Los impulsores del primer club de cannabis de Barcelona finalmente no pisarán la cárcel. El Tribunal Supremo ha reducido sustancialmente las penas que la Audiencia de Barcelona impuso a media docena de miembros de una asociación conocida como La MACA y considerada la pionera de los clubes de fumadores de marihuana en la capital catalana.
La sentencia del Alto Tribunal pone fin a un largo periplo judicial, que ha durado más de siete años y que ha tenido en vilo a los miembros de la dirección de esta entidad, que se vieron con un pie en la cárcel después de haber sido condenados inicialmente a casi seis años de cárcel por un delito de asociación ilícita y otro contra la salud pública (con el agravante de notoria importancia).
Los hechos se remontan a diversas intervenciones que llevó a cabo la Guardia Urbana en 2012 y 2013 en el local, situado originalmente en el barrio de Sants de Barcelona. Durante los registros, la policía incautó más de 16 kilos netos de marihuana que, según los acusados, eran para el consumo de los miembros de la asociación.
El fallo ha anulado el delito de asociación ilícita y el agravante en el delito contra la salud pública. A su vez, absuelve a dos miembros de la asociación que participaron en su fundación, pero que se habían desvinculado de su actividad cuando se produjeron las incautaciones y habían sido igualmente condenados a prisión. El Supremo también considera que los responsables del local actuaron con la creencia de que no estaban cometiendo ningún delito.
Por todo ello, los magistrados han sustituido las penas de seis años de cárcel a los que fueron condenados los responsables del local por seis meses de prisión. Las multas de 130.000 y 20.000 euros que se les impuso a los acusados se han reducido a casi 5.000 euros. En la práctica supone que los condenados se librarán de entrar en un centro penitenciario. El Supremo también ha anulado la disolución de la asociación que decretó en un primer momento la Audiencia de Barcelona.
El que fue presidente de La MACA (acrónimo de Movimiento Asociativo Cannábico de Autoconsumo), José Afuera, ha asegurado este miércoles sentirse “aliviado” por el fallo, aunque ha lamentado no haber logrado la completa absolución. “Han pasado 16 años desde que fundamos la entidad para dar respuesta a un problema social como era el acceso al cannabis y la persecución de sus usuarios”, ha explicado en conversación telefónica con este diario. “Pasado todo este tiempo, estamos igual o peor”.
Liderazgo del activismo
La MACA fue la primera asociación de fumadores de cannabis que abrió en Catalunya y una de las pioneras en todo el Estado. Lo hizo en 2006, muchos años antes del ‘boom’ de este tipo de locales que empezaron a proliferar en Barcelona hace una década (se calcula que actualmente hay entre 200 y 350 espacios de este tipo en la capital catalana).
Sus responsables se convirtieron en la punta de lanza de un movimiento activista que defendía la legalidad de este tipo de espacios privados en los que los socios pudieran adquirir y fumar cannabis, amparándose en que el consumo individual de marihuana está permitido, en que el cultivo era compartido entre todos los socios, y en que era una asociación privada que no se publicitaba ni alentaba el consumo de marihuana.
El proyecto nació de un grupo de siete personas que ya compartían un cultivo de marihuana, después de conocer la experiencia de Martín Barriuso, un activista que había abierto la primera asociación de consumidores de cannabis en el País Vasco y cuya marihuana requisada por la policía le fue devuelta tras un fallo judicial. “Quisimos dar una salida legal al cannabis que ya estábamos consumiendo y cultivando entre todos”, rememora Afuera.
La MACA también se convirtió en el primer club de fumadores que dispuso de un programa de cannabis terapéutico. Un médico voluntario acudía dos tardes a la semana al local para reunirse con los socios con dolencias crónicas o inmersos en tratamientos oncológicos: les aconsejaba el tipo de marihuana que debían elegir, los métodos menos nocivos para su consumo y se hacía un acompañamiento durante el tratamiento. El facultativo también desaconsejaba el consumo de cannabis a pacientes con problemas psiquiátricos.
Siempre abierta a los medios y a las autoridades, La MACA se convirtió rápidamente en el referente del acceso al consumo regulado de cannabis en la ciudad. Incluso acudieron a la Guardia Urbana por su propio pie a explicar qué hacían en el interior del local, según recoge la sentencia. A su vez, la entidad lideró la interlocución con la Administración para lograr una regulación que alejara a estos recintos de un vacío legal en el que todavía están inmersos a día de hoy.
En el juicio llegaron a testificar antiguos técnicos del departamento de Salud de la Generalitat, que ratificaron que los responsables de la asociación mantuvieron durante años un estrecho contacto con las autoridades ante el deseo inicial de la conselleria, en ese momento liderada por Boi Ruiz, de articular una normativa que amparara estos espacios. La iniciativa regulatoria, según fuentes conocedoras de la negociación, fue finalmente abortada por petición de los Mossos d’Esquadra.
La manera de funcionar de La MACA y el contacto directo con la administración acabó cristalizando en la CATFAC ( Federació d'Associacions de Cànnabis de Catalunya), una entidad que lideró varias propuestas legislativas de regulación -ahora tumbadas por el Constitucional- así como la redacción de un “Código de buenas prácticas” para diferenciar a las auténticas asociaciones de fumadores de los locales que se abrieron como una mera vía para hacer negocio vendiendo marihuana.
Dieciséis años después de la apertura del primer club de fumadores en Barcelona, el modelo sigue vigente en la ciudad, aunque no exento de problemas legales para sus impulsores. Apenas quedan preceptos legales a los que acogerse (el Supremo limitó este modelo asociativo en una sentencia de 2015) y el reglamento del Ayuntamiento de la capital catalana que los regulaba también ha sido suspendido. Sin embargo, continúan abiertos en la ciudad centenares de estos espacios.
El vacío legal y la falta de regulación ha desembocado en la convivencia de dos modelos: algunos son auténticas asociaciones de consumidores adheridas al llamado “Código de buenas prácticas”, otras son directamente negocios de venta de marihuana liderados por traficantes. Las dos tipologías se enfrentan a las mismas consecuencias legales a pesar de la diferencia en el fondo y la forma de su actividad.
“Fundamos las asociaciones con la idea de un cambio en la política de drogas y, sobre todo, para empoderar a las personas usuarias y alejarlas del mercado negro”, señala Afuera. “Sin ofender a nadie, creo que actualmente muchas de las asociaciones de Barcelona son otra cosa muy distinta”.