“Somos mujeres, feministas, activistas y putas” suelen decir las portavoces del colectivo Prostitutas Indignadas, que han defendido firmemente y durante años que se las deje de perseguir y que se habiliten espacios donde ejercer la prostitución y mejorar sus condiciones laborales. Hoy, aunque con prudencia porque todavía tienen que estudiar el texto aprobado —y porque su principal portavoz, Paula Ezkerra, no se encuentra en la ciudad— celebran “un paso importante” como el que ha dado el Ayuntamiento de Barcelona para regular lo que ellas consideran como su oficio.
El Ayuntamiento dotará de un marco normativo municipal la prostitución voluntaria y eliminará las multas. La Comisión de Derechos Sociales, Cultura y Deportes, celebrada este martes, ha aprobado una proposición de Ciudadanos con los votos a favor de Barcelona en Comú, ERC y la CUP que dará una mayor protección y seguridad a las personas que ejercen la prostitución, una de las demandas de colectivos como Prostitutas Indignadas, que suma años de lucha en el barcelonés barrio del Raval, no sólo para dignificar sus condiciones, sino también para contribuir a mejorar la convivencia de este barrio popular de la capital catalana.
Este colectivo, con algunos vínculos con Barcelona en Comú y la CUP, consiguió que las algunas formaciones se comprometieran en campaña en alcanzar, una vez en el gobierno, algunos avances en materia de prostitución. De hecho, el programa electoral de Barcelona en Comú o el de la CUP —donde incluso la portavoz del colectivo iba en las listas— defendía la derogación de los artículos de la ordenanza que persigue la prostitución y la anulación de los expedientes administrativos abiertos a las prostitutas. También el grupo de Ciudadanos, en declaraciones a este medio, pone en valor su trabajo de campo con el sector para acabar adelantándose en la propuesta.
La concejala del Área de Ciclo de Vida, Feminismos y LGTBI del gobierno de Ada Colau, Laura Pérez, también ha explicado que el gobierno municipal quiere promover un cambio en la ordenanza del civismo, sobre todo en cuanto a las sanciones. “Hace falta un marco normativo que no criminalice ni penalice las mujeres”, ha dicho Pérez, que ha recordado que las multas no han tenido ningún efecto y la mayoría, un 90%, no se cobran. La iniciativa aprobada también apuesta por impulsar medidas para la prevención de prostitución y luchar contra el proxenetismo y la explotación sexual.
Choque frontal con el Gobierno de Trias
Choque frontal con el Gobierno de TriasEl Gobierno de CiU no entendió nunca el componente social de las prostitutas indignadas. Su lucha iba más allá de sus derechos como trabajadoras y con frecuencia hacían una crítica de ciudad que superaba el conflicto cívico. “Las prostitutas de la calle no encajamos en la marca Barcelona”, explicaba Paula Ezkerra, una de las portavoces de Prostitutas Indignadas, el día de la presentación de la Asamblea de Activistas Pro-derechos Sobre el Trabajo Sexual de Catalunya, la primera plataforma de prostitutas activistas del Estado.
El embrión de la iniciativa era, precisamente, el colectivo de Putas Indignadas, estrechamente vinculado al Raval barcelonés. “No entramos en el imaginario de esta ciudad clasista, que nos hace invisibles por ser mujeres, feministas, activistas y putas”, decía Ezkerra en aquella ocasión. Un barrio que, como la avenida del Paralelo, se convirtió en una zona habitual de peregrinación sexual a principios de siglo XX, cuando Barcelona era la tercera ciudad del mundo en número de prostitutas, sólo superada por Marsella y Shanghai.
De todos los enfrentamientos con el gobierno de CiU, la gota que colmó el vaso de su indignación fue el cierre de su local, en el número 25 de la calle Robadors, el pasado 19 de marzo de 2015. Las prostitutas se habían encontrado tapiado el local donde ejercían el oficio y donde, hasta el momento, les unía una relación de arrendatarias con el propietario. “Los abusos que hemos visto en los casos del 4-F y el de Juan Andrés Benítiez los sufrimos nosotros cada día”, explicaba entonces el colectivo, que cada miércoles celebraba una cacerolada, en ocasiones, con parodia incluida de Xavier Trias.
Revisión del reglamento “criminalizador” de CiU y PP
Revisión del reglamento “criminalizador” de CiU y PPPocas semanas después de hacerse con la alcaldía, Ada Colau se reunió con la síndica de la ciudad, Maria Assumpció Vilà, para abordar las problemáticas más urgentes de Barcelona. En aquella ocasión, la alcaldesa explicó que quería revisar el reglamento y las sanciones de la ordenanza de convivencia y civismo -que, por cierto, se habían aprobado en 2006 con los votos del PSC, ERC y CiU en medio de una gran polémica ciudadana- por considerarlas “desproporcionadas y criminalizadoras de la pobreza”.
ICV, ahora dentro del engranaje de BComú, votó en contra. Entre las medidas más polémicas, y aparte de la persecución de la mendicidad, había precisamente la prohibición de la prostitución en la calle. Esa ordenanza sería modificada en 2012 en un acuerdo entre CiU y PP, que prohibía sin matices la prostitución en las calles de Barcelona. En concreto, aquel texto modificaba dos artículos de la ordenanza de 2006, una de ellas, la más polémica, obligaba a la Guardia Urbana a advertir tanto las prostitutas como a los clientes que están incumpliendo la normativa antes de multarlos.
Según el texto aprobado hoy, el nuevo marco normativo, restringirá el ejercicio del trabajo sexual en locales legalizados y sometidos a inspecciones periódicas. El texto insiste mucho en diferenciar las mujeres que ejercen la prostitución porque no tienen otro remedio de las que lo hacen voluntariamente. Para las primeras, prevé “ayudas a la formación e inserción a las personas que no quieren a ejercer el trabajo sexual”. Y para las segundas, se deberá asegurar que las personas que voluntariamente ejerzan la prostitución “tengan reconocidos sus derechos laborales y sociales”.
Ahora, con la nueva ordenanza en curso, Barcelona tiene la posibilidad de encontrar una nueva relación con la prostitución, a caballo de la sensibilidad social y el respeto y acompañamiento a la libre práctica voluntaria del oficio.