El Ayuntamiento de Jaume Collboni (PSC) ha puesto en su punto de mira a los clubes sociales de cannabis de Barcelona y admite ya que su voluntad es cerrarlos todos. El Consistorio está buscando las vías para clausurar “con seguridad jurídica” unos espacios que se han convertido durante la última década en una de las principales vías de acceso a la sustancia que tienen sus usuarios en la ciudad.
A pocos días de acabar el año, el Ayuntamiento ha emprendido una nueva campaña de inspecciones junto a la Guàrdia Urbana que ha supuesto la entrada en al menos una veintena de estos locales en los que se suele consumir cannabis. No es la primera campaña de inspecciones que se lleva a cabo, pero esta vez va acompañada de declaraciones políticas que muestran un cambio de opinión en el Consistorio. Tras dos legislaturas en las que ha defendido la regulación de estos locales y ha permitido tácitamente su existencia, el nuevo equipo municipal ha dejado claro que la tolerancia con estos espacios podría tener los días contados.
En el último pleno del año, celebrado el pasado 22 de diciembre, el tercer teniente de alcalde y concejal de seguridad, Albert Batlle, señaló que la intención de su equipo es “poner fin” a las asociaciones cannábicas. “Es un modelo que no queremos en nuestra ciudad”, señaló Batlle. “Hay que hacerlo [cerrarlas] y hacerlo bien”, prosiguió. “Con seguridad jurídica, con rigor y sin flecos causados por la precipitación”.
Batlle respondió de esta manera a un ruego de Vox en el que solicitaba cerrar “todos los clubes y tiendas cannábicas” de la ciudad. El partido ultra le recordó al concejal sus palabras de principio de diciembre, cuando durante una reunión con vecinos del barrio Gótico dijo que, si por él fuera, “los cerraría todos”. “No deberían formar parte de la vida de Barcelona”, afirmó Batlle. “Como otras actividades que, poco a poco, hemos ido reajustando”.
El concejal aseguró en el mismo encuentro que estaban aumentando las inspecciones para ver si a través de esa vía lograban acabar con estos espacios, aunque admitió que erradicarlos del todo no sería sencillo y que para ello “deberían cambiarse leyes”.
Diversos administradores de clubes de cannabis consultados por elDiario.es explican que las inspecciones que se están llevando a cabo estos días tampoco son como las anteriores, centradas sobre todo en los aspectos técnicos de los locales. Señalan que esta vez las entradas tienen como objetivo demostrar si se está permitiendo o promoviendo el uso de cannabis en el interior de estos recintos. “La sensación es que esta vez se pretende actuar con más contundencia”, sostienen las mismas fuentes.
Consultados por este periódico, desde el Consistorio no han querido pronunciarse al respecto y se limitan a afirmar que “trabajan para garantizar la legalidad de estos establecimientos”.
Fallos judiciales contra los clubes
El Tribunal Supremo ratificó en 2021 un fallo del Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) que tumbaba la normativa aprobada por el Ayuntamiento en 2016 —apoyada por una amplia mayoría en el pleno— que regulaba los aproximadamente 250 locales de este tipo en la ciudad. La regulación establecía los requisitos que debían tener estos locales, como por ejemplo la distancia que debían guardar con colegios y otros equipamientos, las condiciones de acceso, ventilación…
Con la decisión del Supremo desapareció el último paraguas legal que les quedaba a estos espacios en Barcelona. El Ayuntamiento mandó entonces una carta a estos clubes en los que les recordaba que tras el fallo sólo podrían “proporcionar información, elaborar o difundir estudios y realizar propuestas, expresar de cualquier manera opiniones sobre la materia y promover reuniones o seminarios” sobre el cannabis.
Las mayoría de estas asociaciones de fumadores, sin embargo, siguieron abiertas sin una licencia específica que las amparara y extremando precauciones. La última campaña de inspecciones tiene como objetivo demostrar que se sigue dando acceso a la sustancia en el interior de estos locales, afirman las fuentes consultadas.
La situación ha generado desconcierto entre los activistas que llevan lustros defendiendo el modelo de los clubes de cannabis como una solución que aleja el consumo de marihuana de la calle y contribuye a la reducción de riesgos en el uso de esta sustancia. Lamentan que bajo este modelo asociativo se hayan colado locales que solo sirven para que los traficantes vendan marihuana, una consecuencia, según ellos, de la falta de regulación. “Para el Ayuntamiento somos todos lo mismo”, lamenta el presidente de una de estas asociaciones. “Ponen en el mismo saco a los activistas que hacemos las cosas bien con los traficantes que captan a turistas en Las Ramblas”.
El propio Parlament, con todos los votos favorables excepto el PP, aprobó en junio de 2017 una normativa que regulaba estos locales que posteriormente fue tumbada por el Tribunal Constitucional. También el Departament de Salut de la Generalitat ha financiado campañas de reducción de riesgos en el interior de estos clubes de cannabis durante los últimos años.
Un modelo que inspira a otros países
La ofensiva contra los clubes sociales de cannabis de Barcelona coincide con un momento en el que varios países están inmersos en procesos regulatorios de la sustancia y observan este modelo, impulsado de manera autoorganizada hace 20 años, como una referencia para permitir el acceso al cannabis.
Alemania pondrá en marcha locales de este tipo a partir de abril de 2024, Suiza está llevando a cabo una prueba piloto con clubes de cannabis desde marzo de 2023 y otros Estados como Malta, República Checa, México o Colombia estudian aplicar modelos similares. A principios de diciembre, un grupo de expertos de Barcelona fue recibido por el presidente de Malta para conocer de primera mano el funcionamiento de estos espacios.
El pasado marzo, también visitó los clubes de Barcelona una delegación internacional formada por diputados de distintos países europeos en los que también había responsables de la administración de diversos Estados de EEUU y de países sudamericanos.