan sobre el origen de los capitales que se repartieron entre todos, “de modo que la confabulación y la organización se extiende hasta el día de hoy”.