El plan de alojamientos turísticos aprobado por el Ayuntamiento de Barcelona en el pasado mandato, que pone freno al crecimiento hotelero en las zonas más saturadas de la ciudad, ha recibido su primer aval por parte de la Justicia. Tras ser objeto de más de 20 recursos de los tribunales por parte del sector, una primera sentencia da la razón al consistorio de Ada Colau, que sacó adelante la medida con votos del PSC -por entonces en el gobierno municipal- y ERC.
La sección tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) ha desestimado la demanda de Hotel Ciutat de Barcelona S.L. contra el Plan Especial Urbanístico de Alojamientos Turísticos (PEUAT), aprobado en el consistorio el pasado 27 de enero de 2017. Este plan ha supuesto impedir que se abran nuevas plazas hoteleras o de albergues en toda la almendra central de la ciudad con la intención de centrifugar el turismo hacia la periferia.
En su escrito, la sala concluye que el plan de alojamientos turísticos no incumple ni la directiva europea 2006/123/CE, que regula la prestación de servicios en el mercado interior, ni el Plan General Metropolitano de la ciudad. Sobre la primera, los magistrados entienden no impide que una actividad -en este caso la de un hotel- quede supeditada a los límites territoriales que fije la Administración, siempre que sean proporcionados. Y en este caso considera que lo son.
De hecho, la sentencia va más allá y justifica las razones del plan del Ayuntamiento. Considera la ciudad de Barcelona como “un claro exponente de las secuelas del fenómeno [en referencia a pisos turísticos] en lo que atañe a la convivencia ciudadana, a la degradación del espacio público, a la seguridad de las personas y bienes o al encarecimiento del alquiler ordinario en los centros urbanos en perjuicio de los residentes de condición más humilde, puestos en la tesitura de tener que desplazar sus vidas al extrarradio”.
El texto avala también que haya sido mediante un plan urbanístico que se haya puesto coto a la actividad del sector hostelero, al entender que los “fines del urbanismo” no son ajenos a las políticas de suelo y vivienda “con el rumbo puesto en el desarrollo urbanístico sostenible”, tal como consta en la Ley de Urbanismo de Catalunya.
Janet Sanz, teniente de alcaldía en funciones, lo ha considerado un “aval judicial a la tarea realizada durante el mandato” y ha celebrado que la sentencia entre a valorar “la correlación entre la proliferación de pisos turísticos y el impacto que tiene en la vivienda o en las seguridad”. “Reconoce una realidad social que cualquier vecino puede comprobar en su día a día”, ha defendido.
Lo que hace el PEUAT es dividir Barcelona en cuatro zonas en función de la presión turística que sufren. En la zona 1 están los distritos como Ciutat Vella o el Eixample, con mayor cantidad de alojamientos turísticos, en cuya área no se puede abrir ningún hotel o albergue ni siquiera cuando cierran otros. Esta apuesta por el decrecimiento ha provocado que desde 2017 esta zona de la ciudad haya reducido sus plazas turísticas en cerca de un centenar.