El teniente de alcalde Derechos de Ciudadanía, Participación y Transparencia Jaume Asens ha anunciado que el Ayuntamiento de Barcelona dejará de ejercer la acusación penal en casos de daños y desórdenes públicos. Asens considera que esta práctica es “una anomalía” porque, asegura, el de Barcelona es el único Ayuntamiento que ejercía la acusación penal en estos casos, una función que el nuevo consistorio entiende que corresponde a la Fiscalía de Barcelona. “Con esta medida no renunciaremos a ni un solo euro, ya que el Ayuntamiento seguirá reclamando la responsabilidad civil en todos los casos”, apunta Alfred Lacasa, jefe de los servicios jurídicos del consistorio.
“El partido que gobernaba esta institución pedía prisión de hasta 5 años y medio a personas por ser huelguistas mientras miraba hacia otro lado en casos de corrupción, como es el caso de la Diputación, que se ha retirado de la acusación del caso Palau”, ha apuntado Asens, que ha insistido en que CiU ha sido “fuerte con los débiles y débil con los fuertes”. No descartan, sin embargo, la intervención del Ayuntamiento como acusación popular en casos concretos que afecten a los vecinos de la ciudad, como casos de violencia de género, trata de personas o casos vinculados a la corrupción, por ejemplo. Desde 2011 el ayuntamiento ha abierto 103 expedientes por casos de desórdenes públicos y daños, 16 de los cuales siguen pendientes, de los que el ayuntamiento ha dado orden de retirarse.
El nuevo gobierno ha mostrado su confianza en los servicios jurídicos del Ayuntamiento y ha denunciado que el gobierno Trias tuvo un gasto de 7.480.000 euros en externalizar funciones jurídicas, más de 8 millones contando procuradores y otros gastos jurídicos. Asens se ha comprometido a una reducción de la externalización progresiva del 45% anual. Además, apunta que la retirada de las acusaciones penales permitirá liberar dos letradas del Ayuntamiento que están dedicadas a tiempo prácticamente completo a las acusaciones penales. En los casos que sea necesario externalizar, que Lacasa asegura que a pesar de la reducción será necesario, Asens defiende la necesidad de diversificar la contratación para no favorecer unos pocos despachos.
Esta práctica del Ayuntamiento de Barcelona se viene arrastrando desde el final del gobierno de Joan Clos, cuando en mayo de 2006 el ayuntamiento decidió personarse penalmente ante los disturbios provocados por las celebraciones de la victoria del Barça en la Champions. Esta práctica se hizo habitual en los gobiernos de Jordi Hereu y Xavier Trias. Asens ha defendido “volver a la época Maragall y acabar con una anomalía democrática y jurídica”.