Una veintena de medios se agolpan en la Casa Bloc en Sant Andreu (Barcelona) mientras un vigilante de seguridad observa el largo pasillo saturado que da acceso a las 24 viviendas habilitadas por Cruz Roja, Comissió Catalana d’Ajuda al Refugiat (CCAR) y Accem, y de titularidad de la Generalitat de Cataluña. Él lleva aquí desde septiembre de 2015 —por lo visto seguirá después del alojo— y ha visto las obras de rehabilitación desde noviembre del año pasado de este emblemático edificio, antigua residencia de viudas y huérfanos de militares.
La Generalitat ha invertido 300.000 euros en la reforma de la parte exterior de la estructura para garantizar la intimidad de los nuevos inquilinos, las entidades se han encargado de amueblar y equipar cada habitación de esta tercera planta. Los apartamentos del primer y segundo rellano, una antigua residencia para la tercera edad, todavía no tienen uso. Las viviendas que acogeran a los refugiados son dúplex, y la habitación de arriba de cada una dispone de varias literas.
Cruz Roja ha invertido cerca de 30.000 euros en la estancia: nevera, cocina, mesita, sábanas. Y un cartel de bienvenida. “Bienvenidos/Bienvenue/Welcome”, dicta el folio en castellano, inglés y francés; aunque la mayoría de las 90 personas que se alojarán en el edificio los próximos seis meses son de ascendencia ucraniana y siria (además de eritreos o iraquíes). Las personas que vivirán en Sant Andreu son solicitantes de asilo que ya están en el Estado, en Centros de Estancia Temporales o en otro tipo de centros y han accedido al territorio, en su mayoría, vía la frontera del sur (Melilla), del norte (La Junquera) o desde el aeropuerto de Barcelona.
La desconexión entre el gobierno español y las autonomías en materia de refugiados contrasta con la gestión que están haciendo las administraciones locales. “No estamos nada coordinados con el estado, pero en Cataluña vamos a una”, respondía este jueves Oriol Amorós secretario de Igualtat, Migracions i Ciutadania en relación al tàndem que la Generalitat de Cataluña está haciendo con el Ayuntamiento de Barcelona y entidades sociales como Cruz Roja, CEAR-CCAR y Accem. “Esto no se acaba aquí. Acoger es un deber de las democracias avanzadas”, ha añadido Amorós.
El Ayuntamiento de Barcelona ha firmado convenios de colaboración con Accem y CEAR: 331.500 euros que servirán para duplicar las plazas de alojamiento con que cuentan en Barcelona estas entidades. Des del CEAR se pone en valor la voluntad de las administración catalana y del consistorio, además de la coordinación con los municipios; Sabadell, Sant Boi o Terrassa han contribuido a hacer crecer de 28 —a finales del año pasado— a 250 los espacios disponibles para la acogida de refugiados.
Estas cifras todavía están lejos de las solicitudes que recoge Cataluña. Aunque en Barcelona el flujo de peticiones al Servei d'Atenció a Immigrants, Emigrants i Refugiats (SAIER) desde su puesta en marcha en 1989 ha sido constante, en los últimos tres años se ha cuadruplicado la cifra: en 2012 fueron 304 y en 2015 llegaron a las 1.374. En 2016 la tendencia es más preocupante, en sólo dos meses se han atendido a 489; personas que llegan a Barcelona de forma espontánea, fuera de los programas estatales de reubicación de refugiados. El Ayuntamiento ha reforzado el servicio del SAIER, pasando de 1,1 millones de euros a inicios del 2015 a 1,7 en 2016.
Preservar la normalidad
A lo largo del mes de abril, cerca de 90 refugiados accederán a la Casa Bloc —bien de interés cultural des del año 1992— en el Passeig Torres i Bages del distrito de Sant Andreu. Las viviendas (24 en total), de unos 70 metros cuadrados, serán su primera toma de contacto con el plan de asilo internacional que las entidades sociales despliegan. El plan consta de tres fases. Una primera de información y diagnóstico de la vulnerabilidad, una segunda de asilo de seis meses (ampliable hasta nueve) y una tercera de integración que puede dilatarse de doce a dieciocho meses.
En total, 24 meses en coordinación con todos los equipamientos sociales —desde los servicios de integración hasta las escuelas— con el objetivo de preservar la normalidad en el barrio. De hecho las propias entidades que han gestionado el edificio se han reservado despachos en Casa Bloc en los que dispondrán de integradores sociales y educadores sociales, además de servicio de psicología externo. Cruz Roja facilitará hasta nueve profesionales.
Gema Sánchez, responsable territorial de Accem en Cataluña, ha remarcado que los acogidos serán “nuevos vecinos”. Aunque para que la integración sea efectiva hará falta una “labor de trabajo comunitario, que implicará un esfuerzo del distrito de Sant Andreu así como de sus vecinos, AMPAs y ateneus”, ha subrayado la regidora del distrito, Laia Ortiz. “Tenemos que explicar el día a día cultural del barrio”, ha añadido. La misma mañana del jueves, después de la presentación de la Casa Bloc ante la prensa, estaba prevista una visita para los vecinos donde se les informaría con detalle del plan de acogida de la zona.
No de Rajoy a los 100 de Atenas
La presentación de la Casa Bloc ha coincidido en el tiempo con la negativa por parte del gobierno español a la petición de asilo de 100 personas que Ada Colau y el alcalde de Atenas, Giorgios Kaminis, firmaron la semana pasada. Rajoy ha agradecido el ofrecimiento del Ayuntamiento de Barcelona, recordando eso sí que el estado tiene la competencia exclusiva en materia de asilo. Por el momento, el gobierno español ha acogido 18 de las casi 16.000 personas asignadas en los planes de redistribución de la Unión Europea. Los acogidos de Casa Bloc no corresponden a esa cuota de asignados, ya que ya se encontraban en el Estado.
“Hemos de denunciar la actitud del gobierno español, nos sentimos indignados por la respuesta del Estado al no dejarnos acoger a estas 100 personas que viven en condiciones infames en Atenas. Insistiremos, seremos solidarios”, valoraba la regidora del distrito de Sant Andreu, Laia Ortiz. En la misma línea, el secretario de Habitatge de la Generalitat, Carles Sala, ha avanzado durante la presentación de la Casa Bloc que la Generalitat ofrecerá 14.000 pisos (1.830 de entidades financieras para proyectos sociales) de los que dispone el gobierno autonómico si finalmente se desencalla la gestión estatal de los refugiados.