A Mel y Gerard no les sorprenderá si, el año que viene, no pueden volver a pasar la noche en su furgoneta, a su aire, en un recóndito e incomparable paraje del Mediterráneo: la cala Jóncols. Cae el sol en el extremo más oriental de la península, en el Parque Natural del Cap de Creus, y esta pareja de ‘campers’ descansa tras un día de playa. “Si limitan la estancia de furgonetas y autocaravanas es porque hay algunos que lo dejan todo lleno de basura, ya lo entiendo. Hay que cuidar el entorno”, comentan.
Hoy no hay demasiadas furgonetas en esta cala –acaso media docena–, pero se han llegado a contar una veintena algunas noches. Algo parecido ha ocurrido en otras cercanas, como Montjoi, ambas dentro del término municipal de Roses, lo que ha obligado al Ayuntamiento a plantearse cómo regular su presencia, así como la de los turismos en general, en toda la zona del Parque.
El auge del movimiento ‘camper’ en toda España, sumado a la apuesta este verano por destinos locales y naturales debido a la epidemia, ha saturado de furgonetas y autocaravanas algunas zonas que no estaban acostumbradas a tener estos vehículos en su espacio público. Desde el Valle del Baztán en Navarra hasta el golfo de Roses en la Costa Brava, y desde Asturias hasta la Cerdanya en el Pirineo catalán, muchos municipios han intentado ordenar su presencia este verano, movidos a menudo por las quejas de vecinos o excursionistas que detectan algunos comportamientos incívicos.
El número de autocaravanas y furgonetas ‘camper’ –las que no están diseñadas para vivir en ellas pero que se acondicionan a posteriori para poder dormir y cocinar– lleva años creciendo exponencialmente en España. Desde 2013 se han multiplicado por siete las matriculaciones anuales (de 1.983 a 8.903) hasta alcanzar un parque móvil total de 70.000 vehículos. Este julio se han matriculado 1.525 nuevas (una cifra récord, un 48% superior a la de 2019) y según la patronal del sector, Aseicar, los 5.500 vehículos que hay en alquiler han sido más demandados que nunca.
Pero no todo el territorio está preparado para este ‘boom’. En Roses, en todo el término municipal que se adentra hacia el Cap de Creus, han tenido que colocar estacas en varios caminos para limitar la presencia de autocaravanas que, lejos de la carretera y de las explanadas más visibles, se adentraban en algunas zonas para montar su campamento, algo que está prohibido. A finales de julio, los Agentes Rurales desalojaron hasta 28 vehículos que pasaban la noche en el paraje natural sin cumplir la normativa.
“Cualquier tipo de turismo mal gestionado conlleva problemas, por eso cuando hay aglomeraciones hay que regularlo”, sostiene el concejal de Seguridad del Ayuntamiento de Roses. No solo se refiere a las autocaravanas, sino a la presencia sin precedentes este verano de visitantes locales que accedían en coche a las distintas calas del Parque. Por todo ello, su intención es de cara al año que viene habilitar plazas de aparcamiento a lo largo de toda la carretera –ahora no hay ninguna–. “Si hay sitio, marcha atrás”, resume.
Con todo, las localidades costeras, al menos en Catalunya, están acostumbradas a recibir cada año un número significativo de autocaravanas y ‘campers’. Más aún en Cantábrico. La sorpresa se la han llevado este verano algunos municipios de interior y de montaña que no suelen ser grandes destinos turísticos en julio y agosto. Uno de los ejemplos más claros ha sido Lles de Cerdanya. En el área recreativa de Cap de Rec, al pie de las pistas de esquí, solía haber en verano tres o cuatro autocaravanas al día. “Ahora hemos tenido días con 30, 40 o 50”, explica, preocupado, el alcalde de la localidad, Daniel Olivera.
“La situación es insostenible porque la infraestructura no está preparada para esta masificación. Solo con que haya cinco incívicos entre esos 50, que te dejan basura y tiran las aguas residuales, ya te genera un problema importante”, resume Olivera. En lo que va de verano han habilitado un párking para autocaravanas con siete plazas ampliables a 13, pero pronto ha quedado superado.
Qué se puede regular y qué no
El alcalde explica que el pasado mes de julio aprobaron una ordenanza municipal en el consistorio para corregir esta situación. Básicamente, pondrán carteles advirtiendo a los visitantes que en las zonas más masificadas se puede estacionar, pero no acampar.
Esta regulación, sin embargo, cambia poco o nada respecto a lo que está permitido según la legislación estatal. Al no existir una norma específica sobre estos vehículos, se les aplica el Reglamento General de Circulación. Y, de acuerdo con este, si la autocaravana estaciona correctamente en un sitio y sus integrantes pasan la noche dentro de ella, no incurren en ninguna infracción. “Es como si alguien duerme dentro de un coche”, apunta José Luís Quintero, presidente de la Federación Española de Asociaciones Autocaravanistas.
Solo infringen la normativa vigente aquellas autocaravanas que se considera que levantan un campamento, puesto que la acampada libre no está permitida en España. Si se sacan sillas y mesas, se cuelgan toldos, se abren ventanas abatibles –cualquier modificación que exceda al perímetro del vehículo– se puede considerar acampada. También si se vierten líquidos como las aguas sucias acumuladas. Estos comportamientos suelen ser los que están detrás de las noticias de desalojos de estos vehículos.
Lo que no pueden hacer los ayuntamientos, sin embargo, es aprobar ordenanzas que prohíban la presencia de esta viviendas rodantes en algunos puntos solo por el mero hecho de serlo, o porque algunas han generado problemas de ruido o suciedad. Esto supondría una discriminación injustificada hacia este tipo de vehículos, según recoge la instrucción 08/V-74 de la Dirección General de Tráfico.
El documento viene a decir que si algún municipio detecta incivismo entre este colectivo, lo que debe hacer es perseguir esas conductas concretas, no a todos los ‘campers’. “Siempre hay quien incumple la normativa en todos los colectivos: los autocaravanistas, los moteros, los ciclistas… Si quieren evitarlo, que se pase la policía local o los forestales a sancionarlos, pero es injusto que se quieran cerrar accesos a todos por culpa de unos cuantos. ¡No cerramos una autopista porque alguno vaya a 200 por hora!”, expresa Quintero
La única forma que tienen las administraciones locales de vetar a estos vehículos es por sus dimensiones, en espacios donde se considere que su masa máxima o su longitud puede ser perjudicial. De ahí que algunos aparcamientos costeros proliferen los controles de gálibo con máximos inferiores a los dos metros. Cerca de Roses, en el Alt Empordà, se han instalado barreras este verano en playas de Llançà y Colera. En otros sitios, como Sant Pere Pescador, existen desde hace ya muchos años.
“Cuando veo que ponen un gálibo, lo considero un atentado contra el usuario de la autocaravana, una discriminación respecto a los demás vehículos”, sostiene Quintero. Francesc Guisset, alcalde de Llançà, argumenta por su parte que la barrera que han colocado en la playa de Grifeu este año no es para impedir la pernocta de autocaravanas, sino para evitar los problemas de maniobra de unos vehículos que son lentos y que, en ese punto, deben incorporarse a la carretera N-260, muy transitada en verano.
Más áreas de pernocta de autocaravanas
Sí hay una medida, con todo, en la que coinciden alcaldes como Guisset y el presidente de la FAEE: la habilitación de los aparcamientos de autocaravanas conocidos como áreas de servicio y pernocta. En España, sin una tradición de uso de autocaravanas muy arraigada, se han ido multiplicando en los últimos años. De las 180 que había en 2010 se ha pasado a unas 1.000, según datos de Aseicar. Muy lejos de países con mayor tradición de esta forma de viaje, como Francia (6.000) o Alemania (4.500).
“No necesitamos mucho, solo un espacio para estacionar y un punto para llenar y vaciar el agua”, enumera Quintero. Es decir, un grifo y un desagüe. De esta forma, defienden los autocaravanistas, se incentiva a que los vehículos se junten de forma ordenada en estas áreas. Básicamente porque ninguno puede estar más de dos o tres días sin vaciar las aguas sucias que genera (tanto las del fregadero como las fecales). Comunidades como Andalucía, Cantabria o Catalunya han aprobado regulaciones en los últimos años para establecer las condiciones de estos espacios.