Barcelona ha declarado la emergencia climática. “Esto no es un simulacro”, ha lanzado como mensaje el Ayuntamiento que gobierna Ada Colau, que se ha comprometido a reducir las emisiones de CO2 en dos millones de toneladas antes de 2030. Un 50% respecto a 1992. Para lograrlo, han aprobado una batería de 103 medidas a llevar a cabo durante los próximos diez años que incluyen nuevas hectáreas de zonas verdes, individualización de la recogida de residuos o más calles peatonales, en concreto 15 kilómetros en cuatro años.
Colau ha defendido que esta declaración no es un “decreto retórico”, sino una suerte de contrato con la ciudadanía y con las entidades que han venido trabajando con el consistorio en la Mesa por el Clima y que a partir de ahora podrán suscribir el documento. Han sido unas 200 las asociaciones y colectivos que han participado en las cuatro sesiones que debían alumbrar esta propuesta.
El objetivo del Ayuntamiento, que invertirá 563,3 millones de euros en este plan, es rebajar las emisiones de efecto invernadero, sobre todo de dióxido de carbono, que se emiten en la ciudad. En total, 1,9 millones de toneladas menos en diez años. “Barcelona, como ciudad densa, mediterránea y compacta, consume poca energía y genera pocas emisiones comparado con otras ciudades, pero tiene mucho camino por recorrer”, recoge la declaración, que aprobará vía decreto la alcaldesa.
“Como ciudad global e internacional tenemos la responsabilidad de lanzar un mensaje al mundo: hemos de actuar con urgencia”, ha proclamado Colau en su discurso. “Tenemos una grandísima responsabilidad ante las generaciones futuras y algún día tendremos que explicar lo que hicimos y lo que no”, ha expresado.
Del conjunto de medidas, las más efectivas –con un peso del 36% sobre el total– son las que tienen que ver con un cambio de modelo en movilidad e infraestructuras. En suma han de servir para reducir el tráfico rodado en la ciudad y también el del Puerto o el Aeropuerto, aunque esto último depende de las administraciones estatales y autonómicas. En materia de urbanismo, el documento asume aumentar en 15 kilómetros las calles pacificadas –sobre todo, con la ampliación y aumento de las supermanzanas– y crear 40 nuevas hectáreas de zona verde antes de 2024, así como la ya conocida medida de reducir los coches alrededor de 200 escuelas.
La medida más ambiciosa para reducir la contaminación proveniente del tráfico ya está de hecho en marcha, es la Zona de Bajas Emisiones estrenada este 2020, con la que pretenden poner fin a los incumplimientos de la normativa europea en materia de NO2. La declaración no amplía ni el perímetro ni el tipo de coches vetados, pero dice que se estudiarán zonas de ultrabajas emisiones o un peaje de toxicidad.
El 31% de las medidas dependen de otros
El cumplimiento de estos compromisos no depende sin embargo del Ayuntamiento únicamente. Del paquete de medidas anunciadas, un 43% requieren de la implicación de otras administraciones, y un 31% directamente dependen de la Generalitat o del Gobierno central. Principalmente, se trata de las que afectan al Puerto y al Aeropuerto, para quienes piden una mayor fiscalidad ambiental y más peso de las energías renovables. El consistorio plantea además eliminar todos los vuelos cortos que tengan una alternativa razonable en tren. Entre las dos infraestructuras son responsables del 12,8% de las emisiones de CO2 en la ciudad.
El Ayuntamiento ha protagonizado un choque esta misma semana con el Puerto al exigir que reduzcan las emisiones y cifrarlas en 5 millones de toneladas de CO2. El consorcio del puerto le ha acusado de “manipular”, alegando que emiten 315.000 toneladas anuales. Pero el consistorio ya dejó claro que se refería a lo que generan los barcos no solo en el puerto sino durante todo su trayecto.
Colau ha pedido en este sentido que también las grandes infraestructuras y empresas asuman responsabilidades. “Nadie puede quedar al margen”, ha sentenciado.
La declaración incluye medidas que son viejos conocidos de la política municipal, la más emblemática la conexión del tranvía por la Avenida Diagonal, cuya implementación hasta ahora ha fracasado por falta de apoyos. También la conexión de la línea L9 de metro. Además, destacan el compromiso de ayudar a la rehabilitación energética de 10.000 viviendas al año o individualizar al 100% la recogida de basuras, ya sea con el puerta a puerta o con contenedores inteligentes.
Las entidades: “Estaremos vigilantes”
Los Movimientos el Clima han asegurado que analizarán al detalle el documento, aunque Gemma Barricarte, de Fridays For Future, ya ha dejado claro durante el acto institucional que no dejarán pasar una: “Estaremos vigilando. No permitiremos y denunciaremos maniobras dilatorias por intereses económicos y electorales”.
“Ni esta declaración ni otras hubiesen sido posibles sin las demandas de la sociedad articulada y de la comunidad científica independiente”, ha añadido en su discurso.