“La cogen así, de un ladico, como con asco”. Así describe Luis Lázaro, mientras sostiene un folio por una de las puntas y lo hace blandir, el trato que recibe la mayoría de veces que muestra su tarjeta de asilo. “La gente le tiene repulsión”. Luis forma parte de los planes de acogida estatales para demandantes de asilo en Barcelona. Este jueves, Luis y otros participantes del programa de asilo estatal en la capital catalana, en su mayoría residentes de la Casa Bloc, han denunciado las “fallas del sistema de acogida” en España.
La peor experiencia la tuvo –prosigue Luis– en un banco, donde el personal de la sucursal incluso pensó que “el documento de identificación para refugiados [de un color rojo sangre] era falso”.
“Es el colmo que haya que convencer que esta no es una tarjeta falsa. La tarjeta roja me excluye. Durante los primeros seis meses no recibí permiso de trabajo, me dificulta alquilar un piso, ¡o incluso conseguir una línea de teléfono!”, ha criticado en la misma rueda de prensa Alejandra Guillén.
Alejandra también ha argumentado que la discriminación por la tarjeta es intrínseca: llega por parte de administraciones y personas que desconocen de los derechos que proporciona, pero también del mismo Estado, que mantiene a los refugiados en la “total incertidumbre” por su renovación (cada seis meses).
Alejandra también forma parte de un grupo de personas solicitantes de asilo –mayoritariamente de origen venezolano, ucraniano e indio, y residentes en la Casa Bloc de Sant Andreu, espacio que acoge a 90 solicitantes de asilo que ya estaban en el territorio– que, ante “la pasividad” de las administraciones y las entidades, han decidido denunciar los problemas derivados de la “falta de previsión” del programa estatal de acogida.
“No queremos ser una carga social, y queremos que la situación mejore para todos”, ha dicho Alejandra, de 40 años e ingeniera industrial, este jueves. Los refugiados han destacado que esta no es “una crítica” a las entidades que les atienden (Cruz Roja, CCAR y Accem, en la Casa Bloc) sino un “toque de atención” para que las cosas cambien para ellos y para “los que vendrán detrás”.
“Romper el proceso de integración”
Según cuentan los mismos participantes del programa de asilo estatal, como consecuencia de las dificultades derivadas de la tarjeta roja, los refugiados no pueden encontrar trabajo o un alquiler en la ciudad de acogida en la primera fase del programa; a partir de la segunda, pasados seis meses desde la entrada en los planes de acogida, ya no reciben recurso residencial.
Como solución, las ONG que les atienden les proponen seguir su acogida en otras poblaciones donde sí hay pisos de asilo. Para los refugiados, la “deslocalización” supone un “volver a empezar eterno”.
A Alejandra, que ya ha sobrepasado el cupo temporal en la Casa Bloc, le han propuesto marcharse a Cardedeu, a 30km de Barcelona (cerca de una hora en transporte público). Ella, que tiene niños a cargo, ha propuesto que, como mínimo, se espera a la finalización del actual curso escolar para el traslado.
Para solventar este y otros problemas derivados de las fases de los planes de acogida, los refugiados han elaborado un documento con sus exigencias “mínimas”. Para empezar, han solicitado que el permiso de trabajo sea administrado en primera fase; además que las tres fases de los planes sean en una misma localizacion, y que a las personas se les permita escoger según el arraigo al territorio. También se ha pedido una bolsa de trabajo y que haya traductores en todos los idiomas. Por último, los refugiados han exigido una figura externa observadora independiente –con decisiones vinculantes– que “vigile ante posibles irregularidades” de la administración o las entidades.
Sin apoyo para el colectivo LGTBI
Luis Lázaro, con más de diez meses en Barcelona y que tramitó el asilo junto a su madre, ha criticado que el programa no contemple “ayudas para la adaptación” de personas con “otras identidades sexuales”.
“Mi integridad y estado de ánimo se han visto afectados por ciertos tratos discriminatorios”, ha dicho Luis, que ha pedido un espacio para la comunidad LGTBI en los planes de acogida a administraciones y entidades.
Por su parte, el Ayuntamiento de Barcelona ha explicado a este medio que las reivindicaciones de los refugiados “son las suyas” y que en esa línea trabajan medidas concretas para mejorar los planes de acogida: el programa Nausica, presentado esta misma semana, pretende ampliar la capacidad de la ciudad durante el 2017 con hasta un centenar de plazas.
“Un incremento sustancial”, según el consistorio, que ya informó que el programa está dotado con un presupuesto de 950.000 euros. Ahora mismo Barcelona dispone de unas 200 plazas fijas para 2.300 refugiados atendidos el año 2016. Una medida que los refugiados aplauden, aunque con escepticismo. “Ahora no somos más de 100 en la Casa Bloc, y mira los problemas que tenemos... ¿Qué pasará cuando seamos 4.500?”, se pregunta otra de las personas en condición de asilo en la capital catalana sobre el número de refugiados que el Gobierno de Catalunya se ha ofrecido a acoger.