Colau inicia los trámites para crear un servicio municipal de dentistas a precios reducidos
El gobierno municipal de Ada Colau ha iniciado los trámites para crear un servicio municipal de odontología con el objetivo de ofrecer tarifas reducidas y llegar así a población con pocos recursos. El Ayuntamiento, que deberá someter la iniciativa a votación en el plenario, prevé inaugurar el servicio antes de acabar 2019, con el que calculan que darán cobertura a un total de 36.000 personas al año.
La medida, “una de las más importantes de todo el mandato”, según la ha calificado Colau, se llevará a cabo a través de la empresa municipal B:SM, que se encargará de contratar al personal y habilitar los equipamientos, así como de hacer una inversión económica inicial de 500.000 euros, que la empresa prevé recuperar en unos años, como ha señalado la comisionada de Salud y Diversidad Funcional, Gemma Tarafa.
Para recibir asistencia bucodental, Tarafa apunta que cualquier ciudadano podrá acceder al servicio llamando por teléfono o vía internet, como en cualquier otra clínica dental. De todos modos, a los seis meses desde el inicio del dentista municipal, el Ayuntamiento de Barcelona hará una evaluación para mejorar el sistema y, en caso de saturación del mismo, se realizará una selección de los clientes, siguiendo criterios de necesidad económica.
La intención del consistorio es abrir un primer centro de salud bucodental el próximo año, con ocho butacas y 23 profesionales, y otro del mismo tamaño en 2021. La cartera de servicios incluiría extracciones, periodoncias, higienes dentales, obturaciones, endodoncias, prótesis removibles y fijas, férulas, implantes y ortodoncias. Se trata de intervenciones que hasta ahora han quedado fuera del sistema público de salud, que cubre poco más que las extracciones.
El Ayuntamiento, que ya puso en marcha en noviembre un dentista gratuito pensado para usuarios de servicios sociales, quiere llegar con este nuevo servicio al 12% de los ciudadanos que no van al odontólogo por razones económicas. “La salud dental es tan importante como cualquier otra área de nuestra salud”, ha asegurado Tarafa. Para ello, y a la espera de finalizar todos los trámites legales, el consistorio prevé instalar el primer dentista municipal en alguna zona de distritos de menor renta como Nou Barris, Sant Martí o Sant Andreu.
Precios hasta un 43% más reducidos
Colau ha justificado que los precios del dentista municipal serán más asequibles porque “no se va a generar beneficio económico con el servicio”. En este sentido, el consistorio calcula que intervenciones que hasta ahora solo cubre el mercado privado, como las obturaciones, las ondodoncias, los implantes o las higienes, puedan cobrarse a precios un 13%, 30%, 31% y 43% más reducidos, respectivamente.
Actualmente, Barcelona se sitúa como una de las ciudades españolas con las tarifas más elevadas en centros de salud bucodental, según un informe de la asociación de consumidores Facua.
Con todo, para que el proyecto de Colau sea una realidad, la Comisión de Derechos Sociales del próximo 15 de enero tiene que dar luz verde a la iniciativa, que posteriormente se someterá a votación en el pleno municipal durante el mes de marzo. Para lograr el visto bueno de los grupos municipales, Tarafa se ha reunido con ellos y ha destacado que las conversaciones han sido “receptivas y positivas”. Sin embargo, el apoyo a la medida aún no está asegurado.
Por otro lado, Tarafa también se ha puesto en contacto con el director del Servei Català de la Salut, Adrià Comella, y con la consellera de Salut, Alba Vergés, para evitar cualquier tipo de obstáculo competencial, puesto que la Generalitat ostenta la competencia exclusiva en materia de salud.
En cualquier caso, la iniciativa de Colau debe respetar el marco legal vigente, que estipula que la creación de cualquier nueva actividad económica municipal tiene que demostrar su conveniencia y oportunidad, sin generar riesgo para la sostenibilidad financiera de la hacienda municipal. Además, la empresa no puede recibir ningún tipo de subvención pública y ha de competir en régimen de libre concurrencia, respetando los principios de libertad de empresa y economía de mercado.
