El ayuntamiento de Barcelona no ha impuesto ninguna sanción a compañías eléctricas por cortes de suministro que vulneren la ley contra la pobreza energética. A lo máximo que ha llegado es a abrir un expediente sancionador, que acabó archivado. Además, en este momento tiene 27 expedientes informativos, previos a la apertura del expediente sancionador, todos ellos contra Endesa SAU.
Estos son los datos que se desprenden de la solicitud de acceso a la información pública cursada por Catalunya Plural gracias a la ley de transparencia. En una respuesta dada por el gerente de Derechos Sociales el pasado 20 de abril, el consistorio barcelonés manifiesta la ausencia tanto de sanciones impuestas como de expedientes sancionadores abiertos después de 21 meses de vigencia de la ley 24/2015 contra la pobreza energética.
Según los datos oficiales, el total de expedientes técnicos abiertos por parte del Ayuntamiento ha sido de 72. De estos, 43 se han devuelto al Institut Municipal de Drets Socials, bien por falta de información suficiente (en 26 casos), o bien por no haber encontrado infracción (en 17 casos). Los otros 29 llegaron a convertirse en expedientes informativos, de los cuales 2 acabaron archivados.
En este momento, Barcelona recopila información sobre 27 casos, que aún no han llegado a ser expedientes sancionadores. En la relación enviada por el ayuntamiento solo consta la apertura de un expediente sancionador, incoado desde el propio el Instituto Municipal de Servicios Sociales, pero que acabó siendo archivado porque no se pudo acreditar el incumplimiento.
“Estos procedimientos siguen su curso y, por tanto, aún no han desembocado en sanción en firme”, explican desde el Ayuntamiento de Barcelona, que recuerdan que “este tipo de procedimientos sancionadores son pioneros y responden a una legislación reciente que ha generado numerosos recursos judiciales, algunos de ellos aún pendientes de resolución”. Tanto lo reciente de la legislación como las controversias interpretativas en los tribunales dificultan el trabajo de los servicios sociales y ralentizan los procesos administrativos.
Con todo, el Gobierno de Barcelona en Comú indica que su prioridad no es multar sino acabar con los cortes de suministros. Una tarea que, según afirman, ya están cumpliendo. “En los últimos meses el consistorio no ha tenido constancia de ningún corte y las compañías remiten periódicamente informes con los casos de impagados que se encuentran”, lo cual consideran “positivo para poder dar cumplimiento a la voluntad expresada reiteradamente por parte del Ayuntamiento de combatir los casos de pobreza energética”.
El mundo municipal, contra la pobreza energética
Barcelona es una de las 15 ciudades catalanas que cuentan con capacidad sancionadora propia, sin necesidad de acudir a Consum de la Generalitat. Como la capital, las ciudades que disponen de una oficina de consumo propia con competencias sancionadoras son Cardedeu, Castelldefels, Cornellà, El Prat, Gavà, Granollers, Sabadell, Sant Adrià, Sant Boi, Sant Joan Despí, Terrassa, Viladecans y Vilanova i la Geltrú.
De estas, la ciudad que destaca por su acción sancionadora contra suministradoras eléctricas en virtud de la ley contra la pobreza energética es Sabadell. La ciudad del Vallès ha abierto 18 expedientes sancionadores, 15 por cortes de suministro. El consistorio responsabiliza a Endesa de 14 de ellos y a Gas Natural de uno.
Ademas de los sancionadores, Sabadell tiene tres macroexpedientes informativos abiertos, uno para acciones de Endesa Energía SAU, otro contra Endesa Energía XXI y otro contra Gas Natural. En estas carpetas se investigan, respectivamente, 59, 86 y 43 casos en los que el consistorio ha detectado posibles vulneraciones de la ley. Pese a esta labor inspeccionadora, Sabadell tampoco ha llegado a imponer aún ninguna sanción, aunque prevé hacerlo en las próximas semanas.
“La mayoría de los casos recogidos en estos expedientes se han producido entre agosto de 2015 y mediados de 2016”, explica el responsable de estos expedientes, el regidor de Acción Social de Sabadell, Gabriel Fernàndez. “Al principio las eléctricas se negaban a pedir informes de vulnerabilidad antes de cortar el suministro, así que empezamos a tomar como prueba cada corte cortes sin avisar que se producía. Después cambiaron y Endesa, en primer lugar, comenzó a pedir los informes que obliga la ley”, relata.
Pagar o no pagar desde los ayuntamientos
La 24/2015 de la Generalitat prevé sus propios mecanismos de redistribución por los que las eléctricas deben corresponsabilizarse de las facturas energéticas que las familias no pueden pagar. El mecanismo que prevé es la firma de convenios con la administración. Sin embargo, hasta el momento las administraciones catalanas, ni ayuntamientos ni Generalitat, no han sido capaces de doblar el brazo a las suministradoras para hacerles firmar estos convenios.
Barcelona lo intentó introduciendo una cláusula en este sentido en el último contrato eléctrico del ayuntamiento, pero finalmente Endesa consiguió tumbarlo en un tribunal administrativo, que dictaminó que era una cláusula ilegal. Ahora, la capital prepara su propio operador energético pero, mientras, Endesa ganó el contrato provisional para suministrar energía al ayuntamiento, sin haber firmado los convenios.
Sabadell ha utilizado otra vía. Por un lado, ha abierto los expedientes sancionadores. Por otro, ha comenzado a negarse a pagar las facturas atrasadas de las familias que no pueden pagarlas, en algunos casos. Con esta medida pretende ejercer suficiente presión a las eléctricas para que se responsabilicen de la factura de las familias vulnerables. “La 24/2015 cambia el paradigma porque entiende que si un agente económico puede hacer negocio con un derecho básico, también debe hacer frente a los problemas que genera”, explica Fernàndez, que defiende no solucionar los problemas siendo el ayuntamiento quien pague sino obligando a las compañías.