El Ayuntamiento de Barcelona abre una batalla judicial para cobrar las subvenciones a las guarderías que la Generalitat les retiró durante el mandato de Artur Mas. El consistorio ha tomado la decisión al comprobar como más de 30 municipios, la mayoría gobernados por el PSC, han logrado sentencias favorables del Tribunal Superior de Justícia de Catalunya (TSJC) para que les indemnicen por los millones que deberían haber cobrado desde 2012, cuando la Generalitat aplicó los recortes.
El consistorio barcelonés ha presentado esta semana un requerimiento administrativo al departamento de Enseñanza para que les abone 42 millones de euros, que es lo que estiman que dejaron de recibir con los ajustes. Este paso es el previo al recurso contencioso administrativo, que es al que llegaron los otros municipios, entre los que se cuentan ciudades como Lleida, Tarragona, l'Hospitalet de Llobregat, Cornellà o Santa Coloma de Gramenet.
“No puede ser que el apoyo a las guarderías se pueda suprimir en función de un criterio arbitrario de gestión presupuestaria”, ha denunciado Laia Ortiz, teniente de alcaldía de Derechos Sociales. En Barcelona hay actualmente 98 guarderías públicas con un total de 8.200 niños de entre cuatro meses y tres años.
Las guarderías pagaron mucho más caro el coste de las políticas de austeridad en Catalunya que otras etapas educativas. Hasta 2010, la Generalitat abonaba a las guarderías, que son de titularidad y gestión municipal, unos 1.800 euros por alumno y curso. Esta cifra fue recortada progresivamente hasta la mitad, 875 euros, y en 2013 Enseñanza llegó a un acuerdo para que fueran las diputaciones las que asumieran este gasto, cosa que se ha mantenido hasta hoy.
La única excepción en este sentido fue la de Barcelona, en la que tampoco las diputaciones mantuvieron la subvención de 875 euros por niño y curso. Así, la financiación de estos centros educativos en la capital catalana quedó solamente en manos del consistorio y de las cuotas de las familias.
Ahora, el consistorio espera que la justicia les de la razón como lo ha hecho con los más de 30 ayuntamientos del PSC que ya cuentan con sentencias favorables. En ellas, el TSJC constata que la Generalitat incumplió la Ley de Educación de Catalunya (LEC) al desentenderse de su “responsabilidad financiera” sobre la educación infantil.