Barcelona cierra un melón para abrir otro: la modificación presupuestaria de Colau ha sido aprobada en el Pleno extraordinario de este jueves con los votos a favor de BComú, ERC y PSC, además de la abstención —anunciada este mismo jueves— de la CUP. CiU, PP y Ciutadans, por su parte, han votado en contra de los números de Colau. Después de la anulación del Pleno extraordinario del pasado lunes 25 de abril, Barcelona tiene presupuestos —los modificados del ejercicio 2015 de Trias— y ahora se enfrenta a un nuevo periodo que confirme un gobierno de coalición que parece encarado a la entrada de los concejales del PSC.
De hecho, el Pleno extraordinario que ha ratificado la modificación de 275 millones de euros de Colau, ha estado centrado en la disputa por el futuro pacto de gobierno. El líder del PSC de Barcelona, el regidor Jaume Collboni, que podria entrar al gobierno con la concejalía de Cultura y Deporte ha insistido en el “bloqueo” del Ayuntamiento y la necesidad de alcanzar pactos para evitar la “fragmentación”. Colau, que cuenta con sólo 11 concejales, aspira a una mayor estabilidad de su gobierno por lo que, de confirmarse la entrada de los socialistas, deberá encontrar nuevos equilibrios internos.
BComú plantea un gobierno basado en el trabajo con los socialistas desde el gobierno, con el apoyo de ERC y pactos puntuales con la CUP.
El líder de ERC en Barcelona, Alfred Bosch, ha criticado con firmeza la posible ecuación entre Barcelona en Comú y los socialistas en el gobierno: “Señora Colau, deberá elegir entre el sueño o la decepción, la nueva política o la vieja. La esperanza republicana o la de los que siempre mandaron”. Bosch ya propuso un tripartito con la CUP y Bcomú que los anticapitalistas tardaron dos horas en descartar.
En el mismo debate, Ciutadans ha tildado los números de Colau de “partidistas”, en referencia al acuerdo de BComú con la CUP. CiU y Ciutadans han compartido la idea de “pacto oculto” por lo que respecta al entendimiento entre el gobierno municipal y los anticapitalistas, de algo más de 5 millones de euros, además de la supresión de la función de antidisturbios de la Guardia Urbana y el apoyo a las remunicipalizaciones o al carné de ciudad para sin papeles.
La CUP, por su parte, ha redundado en la idea que de sus exigencias tan sólo han quedado algunas “migas”, por lo que esperan un cambio por parte del gobierno municipal de cara a 2017.