El 1 de octubre los vecinos de Barcelona podrán votar en el referéndum en espacios electorales. Así lo han avanzado la Generalitat y el Ayuntamiento de Barcelona, después de varios días de negociación, con un acuerdo escenificado en las redes sociales. Según ha podido saber este diario, las partes han cerrado un acuerdo por el que se garantizará que en Barcelona “todo el mundo pueda votar con tranquilidad” y “protegiendo a los funcionarios”, las dos condiciones que ponían las partes.
El Govern y el Ajuntament se han negado a dar más detalles sobre la fórmula concreta con la que piensan llevar a cabo la votación del día 1-O. Según han explicado, el acuerdo debe ser discreto para evitar que la acción de la justicia impida la votación. Ni siquiera confirman si los lugares en los que se llevará a cabo serán centros educativos, donde tradicionalmente se celebran los procesos electorales, u otros espacios de titularidad pública.
Tanto es el celo por el acuerdo que, pese a ser entrevistada este jueves en el informativo noche de TV3, Colau ha mantenido el silencio respecto al pacto adoptado con el ejecutivo de Carles Puigdemont. De hecho, la alcaldesa ha descargado en el Govern la responsabilidad de explicar el pormenor del acuerdo. “Será la Generalitat la que dé los detalles”, ha zanjado Ada Colau.
Pese a la poca concreción, Colau ha garantizado que “se trabajará con la voluntad que se pueda participar en el máximo de espacios posibles” de la ciudad. Las incógnitas alrededor del pacto se revelarán, como tarde, en el momento que lleguen las tarjetas censales a los vecinos de Barcelona, en la que aparecerá el punto de votación para cada una de las personas que aparezcan en el censo del que la Generalitat dispone.
Pese al poco detalle del anuncio, Ada Colau sí que ha afirmado que “se han encontrado fórmulas que permitan votar con normalidad y preservar la institución”. A su vez, Colau ha destacado que, dichas fórmulas, no entran en contradicción con las premisas de su socio de Gobierno en la ciudad, el PSC. Según fuentes cercanas a las conversaciones, la alcaldesa ya habría trasladado el mensaje sobre el acuerdo al líder de los socialistas, Jaume Collboni. Por su parte, el segundo teniente de alcaldía ha explicado a EFE que el acuerdo “no se ha tomado dentro del gobierno de la ciudad y no se ha debatido”.
El secretario municipal de Barcelona había emitido este mismo jueves un informe en el que advertía al equipo de Gobierno que ceder los espacios que se utilizan habitualmente como centros de votación comportaría “un incumplimiento de las sentencias del Tribunal Constitucional”. Por ello, usar dichos colegios podría suponer a las personas infractoras “responsabilidades de todo orden, de carácter administrativo, disciplinario, contable e incluso penal”, aseguraba el informe.
El acuerdo final lo han escenificado también la alcaldesa Ada Colau y el president Carles Puigdemont vía redes sociales. Según ha escrito Colau en un tweet, el consistorio cumplirá su “compromiso” de facilitar la participación “sin poner en riesgo a los trabajadores”. El mismo mensaje de la alcaldesa ha sido contestado por el president de la Generalitat, Carles Puigdemont, con un escueto “buena noticia”.