Barcelona en Comú quiere dejar huella en el Ayuntamiento no sólo en gestos potentes pero simbólicos como la retirada del busto de Juan Carlos I del salón de plenos, sino también en aspectos menos vistosos pero que afectan de lleno al día a día de la ciudadanía. Prueba de ello es el proyecto de ordenanzas fiscales que el primer teniente de alcaldesa, Gerardo Pisarello, ha presentado este miércoles, que incluye ampliar las bonificaciones y subvenciones del Impuesto de Bienes Inmuebles (IBI) para los colectivos más vulnerables. Además, Pisarello ha anunciado que el consistorio quiere congelar el IBI por primera vez en Barcelona y ha asegurado que el recibo a pagar en 2016 será idéntico al de este año.
No obstante, la propuesta del equipo de gobierno municipal estará condicionada por la negociación que debe mantener con el resto de grupos del plenario, que no han valorado de forma positiva el proyecto de ordenanzas y han instado a analizar en detalle las cifras. Uno de los temores expresados por el grueso de la oposición es que la congelación del IBI, una de las medidas que más ha querido destacar Pisarello, se convierta en subida el próximo año cuando el Ayuntamiento termine la revisión catastral que ha emprendido.
Pisarello ha explicado que las ordenanzas fiscales quieren ampliar las bonificaciones sociales del IBI para familias numerosas o que tienen hijos en situación de vulnerabilidad. Además, donde la ley estatal no permite bonificaciones del impuesto, el Ayuntamiento incrementará las subvenciones. En este caso, los colectivos afectados serán los inquilinos a los que el propietario los carga parte del IBI, las viudas y las familias monoparentales. Además, el consistorio quiere ampliar las subvenciones a otros colectivos que lo necesiten, como los parados de larga duración.
En conjunto, la recaudación prevista por el IBI se situará en torno a los 648 millones de euros fruto de la congelación. Pero el impacto presupuestario de las bonificaciones y las subvenciones ha servido a Carina Mejías, líder municipal de Ciudadanos, para cargar contra el proyecto de ordenanzas y considerar que el gobierno de Colau está “obsesionado con el gasto”. Javier Mulleras, del PP, ha valorado que el gobierno de Colau “consolida Barcelona como la ciudad más cara”.
Mejías ha obviado las nuevas tasas que el Ayuntamiento quiere crear, y que pueden servir para compensar las bonificaciones y las subvenciones. Así, las ordenanzas incluyen una nueva tasa de 85 euros por solicitar un rodaje de cine en la calle para desincentivar que se reserven espacios públicos durante una semana y sólo se utilicen un día, que se sumarán a los casi 600 euros que ya se pagan por rodar en la calle. Además, a partir de ahora esta tasa se aplicará en todos los rodajes que se hagan al día. Hasta ahora, cuando una productora grababa en cinco localizaciones diferentes en un mismo día, sólo pagaba por una localización.
También se crea una tasa por “desenganche” de grúa, para tipificar la situación que se genera cuando el conductor se encuentra que la grúa se le está llevando el coche pero aún no ha arrancado, que hasta ahora resolvía el conductor de la grúa. Además, será un euro más caro pedir la anulación de una denuncia por estacionamiento. Por otra parte, las ordenanzas también impulsan la fiscalidad ambiental con bonificaciones para los vehículos menos contaminantes y para las instalaciones que incorporen sistemas de aprovechamiento térmico o eléctrico de la energía solar.
Pisarello ha explicado que la “filosofía” del gobierno municipal es “no tocar las tasas que afectan al ciudadano de a pie y actualizar las tasas relacionadas con actividades lucrativas”, como la del rodajes. En consecuencia, se mantienen las tasas de la zona azul y de la grúa. Sin embargo, una de las propuestas estrella del plan de choque de Barcelona en Comú, la tasa a las compañías eléctricas, tendrá que esperar al año que viene, porque depende de las negociaciones del Ayuntamiento con el gobierno central, que ya se han iniciado.
El teniente de alcaldesa también ha remarcado la voluntad del consistorio (Barcelona en Comú gobierna en minoría con 11 regidores de 41) para llegar a un acuerdo con diferentes grupos municipales y aprobar las ordenanzas fiscales en el plenario del 23 de diciembre. “Estamos en un punto de partida que está sujeto a cambios, negociaciones y propuestas de los grupos”, ha remarcado Pisarello, que, sin concretar, añadió que varios grupos le han hecho llegar propuestas “con una música que suena bien”.
Pero la oposición no se lo pondrá fácil al gobierno municipal. “La música no suena bien”, ha dicho la concejala de CiU, Sònia Recasens, para valorar el proyecto de ordenanzas. “Sentimos un poco lejana la música, queremos ver la letra pequeña”, ha expresado la concejal del PSC Montserrat Ballarín. ERC y la CUP no han valorado las ordenanzas, y los cupaires mantendrán mañana una reunión con el gobierno municipal para tratar el proyecto. El gobierno de Colau encara otra negociación difícil.