No terminaron bien las cosas entre el juez Joaquín Aguirre y los Mossos d'Esquadra. El más veterano de los jueces instructores de Barcelona y la policía autonómica acabaron enfrentados por la trama Macedonia, una compleja investigación de la corrupción policial vinculada al narcotráfico. Ocurrió hace diez daños, pero el conflicto se ha reabierto. El detonante ha sido el comisario jubilado José Manuel Villarejo, personaje que añade oscuridad a un caso ya de por sí complicado.
Un audio de una comida del comisario Villarejo con dos compinches es el detonante del reinicio de hostilidades de los Mossos hacia el juez. En la grabación de 2009, que publicó La Razón en junio, se habla de convencer al juez Baltasar Garzón para que interviniera el teléfono a Trapero y así poder escuchar las conversaciones que mantenía con Manuel G.C., un histórico confidente policial y principal acusado por narcotráfico de la pieza más importante del caso Macedonia instruido por el juez Aguirre. La causa se juzga estos días en la Audiencia de Barcelona.
En base a este audio, el jefe de la comisaría general de investigación criminal de los Mossos, el intendente Antoni Rodríguez, dirigió un escrito el pasado 29 de septiembre al juez de la Audiencia Nacional Manuel García Castellón, que investiga el caso Villarejo. En su informe, Rodríguez se ponía “a disposición” del magistrado para investigar la presunta estratagema urdida por Villarejo y otros dos imputados del caso, el comisario José Luís Olivera y el inspector jefe de Policía Antonio Giménez Raso, para perjudicar al major, a otros mandos de Mossos y Guardia Civil y al fiscal ya fallecido David Martínez Madero.
Un tercio de las páginas de ese informe de los Mossos están dedicadas a repasar las, en palabras del intendente Rodríguez, “desavenencias” del cuerpo con el juez Aguirre, contra el que la policía autonómica arremete con dureza. El conflicto estalló en una de las piezas de Macedonia distinta a la que se juzga estos días en Barcelona. El juez Aguirre investigó desde 2011 a 2019 a cinco mossos d'esquadra por proteger supuestamente a 'narcos', entre ellos Manuel G.C., una pieza que finalmente se archivó. La convicción en el cuerpo es que la intención final del juez era imputar a Trapero, por entonces jefe de la división investigación criminal de los Mossos, algo que nunca se materializó.
Según ponen por escrito los Mossos en su escrito dirigido a la Audiencia Nacional, las sospechas del juez Aguirre en esta pieza del caso Macedonia “no tenían fundamento”. Reprochan los Mossos al juez su “acusación incomprensible”, su “pertinaz insistencia” en intervenir conversaciones de agentes o sus “recelos” sobre los cinco agentes, además de recalcar que es “totalmente falso” que protegieran a Manuel G.C.
“El juez de instrucción desarrolló a lo largo de la investigación, en términos utilizados por el propio fiscal, un profundo prejuicio que le llevó a sostener su teoría y a enriquecerla a base de decidir sin límite nuevas diligencias a medida que las que practicaban no le ofrecían el resultado apetecido”, censura el informe de Mossos sobre el juez que a día de hoy investiga el caso Voloh.
Tras recibir el informe de los Mossos, el juez de la Audiencia Nacional descartó activar esta nueva línea de investigación del caso Villarejo. Pero la defensa de Manuel G.C. ha encontrado en el informe de la policía catalana un argumento inesperado para pedir anular el caso Macedonia pues, a su juicio, la conversación de Villarejo muestra que todo fue fruto de una estratagema del comisario. La misma sospecha la trasladó la policía catalana a la Audiencia Nacional.
El abogado del confidente ha pedido al tribunal de la Audiencia de Barcelona que incorpore el informe de los Mossos a la causa Macedonia y que comparezca como testigo el intendente Rodríguez. La Fiscalía se ha opuesto al entender que el audio de Villarejo es una “conversación sesgada no relacionada con la realidad jurídica” que se juzga estos días en Barcelona. Las magistradas tendrán que dar una respuesta en los próximos días.
El confidente, Villarejo y Macedonia
Del informe de los Mossos cabe reseñar, además de lo que contiene, lo que obvia. No menciona por ejemplo que Manuel G.C. está condenado en firme por un delito de tenencia ilícita de armas. Tampoco que el confidente está acusado de ser el líder de una banda de 'narcos', una investigación en que la policía judicial fueron los propios Mossos. La Fiscalía pide para Manuel G.C. once años de cárcel en el juicio que se celebra en la Audiencia de Barcelona.
Es más, el informe de Rodríguez sobre esta pieza clave del caso Macedonia asegura que la presunta red de narcotraficantes está “encabezada” por otro de los acusados del caso, cuando en realidad a quien la Fiscalía sitúa “en la cúspide del entramado criminal” no es a otro que a Manuel G.C.
La policía catalana, de hecho, tilda a Manuel G.C. de “testigo clave” en causas de corrupción por su papel en desmontar la trama de corrupción de miembros de la Policía Nacional alrededor de los prostíbulos Riviera y Saratoga. Y desliza la posibilidad de que cinco operaciones de corrupción policial con 'narcos' fueran represalias de Villarejo por el papel de confidente de Manuel G.C. y la investigación de los Mossos, liderada por Trapero y el fiscal Martínez Madero, del caso Saratoga. “Ya entonces se hablaba, en algunos círculos, de que la operación Saratoga pasaría factura a los Mossos d'Esquadra”, reza el informe, sin aportar más detalles.
“Al escuchar la grabación y los términos en los que ésta se desarrolla, resulta lógico inferir que los hechos por los que se ha estado acusando a estos funcionarios pudieran haber sido orquestados por el mismo núcleo conspirador, utilizando a la administración de Justicia para estos espurios fines”, resalta el informe, que transcribe citas literales del audio de Villarejo:
Olivera: Hacedme una nota de este tío, joder.
Villarejo: Manuel G.C. [Villarejo se refiere a él por su apellido]
Giménez Raso: Lo único por el tema del blanqueo, yo te aseguro que con los datos que yo os he ‘mandao’…
Olivera: Tú me das información de blanqueo y yo lo intento, lo que pasa es que habría que irse a Barcelona porque en la Audiencia Nacional difícilmente...
Giménez Raso: Pero en Barcelona tú no puedes meter a este tío mientras el Madero...
Olivera: No se entera el Madero.
Villarejo: Balta [presuntamente Baltasar Garzón, magistrado entonces de la Audiencia Nacional] te lo hace el tema, bien estructurado.
Giménez Raso: ¿Sabes de quién es confite e íntimo amigo? Porque debe tener una confianza de la hostia y ahora come con él [Manuel G.C.], con el Trapero.
Olivera: Audiencia Nacional por tráfico de drogas.
Villarejo: ¿Quién es Trapero?
Giménez Raso: El jefe de Policia Judicial de los Mossos.
“Se puede afirmar que las intenciones que se manifestaban en la conversación sí que han tenido una traslación a lo fáctico. Aquello con lo que los tres personajes conspiraban sí sucedió después. Y también se utilizó tanto como para atacar al cuerpo de Mossos y la Guardia Civil como para intentar neutralizar causas anteriores instrumentalizando la causa del Juzgado de Instrucción 1 de Barcelona [el caso Macedonia]”, apostilla el documento redactado por el intendente de los Mossos.
El origen del conflicto
La génesis del conflicto entre la policía catalana y el juez se remonta a los inicios de Macedonia: la unidad de los Mossos que llevó a cabo la investigación de la primera rama del caso –relacionada con dos guardias civiles acusados y absueltos de redactar un falso atestado sobre una incautación de cocaína– terminó imputada en 2011 por presuntamente haber ocultado al juez la identidad del confidente Manuel G.C.
Antes, según los Mossos, el juez Aguirre “se mostraba con pertinaz insistencia” en que se debía investigar e intervenir las comunicaciones de todos los miembros del equipos de la Guardia Civil que incautó la cocaína que en realidad resultó contener azúcar y yeso. “El juez solicitó verbalmente a la Unidad Adjunta (UA) de la División de Investigación Criminal (DIC) que mediante un oficio policial le solicitaran la intervención de los teléfonos asociados al grupo ECO de la Guardia Civil, a lo que Josep Lluís Trapero le respondió que no veía suficiente motivación para solicitar una petición de estas características”, rememora el informe de los Mossos entregado a la Audiencia Nacional.
Pero Trapero matizó que si el juez Aguirre lo ordenaba por escrito, los Mossos investigarían a la Guardia Civil. “El juez no redactó dicha resolución y desde entonces la relación con la UA de la DIC se quebró”, apostillan los Mossos, que vinculan esta rotura de la confianza en los Mossos con la imputación de cinco agentes por proteger supuestamente a Manuel G.C.
En el sumario del caso consta que Aguirre imputó a los uniformados porque “a pesar de saberlo, no entraron en profundidad en la investigación” ni le comunicaron las sospechas de narcotráfico de Manuel G.C. El juez refirió, en base a datos proporcionados por Asuntos Internos de los Mossos, que Manuel G.C., un año antes de tener el teléfono pinchado, había llamado 300 veces a Trapero y 150 a un subinspector.
Los mossos alegaron que esos contactos con Manuel G.C. se circunscribían precisamente a su condición de confidente desde que contribuyera a destapar la trama Saratoga, tesis que respaldó la Fiscalía, que urgió en no pocas ocasiones al juez a cerrar el caso. La Audiencia de Barcelona avaló que había suficientes indicios para llevar a los agentes a juicio, pero finalmente el caso se archivó que ya la Fiscalía no veía delito y el sindicato ultraderechista Manos Limpias, que ejercía la acusación popular, se disolvió en 2019 tras su liquidación.
Diez años después, la policía catalana concluye que “la prolongación de la causa” contra los cinco agentes “sin ningún respaldo material” se debió a que el juez Aguirre encargó un informe que contenía “inferencias falsas” a la Brigada de Análisis y Revisión de Casos perteneciente a la Dirección Adjunta Operativa (DAO) de la Policía comandada por el comisario Eugenio Pino, también imputado en el caso Villarejo.
Es en este informe de la Policía donde los Mossos encuentran el vínculo con la grabación de Villarejo y sus colaboradores: “Esta manera de proceder se asemeja a la forma de trabajar que trasluce de la conversación, es decir, la presentación a la autoridad judicial de una serie de datos o informes elaborados de manera burda y apoyados en una teoría forzada”. La brigada política que anidó en el Gobierno de Rajoy se convierte en otro ingrediente del caso Macedonia, cuyo juicio se reanudará el próximo 17 de enero.