El Barça de Laporta pagó al menos 500.000 euros a Método 3 para espiar a decenas de personas

El FC Barcelona encargó, en el tramo final del mandato de Joan Laporta (2008-2010), decenas de informes a la agencia de detectives Método 3 que husmeaban sobre asuntos privados de rivales (reales o imaginarios) del presidente y hasta de sus amigos, rastreando potenciales peligros que pudieran afectarle. Estos trabajos conllevaron para el club un coste de al menos 500.000 euros, según las facturas de la agencia abonadas por el Barça que ahora se han incorporado a la causa del Juzgado número 24 de Barcelona, que investiga el espionaje en el club. Muchos de estos informes también han sido aportados a la causa recientemente por el socio Oriol Giralt, que en 2008 impulsó la moción de censura contra Laporta y que fue objeto de seguimientos e investigaciones por ello.

El pasado 30 de marzo, el juez firmó un auto de sobreseimiento provisional del caso, en el que están involucrados el director general del club entre 2008 y 2010, Joan Oliver, y el responsable de seguridad de la entidad deportiva, Xavier Martorell. Pero la semana pasada el juez aceptó los recursos presentados por el FC Barcelona y por Giralt y ha reabierto la causa ante la ingente documentación aportada por el socio investigado, que incluye decenas de informes junto a las facturas correspondientes, donde constan las respectivas órdenes de pago por parte del club. “Es el escándalo más grande de toda la historia del Barça”, declaró el socio tras hacer entrega del material.

La decisión inicial del juez de dictar el sobreseimiento fue recibida con júbilo por el entorno de Laporta, que está recabando apoyos para volver a optar a la presidencia del Barça en las elecciones previstas para este verano. Sin embargo, todo el razonamiento del auto se basaba precisamente en que los encargos detectivescos sí se hicieron. La agencia que los asumió es Método 3, que tuvo que cerrar al trascender que puso micrófonos en el restaurante La Camarga para grabar el almuerzo de la líder del PP catalán y la exnovia de Jordi Pujol Ferrusola, y los facturaba a través de su filial M3 Consultoría.

La causa se inició al descubrir la nueva junta del FC Barcelona los pagos a la agencia sin que se encontrara rastro de los trabajos realizados, con lo que trasladó la información al juzgado por si existía algún delito de apropiación indebida por el pago de trabajos sin la correspondiente contraprestación. Lo que ha puesto de manifiesto la investigación del juez Josep Majó –con las declaraciones de Oliver, Martorell y el dueño de la agencia, Francisco Marco, entre otros– es que los informes por los que el Barça pagó tanto dinero sí se hicieron y que no constaban en las oficinas del club porque luego se destruían al ser material demasiado sensible.

Según la declaración de Martorell recogida en el auto, “todos los expedientes informativos de los trabajos realizados por M3 [en referencia a M3 Consultoría] después de dar cuenta a la Junta Directiva se destruían” al tratarse de “temas muy sensibles”. Marco ratificó que entregaba los informes “en mano” a Martorell y que después M3 también los “destruía” al cabo de una o dos semanas. Sin embargo, durante el registro efectuado a la sede de esta empresa tras el estallido del escándalo de La Camarga, en 2013, la policía se incautó de decenas de informes y borradores elaborados para el FC Barcelona entre 2008 y 2010, que se trasladaron al Juzgado número 14 de Barcelona, que sigue la causa específica sobre el espionaje de Método 3. A petición del juez del juzgado 24 –el que instruye la causa del Barça–, la policía ratificó en un informe pericial que los informes, efectivamente, se realizaron.

El listado exhaustivo de trabajos de M3 Consultoría aportado ahora al juez arranca en mayo de 2008, un momento especialmente convulso en el club, con el naufragio deportivo de la temporada y la sorpresiva irrupción del socio Giralt, que logró las firmas necesarias para forzar una moción de censura contra Laporta. La moción logró el 6 de julio de ese año el apoyo del 60% de los socios, un resultado impresionante pero insuficiente para obligar al presidente a marcharse al no llegar al umbral requerido del 66%. Laporta se atrincheró en el puesto, lo que desencadenó la dimisión de Ferran Soriano, vicepresidente económico y director general del club.

Esta crisis desencadenó una lluvia de encargos del FC Barcelona a M3 a la búsqueda de algún tipo de lógica oculta y sobre todo de supuestas conexiones entre el socio promotor de la moción de censura, Oriol Giralt, y la ex mano derecha de Laporta, Sandro Rosell, cuya abrupta salida de la Junta Directiva, en 2005, abrió un cisma en el mundo culé aún no resuelto. La agencia de detectives rastreó a fondo varios de los actores rivales que el entorno de Laporta consideraba vinculados de alguna forma entre sí –Giralt, Rosell, Soriano, el intermediario Josep Maria Minguella, etc.–, pero no encontró ninguna conexión. En el proceso, las empresas, negocios, propiedades y cuentas bancarias (incluidas sus actividades en el extranjero) de los investigados fueron objeto de exhaustivos chequeos.

Durante esos días, los detectives de la agencia realizaron múltiples seguimientos costeados por el club con una tarifa de 900 euros al día. Un detective merodeó diariamente, entre el 23 y 29 de mayo de 2008, por la sede donde los críticos recogían firmas para la moción de censura y reflejó sus impresiones en un informe por el que el club abonó 12.678,31 euros tras la emisión de una factura con fecha de 30 de mayo, según se desprende del material aportado al juez.

Rosell también fue objeto de seguimientos personalizados por parte de un detective apostado en su domicilio particular, que tomaba nota de quién entraba y salía del edificio, de las matrículas de los coches, de los números de teléfono que se marcaban y hasta del contenido de algunas de las conversaciones en la calle. Por este trabajo, que incluyó ocho días de seguimiento, M3 emitió una factura fechada el 21 de mayo de 2008 por valor de 9.034,06 euros, aunque el concepto declarado fue “Instalación dispositivos de videograbación por hurtos en instalaciones”. Otro trabajo, que costó casi 40.000 euros, investigaba sus empresas, el origen de su patrimonio y sus negocios en Brasil.

Esta afición por los seguimientos continuó después de la crisis de la moción de censura y de la marcha de Soriano, como muestran, entre otros casos, las acciones de seguimiento a una empleada del club que había tenido una relación con el presidente y que tras la ruptura le acusaba de mobbing: un detective la siguió la noche del 19 de noviembre de 2009 a la discoteca Otto Zutz y tres días después en un restaurante japonés donde cenó con un hombre que había conocido en la discoteca. El informe costó al club 1.496,40 euros, tarifa que, según la factura, incluye una cena de 290 euros.

En el documento redactado por el detective se apunta que, tras la cena, la mujer sometida a vigilancia se fue a la casa de su amigo. Varios de los informes ahora aportados al juez incluyen aspectos muy íntimos de los investigados, como publica la revista satírica Mongolia en su número de mayo, como su orientación sexual –“probablemente es gay”, se escribe de un proveedor “amigo de Ferran Soriano– o supuestas adicciones al alcohol, las drogas o la prostitución.