Desde el pasado verano crece un conflicto en las calles de Barcelona que ha provocado un distanciamiento entre el gobierno de Ada Colau y movimientos sociales de la ciudad, y que genera tensión en las mismas bases de Barcelona en Comú: la gestión de la venta ambulante irregular, el 'top manta' en las vías más turísticas de la ciudad. El pasado miércoles el comisionado de Seguridad del consistorio, Amadeu Recasens, se reafirmaba en la aplicación de la ordenanza del civismo –una normativa para la que BComú propugnaba la “derogación inmediata” en su programa–. Los colectivos de apoyo a los manteros han respondido con una convocatoria a un nuevo “mercadillo rebelde” en que activistas hagan de “escudo” para que los manteros puedan vender este sábado en la Rambla, una protesta que preocupa al gobierno municipal.
¿Pero cómo se ha llegado a este punto? ¿Ha aumentado la presencia de manteros en la ciudad o el conflicto se debe a factores externos? Fuentes cercanas al gobierno de Colau ponen los poderes mediáticos y la policía en el centro de la ecuación. Desde colectivos sociales coinciden en esta lectura pero añaden que el Ayuntamiento “ha caído en la trampa de los poderes fácticos”.
1. Los manteros
La venta ambulante es un fenómeno habitual en las ciudades de atractivo turístico y Barcelona no podía ser diferente. La manta representa una posibilidad de supervivencia para las personas que se encuentran en situación irregular en el país y tienen limitadas las alternativas para ganarse la vida. “Estuve unos ocho meses buscando trabajo, porque yo nunca quise estar en la calle vendiendo, porque tenía riesgo y te puede complicar la situación cuando quieres arreglar tus papeles”, contaba Aziz Faye, del Sindicato Popular de Manteros, en una entrevista a Catalunya Plural. Pero finalmente acudió a amigos senegaleses como él para que le ayudaran a ganarse la vida. “Me ayudaron a comprar bufandas, y entonces empecé a vender bufandas. Y así un día te pillan, otro día vendes algo y me fui adaptando poco a poco y hasta hoy”.
Se habla a menudo de las mafias detrás del Top Manta pero los vendedores insisten en desmentirlo. En un vídeo del Sindicato Popular de Manteros, Yakhia Niane explicaba que lo que hay son redes de solidaridad: “No hay ninguna red mafiosa detrás de nosotros que nos explota, somos nosotros mismos que nos ayudamos entre nosotros para ir a comprar mercancía para venderla en la calle, somos una familia, si alguien no tiene, alguien que tiene puede ayudarlo para poder sacar mercancía”.
En un estudio de hace unos meses el Ayuntamiento de Barcelona detectó a 98 personas de origen subsahariano que se dedican a la venta de productos de imitación, la mayoría hombres y el 65% de origen senegalés. El 66% se encuentran en situación irregular, el 47% vive desde hace más de cinco años en la ciudad, el 38% tiene familiares a su cargo en el país de origen y sólo el 37% disponía de tarjeta sanitaria. El mismo estudio detectó otras 159 personas de origen indoasiático dedicadas a la venta de souvenirs, el 65% de origen pakistaní.
Ante la presión policial que sufren los vendedores, activistas locales se organizaron para darles apoyo en el colectivo Tras la Manta. Más tarde, los mismo vendedores se organizaron colectivamente en el Sindicato Popular de Manteros, una organización para poder tener una interlocución estructurada con el Ayuntamiento y vehicular sus propuestas.
2. La Guardia Urbana
El modelo de seguridad es uno de los principales retos que se encuentra Barcelona en Comú. Una candidatura llena de personas que tienen a sus espaldas años de lucha contra abusos de la Guardia Urbana tiene ahora el reto ganarse el respeto del cuerpo y reformarlo. En su programa lleva propuestas especialmente incómodas para el cuerpo como la disolución de la Unidad de Apoyo Policial, los antidisturbios de la Guardia Urbana, dado que la policía local no tiene competencias en orden público, que corresponden a Mossos d'Esquadra. Finalmente han renunciado a esta propuesta en un esquema de reorganización del cuerpo.
El equipo de Colau pone al frente de las políticas de seguridad a Amadeu Recasens, criminólogo y director hasta 2004 de la Escuela de Policía de Catalunya, alguien que consideran que puede ser respetado por la Guardia Urbana –a diferencia de los concejales que denunciaban sus abusos– y a la vez está en sintonía con el modelo de policía democrática por el que apuesta Barcelona en Comú. Recasens tiene el reto de cambiar el modelo mientras, apuntan diversas fuentes municipales, se enfrenta a los intereses corporativos del cuerpo. En este proceso, los miembros del gobierno renuncian a su discurso crítico con el cuerpo –aunque en privado reconocen, por ejemplo, el racismo de algunos agentes– con la confianza de que el comisionado de seguridad tenga éxito en sus labores.
Mientras, la Guardia Urbana sigue dinámicas propias mientras negocia las reformas con el comisionado. Durante las primeras semanas de mandato de Colau, algunas voces hablaban de una “dejadez” de la Guardia Urbana con los vendedores ambulantes que permitió su proliferación. Sin embargo, el consistorio niega haber dado ninguna orden en este sentido. Si se produjo dejadez fue por iniciativa de los propios agentes, apuntan fuentes del consistorio. De hecho, aseguran que están sometidos a una presión que les impide hacer ninguna concesión de este tipo.
“Cualquier cosa que propone Recasens a la policía aparece enseguida filtrada a los medios”, apunta un asesor municipal. Tanto manteros como concejales aseguran que, en gobiernos anteriores, había pactos implícitos entre policías y vendedores sobre dónde y cuándo se podría hacer la vista gorda. Miembros del gobierno de Barcelona en Comú aseguran que, a diferencia de sus predecesores, la presión les impide este tipo de pactos tácitos.
A final de verano, con todo el foco mediático sobre el conflicto de la venta ambulante, la Guardia Urbana desplegó la unidad antidisturbios contra los manteros en un operativo en el metro de Plaça Catalunya dónde, después de meses de tensión, hubieron agresiones por parte de la policía y lanzamientos de piedras como respuesta de los vendedores. Tanto Recasens como el servicio de prensa del ayuntamiento han defendido públicamente todas las actuaciones policiales.
3. Orden público
Colectivos de apoyo a los vendedores cuentan que se les aseguró a los manteros que podrían estar tranquilos en el intercambiador del metro de Plaça Catalunya, pero en cambio no les dejarían estar en la calle en esa zona del centro. Los activistas consideran que fue una estrategia pensada por la policía para fomentar la imagen de masificación en ese intercambiador o en la zona del puerto. Esas imágenes alimentaron el discurso que hizo sonar las alarmas sobre la venta ambulante.
La llegada de Barcelona en Comú al Ayuntamiento en junio se encontró el foco mediático sobre los manteros como un problema creciente en la ciudad. Si bien la presencia de vendedores ambulantes se había intensificado, no lo había hecho más que en otros veranos, cuando su presencia crece para aprovechar la alta temporada del turismo. El discurso, sin embargo, ha calado en la ciudadanía.
“La gran labor de los medios de comunicación es crear opinión, y en este sentido la opinión que crea sobre el inmigrante no es para nada positiva”, asegura Jose Mansilla, antropólogo y miembro del Observatorio de Antropología del Conflicto Urbano. Mansilla apunta que el tratamiento que recibe la venta ambulante “tiene relación con una determinada visión de lo que es el espacio público, muy relacionada con lo que se puede y no se puede hacer y sobretodo con la imagen que se da”.
“La ordenanza cívica de 2005 precisamente va en este sentido, ordenar lo que pasa en la calle para darle otra capa de barniz a la Barcelona puesta al servicio de la competencia internacional”, recuerda el antropólogo en referencia a la normativa que BComú prometió derogar inmediatamente y contra la que sus miembros lucharon en su momento.
Mansilla concluye que el consistorio “está intentando quitar un problema que aparentemente es de orden público convirtiéndolo en un problema social, pero en realidad es un problema político”. “Sin olvidar las necesidades sociales, el carácter político del tema implica decisiones a nivel local sobre qué se puede o no se puede hacer en la calle”, remarca, aunque añade que “algunas atañen a la ordenanza cívica, pero otras no son competencias municipales, y en ese caso el papel del ayuntamiento es reclamar su modificación”. Entre estas se encuentran la ley de extranjería y la reforma del código penal.
4. Penalización
A este escenario se le suma un elemento que para el abogado Andrés García Berrio, del centro de derechos humanos Iridia, es fundamental: en julio entró en vigor la reforma del Código Penal aprobada por el Partido Popular que establece como delito la venta ambulante de productos de imitación. Esta medida representa un importante retroceso en relación a lo que consiguieron colectivos sociales en 2010, precisamente la despenalización del 'top manta'.
Cuando la venta de CDs piratas era una actividad todavía popular –y de hecho le dio a la venta ambulante el apelativo de 'top manta'– las entidades sociales denunciaban las consecuencias para los vendedores de considerar esta actividad un delito. García Berrio recordaba esta semana en un artículo en Catalunya Plural que 540 personas habían pasado por las prisiones por delitos contra la propiedad intelectual del 2006 al 2009, según datos de la Asociación Pro Derechos Humanos de Andalucía. Además de las penas de prisión, el hecho de tener antecedentes hacían también prácticamente imposible a los manteros, la mayoría irregulares, regularizar su situación en el país.
La plataforma 'Ni un solo mantero en prisión' reclamaba la reforma del código penal para evitar el ingreso en prisión de las personas que trabajan como manteros, y mientras tanto, solicitaba indultos a todos aquellos que se encontraban en las prisiones. “Tras muchos años de lucha, y gracias al apoyo de amplios sectores de la sociedad que organizaron todo tipo de acciones, se logró que en la Reforma del Código Penal que entró en vigor el 23 de Diciembre de 2010 la actividad del Top Manta pasara de delito (penas de 6 meses a 2 años de prisión) a constituir una falta”, recuerda García Berrio.
Este nuevo foco mediático sobre los manteros ha coincidido precisamente con la repenalización, y en este contexto el abogado considera que el consistorio ha caído en la construcción de un proceso de populismo punitivo. Precisamente, el programa de Barcelona en Comú criticaba “el populismo punitivo para una competición electoral” de los anteriores gobiernos municipales. “Comunicativamente se habla de un abordaje social, cuando llevamos meses comprobando que en la cotidianidad se está produciendo un abordaje punitivo en aumento. Y todo ello, sin que haya habido desde el consistorio un posicionamiento claro por la despenalización del Top Manta”, asegura García Berrio. Finalmente, considera que la propuesta de multar a los compradores “parece un intento desesperado y pésimo de aislar al colectivo de manteros y de criminalizar a las personas que se les acerquen”.
Difícil solución
El Ayuntamiento se encuentra ante un conflicto de difícil solución. Los manteros han hecho propuestas para regularizar su situación, pagando tasas, creando mercadillos regulares, o vendiendo otro tipo de productos si cuentan con apoyo para cambiarlo. El Ayuntamiento propone planes de ocupación de 12 meses –y no de seis como es habitual– para poder regularizar la situación de los que no tienen permiso de residencia o la creación de cooperativas. El Sindicato Popular de Manteros, sin embargo, aseguraba este viernes en un comunicado que los planes de ocupación “son una farsa”, porque son pocas las plazas disponibles y ninguno de los manteros ha sido llamado a participar en ellos. Más allá de eso, Andrés García Berrio asegura que “no erradicarán la situación ya que el Top Manta es un mecanismo de subsistencia ampliamente asentado entre quienes tratan de surfear la crisis desde los márgenes”.