El pleno del Ayuntamiento de Badalona tomó una decisión pionera este miércoles al considerar parte de su deuda como “ilegítima”. Así lo recoge una moción impulsada por el Grupo Auditoría Badalona y presentada por ICV-EUiA. CiU y el PSC votaron a favor, mientras que el PP, que gobierna el municipio, se abstuvo en la votación.
En concreto, la moción critica el Plan de Pago a Proveedores de 2012 impulsado por el ministerio de Hacienda y Administraciones Públicas, ya que los préstamos concedidos por el ministerio al consistorio se efectuaron a través de entidades bancarias. Los intereses de los préstamos se elevaron al 5,54%, mientras que los bancos se financiaban con unos intereses inferiores al 1%. Según recoge la moción, fueron más de 31 millones de euros provenientes del erario público que, en lugar de haber sido concedidos directamente al Ayuntamiento, llegaron a través de la banca privada. El texto insta al gobierno municipal a “cuantificar estos intereses y a emprender las acciones legales necesarias ante la justicia española, europea e internacional para conseguir la nulidad de esta deuda ilegítima”.
La moción es el resultado del trabajo del nodo local de la Plataforma por una Auditoría Ciudadana de la Deuda (PACD). Este colectivo reclama una auditoría de las cuentas públicas, tanto municipales como autónomicas y estatales, para determinar qué parte de la deuda puede considerarse como “ilegítima”. La PACD toma como referencia procesos similares que tuvieron lugar en algunos países de América Latina. En Ecuador, por ejemplo, la auditoría de la deuda que se inició en 2007 con la llegada a la presidencia de Rafael Correa permitió renegociar gran parte de la deuda externa del país. En tres años, los ecuatorianos consiguieron una reducción de su deuda de cerca de 4.000 millones de dólares.
“Es un cambio de paradigma importante”, opina Raül Sánchez, del nodo de la PACD en Badalona. “Por primera vez una administración pública no reconoce una parte de su deuda. Esperamos que más municipios impulsen iniciativas similares”.
Alex Mañas, el impulsor de la moción en ICV-EUiA, recuerda que textos generales sobre la deuda fueron adoptados por otros ayuntamientos pero ninguno apuntaba al rechazo de una deuda concreta. Grupos parlamentarios de otros municipios, especialmente de la Comunidad de Madrid, han mostrado su interés por la iniciativa.
El concejal de Hacienda Ramon Riera (PP) admite una “situación de abuso” pero advierte que “la efectividad está por ver” y recuerda que el Ayuntamiento no tuvo otra opción que pedir un crédito a través de las entidades bancarias ya que los préstamos no llegaron directamente del erario público.