Desde el comienzo del plan de choque contra los alojamientos turísticos ilegales hace un año, el Ayuntamiento de Barcelona ha contabilizado 316 casos de inquilinos que habían puesto como alojamiento para turistas los domicilios que tenían alquilados. Estos son, según fuentes municipales, entre el 10 y el 15% de los 3.000 expedientes sancionadores que el consistorio ha tramitado desde julio del año pasado.
La mayoría de los pisos se encuentran en el barrio del Eixample (103), Ciutat Vella (92), Gràcia (39) y Sant Martí (34). El Ayuntamiento ha emitido 2.189 órdenes de cese a alojamientos que operaban sin licencia. De estos, 628 han acatado la orden, y se han ordenado el precinto de 127 domicilios. Estos son los resultados de las inspecciones que el Ayuntamiento promueve para intentar frenar la proliferación de viviendas con uso turístico sin licencia, una realidad que enfrenta el gobierno de Colau con Airbnb.
Precisamente, la plataforma tiene que hacer frente a la sanción de 600.000 euros que recientemente le impuso el Ayuntamiento por infracciones reiteradas en la publicidad de pisos sin licencia. Una multa que Airbnb asegura que piensa recurrir. Pero no es la única multa: según fuentes municipales se prepara otra sanción “con la voluntad de que se avengan a cumplir la ley”.
El tira y afloja entre el Ayuntamiento de Barcelona tuvo su momento más tenso la semana pasada cuando la teniente de alcaldía de Ecología, Urbanismo y Movilidad, Janet Sanz, señaló el caso de un directivo de Airbnb que durante dos años había ofertado un piso alquilado para alojamiento turístico. En menos de 24 horas la plataforma respondió con una comparecencia de prensa con testimonios de propietarios que alquilan sus habitaciones para reclamar una normativa que tenga en cuenta la “vivienda compartida”.
Este martes Airbnb hacía pública una misiva, con un tono más pausado, que tenía como destinatario el Ayuntamiento y la concejal Sanz dónde señalaba que “quiere ser un buen socio de Barcelona” y pedía “trabajar de manera conjunta con el Ayuntamiento en normas claras y modernas que funcionen para todos”. Airbnb reiteraba que con la normativa vigente se produce un “asedio a las familias locales”.
El Ayuntamiento ha respondido a la plataforma que en ningún caso se trata de problemas con las familias que alquilan habitaciones de sus domicilios y asegura que esta es una cuestión relativa a una “competencia pendiente de ser regulada por parte de la Generalitat”. Con todo, el consistorio emplaza Airbnb a fijar día y hora para una reunión en la que se trate de encajar “la legalidad vigente con el alquiler de viviendas enteras para uso turístico”.