El fin de los peajes en Catalunya ha tenido un primer efecto tan inmediato como esperado: ha disparado el tráfico en estas arterias que antes eran de pago. En el caso de la AP-7, una de las que ya tenía mayor volumen de vehículos, ha visto como estos aumentaban un 20,47% en septiembre de 2021 respecto al mismo mes de 2019. Pero mucho más pronunciado ha sido el incremento en la C-33, que discurre entre Barcelona y Montmeló: ha sido del 46,39%.
La mayor afluencia se ha notado especialmente en los fines de semana, con las operaciones de salida y regreso a Barcelona, cuando se han registrado colas kilométricas principalmente en la AP-7. La más destacada fue la del primer domingo sin peajes, el 5 de septiembre, cuando se contaron 37 kilómetros de retenciones en el tramo norte y 23,5 en el sur, debido a que se produjo un grave accidente.
Ante la manifiesta subida del tráfico en las autopistas sin peaje, fuentes de Tráfico advierten que buena parte de ellos son vehículos que ya circulaban igualmente, pero por otras vías. En este sentido, aseguran que todavía no han podido calcular cuántos de ellos sí suponen un aumento neto del uso del vehículo privado para esos trayectos.
Desde Tráfico, a la vez que instan a la titular de las vías a desmantelar las estructuras de los peajes para permitir una mejor afluencia, han aprobaron este jueves que los camiones de más de 7.500 kg no puedan circular los domingos por la tarde a más de 80 km/h ni adelantar. Durante todo el mes de septiembre, los vehículos pesados directamente tenían prohibida la circulación ese día de la semana.
El levantamiento de barreras en distintas autopistas afectó el 1 de septiembre de 2021 a más de 550 kilómetros en Catalunya, que de la noche a la mañana pasaron a ser gratuitas. Lo fueron la AP-7 en su tramo entre Salou y La Jonquera, la AP-2 desde Zaragoza hasta El Vendrell, la C-32 –conocida como la autopista del Maresme– y la C-33 entre Barcelona y Granollers.
Este cambio llegó sin que en España se haya consensuado todavía cuál debe ser el modelo de pago para mantener las autovías y autopistas, más aún en plena crisis climática. Por ahora, el único compromiso que existe por parte del Gobierno, obligado por al Unión Europea, es a establecer un modelo de pago por uso de cara a 2024.