“¡Qué se jodan!”. Ana (identidad protegida) refunfuña mientras mira a los operarios que están acabando de apretar las tuercas de una de las rampas que compondrá el skatepark de 600 metros cuadrados en el Passeig de Borbó de la Barceloneta, la zona que hasta el jueves concentraba mayor número de vendedores ambulantes. El calor aprieta desde primera hora de la mañana. “Nosotros estamos aquí cada día al sol y nadie se preocupa, ¡lo contrario!”, lamenta Ana, que esconde su rostro con un pañuelo —no quiere que la prensa la fotografíe— como los que hasta ayer mismo vendía en este paseo. El Passeig de Borbó ha sido su lugar de trabajo los últimos tres años.
Ana, que cuenta 60 primaveras y es de origen ecuatoriano, es una de las vendedoras ambulantes que se ha acercado este viernes —previo aviso de un compañero— a ver la instalación de la pista de patinaje que está llevando a cabo la empresa California Skateparks. Ana dice no saber nada del “dispositivo de saturación” que está aplicando el Ayuntamiento en la zona, y que incluye la instalación para patinadores y un despliegue policial coordinado entre Guardia Urbana, Mossos d'Esquadra y Policía Portuaria.
La medida ha sido anunciada esta semana por el gobierno tras la reunión interadministrativa con el Síndic de Greuges del pasado martes. El consenso fue máximo en la reunión: “Tolerancia cero con la venta ambulante”, se refirió el Conseller de Interior, Jordi Jané tras el encuentro entre municipios, Generalitat, Delegación del Gobierno y diferentes cuerpos policiales.
Ana abre una gran bolsa y muestra su neceser lleno de pastillas —tiene una dolencia cardíaca, asegura, y cobra una paga de poco más de 300 euros— mientras una patrulla de los Mossos d'Esquadra pasean revisando de arriba a abajo un grupo de senegaleses que supervisan, a su vez, la construcción del skatepark. Entre el neceser y unas baratijas, asoma una manta; con la que se posa en el suelo desde hace una década. Es el único trapo que se ve en toda la mañana en la zona del puerto: ni rastro de los centenares de telas cuadradas que estos días habían parcheado el suelo. Las patrullas de Guàrdia Urbana y Mossos han obligado a los manteros a despejar el zoco de la Barceloneta por hoy.
En el mismo momento que los operarios descargan el segundo obstáculo que compondrá la pista de patinaje (reciclado de la última convención “One shot contest”, organizada por Nike SB), el primer teniente de alcaldía, Gerardo Pisarello, valora positivamente la operación desde Plaça Sant Jaume: “Esta era una idea [la instalación de un skatepark] surgida del propio distrito, y será gestionado por centros de jóvenes de la ciudad”. La Asociación de Vecinos de la Barceloneta ha asegurado este mismo viernes que no tenía noticia del skatepark y que se ha enterado de la instalación por la prensa.
“Esta acción evitará que se cometa un uso abusivo de la venta ambulante ilegal en la zona y se recupere el uso vecinal”, ha sostenido también Pisarello. Los grupos de la oposición no han tardado en posicionarse. El regidor de CiU, Joaquím Forn, ha asegurado que la instalación de un skatepark comportará “nuevos problemas vecinales”. La regidora de la CUP, Maria José Lecha, ha ido un paso más allá, considerando que el Ayuntamiento “utiliza” a los skaters para desplazar a los manteros.
—¿Quién dice que no queremos pagar? —responde Ana a una conversación ajena que están manteniendo ante la pista un vecino y un mantero. El vecino asegura que se debe respetar a los comerciantes, que “pagan los impuestos”.
—Que venga el Ayuntamiento y nos haga licencias de día. Como en Estados Unidos. —se refiere otro vendedor ecuatoriano, que hace unas semanas que trabaja en la calle, después de perder su trabajo en un autolavado de coches. Carlos (identidad protegida) estuvo doce años lavando coches en Mataró y Granollers. Sigue tirando currículos. Asegura que ya no le sale a cuenta estar en la ciudad pero su mujer acaba de conseguir un contrato.
—¿Por qué los artesanos sí y nosotros no? Carlos y yo somos artesanos. Yo fabrico mis pañuelos, y él hace sus pulseras. Además, ¿artesanía ellos? [señala las paraditas al otro lado del puerto] ¿Qué coño? ¡Sus productos sí que son de China! —se lamenta Ana.
Los operarios siguen trabajando en la pista, que está previsto se inaugure este mismo viernes y resista —junto al dispositivo policial— todo el verano entre bandazos de patinadores. A Ana se la llevan los demonios cuando piensa en las tablas de patinar: su sobrino murió golpeándose la cabeza con un bordillo. “Ya verás cuando se suban sobre los bancos, ellos seguro que no molestan. No les dejan ir por la calle [a los skaters] y nos lo ponen en nuestro sitio de trabajo”, dice Ana, que clama por una reubicación para poder seguir llevando a cabo su actividad sin tener problemas con la policía. El mes pasado le requisaron 420€ en material.
Un grupito de vendedores senegaleses se retira. Hoy no podrán salir a vender, pero como Carlos y Ana, aseguran que encontrarán hueco en la ciudad. “Una parte se desplazará a otros lugares de la ciudad, pero se producirá una disminución de la presencia de vendedores”, se ha referido Pisarello sobre esta cuestión este viernes. El primer teniente de alcaldía ha recordado que la construcción del skatepark es una de las “muchas medidas” que el Ayuntamiento adoptará estos días para la resolución del conflicto con los manteros.
Ana y Carlos también desfilan hacia sus casas. De camino al metro pasan por el lado de una patrulla de los Mossos. Una mujer menuda discute con un policía. “Y ahora, ¿qué hago?”, le pregunta, con una bolsa con mercancías en la mano. “Hágase a la idea que esto no es el malecón, señora”, le espeta el policía.