El Área Metropolitana de Barcelona (AMB) empieza a debatir la vuelta a manos públicas del servicio de abastecimiento de agua a los hogares de 3 millones de catalanes, entre ellos los habitantes de Barcelona, L'Hospitalet o Badalona. Este martes el pleno de la AMB aprobará constituir dos comisiones, una técnica y otra política, para preparar a la administración para aplicar la sentencia que anuló la empresa mixta creada junto a Agbar en 2012. Dar un paso en falso supondría un perjuicio para los contribuyentes y nadie quiere cometer un error.
El debate en el pleno de la AMB tiene su origen en una sentencia del pasado mes de marzo. El Tribunal Superior de Justicia de Catalunya (TSJC) anuló la empresa mixta que la AMB creó con Agbar en 2012 para regularizar la prestación del servicio de agua a los hogares de 23 municipios de Barcelona. La justicia censuró que la administración entregara directamente el servicio a Agbar sin pasar por la debida publicidad entre empresas interesadas. Además, la sentencia consideró que Agbar ha actuado históricamente como “concesionario tácito” del servicio de abastecimiento de agua.
Fuentes de BComú explican que el fin de las comisiones es adecuar la administración a la sentencia. La AMB empezará a trabajar como si el fallo del TSJC fuera firme. No obstante, Agbar ha recurrido la sentencia ante el Supremo, por lo que la decisión definitiva sobre la empresa mixta todavía puede tardar meses e incluso años. Por poner un ejemplo, el expediente de ATLL, otra gestión del agua que tumbaron los tribunales catalanes, lleva desde julio de 2015 en el Supremo.
Las mismas fuentes destacan que el objetivo de BComú es la gestión pública del agua, pero sostienen que todavía es temprano para marcar un horizonte temporal de la misma. Asimismo, explican que las comisiones deberán proporcionar información para decidir políticamente qué tipo de gestión pública es la más adecuada. Por su lado, la CUP (que está en la oposición) tiene claro su modelo: gestión directa del agua desde cada uno de los 23 municipios que ahora integran la empresa mixta. “La ciudadanía tiene más control e incidencia en la gestión cuanto más cercana al municipio sea la empresa”, sostienen fuentes cupaires.
La CUP quiere evitar que el agua de la conurbación de Barcelona termine en manos de una macroempresa supramunicipal que se convierta en una nueva TMB, la empresa del transporte público célebre por su opacidad. Pese a que gestiona un servicio público básico, la fórmula jurídica de TMB (una empresa privada de capital 100% público) posibilita prácticas insólitas en cualquier sector, como las casi 600 personas fuera de convenio –en muchos casos directivos próximos a partidos políticos– que cobran en conjunto 35 millones al año.
Competencias y voluntad política
Desde la CUP apuntan que, en última instancia, los municipios son los que tienen la competencia sobre el agua, ya que no la cedieron a la AMB de forma expresa. Fuentes jurídicas consultadas apuntan a que esta interpretación jurídica es válida, pero que también lo es la contraria, esto es, que la competencia es de la AMB. En todo caso, nada que no sea enmendable con un acuerdo político, añaden las mismas fuentes.
“Es más una cuestión de garantías para la AMB y los ayuntamientos que sobre si la competencia es supramunicipal o municipal”, apuntan desde BComú. Además, recuerdan que Ripollet, un municipio que ya ha empezado los trabajos para gestionar de forma directa el agua, no está en la mixta, sino que en octubre finaliza su contrato con Sorea, y añaden que el debate a nivel de la AMB no interferirá en su decisión. “Jamás se ha puesto en cuestión la autonomía de los ayuntamientos”, afirman.
Con todo, la discusión legal sobre si la competencia es supramunicipal o municipal no es más que un buen aperitivo del debate principal: la posición sobre la gestión del agua del PSC, el socio de BComú en la AMB. A día de hoy, los socialistas, que tienen un pacto de gobierno con ERC y Entesa (el grupo de BComú e ICV-EUiA en la AMB) en el ente supramunicipal, no se han pronunciado de forma clara sobre qué modelo prefieren.
Un modelo en cuestión
De hecho, uno de los impulsores de la empresa mixta con Agbar en la pasada legislatura desde la vicepresidencia ejecutiva de la AMB fue el alcalde de Cornellà, Antonio Balmón (PSC). Tras las elecciones del pasado mayo, Balmón ha conservado ambos cargos, y ahora todo apunta a que será uno de los miembros de la comisión política que analizará la sentencia del TSJC que desmontó punto por punto la fórmula jurídica escogida por la AMB para constituir la empresa mixta.
Balmón aseguró en 2012 que la operación de la mixta que ahora ha tumbado el TSJC “sigue la creencia de que la colaboración público-privada es un modelo beneficioso en materias como el agua”. Precisamente la CUP se muestra escéptica con el papel del PSC en este debate. “Es poner el lobo a vigilar las ovejas. ¿Alguien cree que las persones implicadas harán un informe diciendo que las decisiones que tomaron ellas mismas hace cuatro años fueron equivocadas, injustas e ilegales?”, se pregunta el regidor de la CUP en Molins de Rei, Josep Raventós, en clara referencia a Balmón.
En una entrevista con este diario en febrero del año pasado, el ahora primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello afirmó que municipalizar el agua “es imprescindible para recuperar el control público sobre la economía”. Este martes se da el primer paso de un sinuoso camino político para conseguirlo.