El caso Benítez se cerró judicialmente con una polémica sentencia de conformidad donde seis agentes de los Mossos confesaron haber matado Juan Andrés Benítez a cambio de evitar la cárcel. Pero las consecuencias políticas del caso se siguen produciendo. Este viernes el pleno del Ayuntamiento de Barcelona ha aprobado instar a la conselleria de Interior de la Generalitat a tramitar expedientes sancionadores a los seis agentes condenados y resolverlos con su expulsión del cuerpo de los Mossos.
La moción, propuesta por la CUP, ha recibido el apoyo de Barcelona en Comú, ERC y el PSC. Por el contrario, CiU, Ciutadans y PP se han opuesto. Estos dos últimos grupos han aconsejado a la CUP presentar la medida al Parlament de Catalunya en lugar del Ayuntamiento de Barcelona. “La fiscalización de los cuerpos de seguridad es una de nuestras tareas como grupo municipal. No se escandalicen”, les ha respondido la concejala cupaire, Maria Rovira.
“La policía debe garantizar derechos de los ciudadanos. Para evitar su desprestigio, hay que abrir expediente por el caso Benítez”, ha dicho el concejal de ERC, Jordi Coronas, visión que ha compartido la socialista Carmen Andrés. “Ante unos hechos probados como el homicidio de Benitez, es fundamental actuar por la vía disciplinaria para conseguir garantías de no repetición”, ha remachado Jaume Asens (BComú).
La condena que acordaron los seis mossos es de dos años de cárcel –que no cumplirán porque no tienen antecedentes– por homicidio imprudente y un delito contra la integridad moral. Dos agentes más admitieron que obstruyeron la investigación judicial para encubrir a sus compañeros. Al ser fruto de un acuerdo de conformidad, la sentencia no se puede recurrir.
En el apartado de hechos probados, los condenados reconocieron que propinaron dos patadas, cinco puñetazos en la zona superior del cuerpo de Benítez, seis puñetazos y golpes de rodilla en sus extremidades inferiores, así como “varias patadas” en la parte lateral izquierda inferior del cuerpo del fallecido. En conjunto, los agentes admitieron que ocasionaron a Benítez hasta 28 lesiones diferentes en varias partes de su cuerpo.
Por su parte, los diez diputados de la CUP-Crida Constituent el Parlament interpusieron en el mes de mayo una denuncia contra los agentes ante la dirección general de policía catalana para que se abriero un expediente disciplinario a los mossos condenados y se les sancionara con la “separación definitiva” del cuerpo.
La petición de los diputados cupaires y del consistorio barcelonés choca con las intenciones de la policía catalana. El director general de la policía, Albert Batlle, explicó que una vez los agentes terminen la condena de dos años de suspensión de empleo y sueldo, volverán al cuerpo de los Mossos. “Las responsabilidades ya se han depurado en la vía penal”, dijo Batlle.