La ley 24/2015, impulsada por la PAH, aprobada por unanimidad por el Parlamento de Catalunya, y ahora cuestionada por el ejecutivo de Rajoy, establece que los grandes propietarios de vivienda no pueden desahuciar una familia en situación de vulnerabilidad sin antes ofrecerles una alternativa de alquiler social. Los impulsores de la ley llevan meses denuncian incumplimientos y el Ayuntamiento de Barcelona finalmente ha dado respuesta, tramitando las dos primeras multas por incumplimiento a dos grandes inmobiliarias.
Las sanciones podrían llegar a 90.000 euros y el Consistorio las definirá en función del coste que le ha supuesto realojar a las familias. Aunque los propietarios no hayan cumplido la norma, esta garantiza que las personas afectadas no se queden en la calle obligando a la administración a ofrecer un realojamiento. El gobierno de Colau lo hizo y ahora pretende cargar el coste sobre la propiedad, la responsable primera por hacerlo. Después de estos dos primeros expedientes, los servicios técnicos del consistorio tienen en preparación 147 expedientes más para casos en que grandes propietarios no han ofrecido realojamiento a las familias antes de un desahucio.
En concreto, las primeras multas del gobierno de Colau son para las sociedades Intacsa Integral Actividades, que desahució a un vecino del Carmel por impago de alquiler sin ofrecer una alternativa de alquiler social, y Fincas Flash, que hizo lo mismo en el barrio de Horta. La sanción se aplica porque estas sociedades entran dentro de lo que la ley tipifica como gran tenedor de vivienda, “las personas jurídicas que, por sí solas o por medio de un grupo de empresas, sean titulares de una superficie habitable de más de 1.250 metros cuadrados”. En el caso de los pequeños propietarios la obligación de realojamiento recae sobre la administración.
Fuentes municipales temen la impugnación de esta norma. Aseguran que han tardado meses en poder preparar su aplicación con los técnicos municipales y ahora perderían una herramienta que les permite exigir respuestas a los grandes propietarios para hacer frente a la emergencia habitacional. De momento, sin embargo, el concejal de Vivienda Josep Maria Montaner asegura que “aunque algunos sectores inmobiliarios tienen esperanza de que no se acabe aplicando, es una ley vigente que debemos aplicar”.
Multas por situación de infravivienda
El Ayuntamiento de Barcelona ha anunciado también sanciones por un caso de infravivienda. Una empresa alquilaba particiones de 15 metros cuadrados de una finca a una decena de familias sin cumplir las condiciones de vivienda. Pagaban alquileres de entre 400 y 500 euros cada una para pequeños espacios que incorporan lavabo, cocina y ducha, en algunos casos ubicados en patios interiores, o en la azotea con volúmenes añadidos con muros simples de fábrica o de ladrillo, con techos de cubierta plana.
El consistorio ha iniciado un expediente sancionador para impedir este uso de la finca e imponer una sanción de hasta 900.000 euros a los responsables de la actividad. Esta medida se impone a través de una herramienta que aporta la ley catalana del derecho a la vivienda de 2007, que seguirá vigente aunque el gobierno del PP impugne finalmente la ley 24/2015.
El Ayuntamiento está impulsando una Unidad Contra la Exclusión Residencial (UCER) que tiene entre sus tareas velar por garantizar el derecho a la vivienda en la ciudad con viviendas dignas. De momento ya ha inspeccionado e iniciado el expediente en este caso y estudia otros casos en que también se podrían producir sanciones.
Avanzan las multas a los pisos vacíos
El pasado septiembre Ada Colau anunció que empezaba a multar a las entidades que tenían pisos vacíos con 12 multas en aplicación de la ley catalana del derecho a la vivienda. El concejal Josep Maria Montaner ha explicado este miércoles que las sanciones avanzan. 13 entidades han pagado una primera multa, cinco se encuentran en trámite para la imposición de la segunda, y dos ya han pagado tres multas. En total se han incoado 39 expedientes sancionadores a propietarios que tienen pisos en situación de desempleo permanente.