Los barceloneses acuden nuevamente a unas elecciones municipales que serán reñidas, tanto o más que las de 2019. La alcaldesa Ada Colau, el socialista Jaume Collboni y el convergente Xavier Trias se disputan la victoria según todas las encuestas. En las urnas, Barcelona en Comú deberá rendir cuentas por una obra de gobierno de ocho años, con el PSC como socio durante el último mandato, y habiendo sorteado los estertores del procés y después la pandemia. Los datos muestran una capital catalana dinámica económicamente, con un paro reducido y en cabeza en inversión social, pero también reflejan los límites de las políticas de vivienda, turismo o movilidad en una de las ciudades más globales y que sigue siendo de las más atractivas del Mediterráneo.
Colau cierra un mandato que, al margen de la COVID-19, ha sido políticamente más plácido que el anterior. La investidura facilitada por Manuel Valls ha dejado paso a cuatro años de coalición con el PSC y pactos estables con ERC, incluyendo los cuatro Presupuestos –en los últimos años a cambio de facilitar las cuentas de la Generalitat–.
Solo la proximidad de la campaña electoral ha propiciado el distanciamiento entre socialistas y comuns, con discrepancias de modelo cada vez más marcadas –el gran ejemplo es el proyecto de ejes verdes del Eixample– y la reciente salida del teniente de Alcaldía Jaume Collboni para centrarse en la campaña. Con los republicanos de Ernest Maragall, hoy rezagado en las encuestas, el Gobierno municipal ha aprobado, además de las cuentas, la ampliación del tranvía de la Diagonal, el plan del distrito 22@ o la Zona de Bajas Emisiones.
Si la vivienda asequible y la contención del turismo masivo fueron dos de las banderas que enarboló Colau en 2015, a este mandato se le ha añadido la reducción de la contaminación y el tráfico, con múltiples obras de peatonalizaciones que justo finalizan estos días (o que no llegan a tiempo). A ello se le suman, además, ampliaciones de proyectos sociales de mandatos anteriores como el canguro municipal o el dentista para familias vulnerables. Por contra, los principales azotes han venido del lado de la seguridad y de la limpieza, que siguen figurando como las mayores preocupaciones de los barceloneses, según las encuestas municipales. Y que le han valido duras críticas de la oposición a la alcaldesa.
Más vivienda pública en medio de alquileres imposibles
Colau alcanza la recta final del mandato con los precios del alquiler disparados, superando por primera vez los 1.000 euros de mensualidad de media y, a la vez, con una nueva Ley de Vivienda estatal que regula los precios y que ya ha asegurado que aplicará desde el minuto uno. Desde que llegó al Ayuntamiento, ha acelerado la construcción y compra de pisos para destinarlos a uso social, en un parque público que ha pasado de 7.500 a 11.600 viviendas. La cifra no alcanza la meta de 15.000 a la que se comprometieron los comuns en campaña electoral, aunque estos aseguran que si se cuentan 2.000 que están en obras este 2023 y otros 2.000 en fases previas, sí se superará el umbral.
Otra medida estrella, aprobada el pasado mandato y desplegada durante el actual, ha sido la obligación a los promotores privados de reservar un 30% de vivienda social en las grandes promociones. El plan, que debía dejar más de 300 viviendas de este tipo al año, ha dejado solo 120 en todo este tiempo. Según el Gobierno de Colau, debido en parte a una moratoria previa que dejó fuera 550 potenciales pisos. Y también a incumplimientos de los promotores (algunos han sido sancionados). La última cifra la dio el Ejecutivo en el penúltimo pleno precisamente a petición del PSC, que ya ha dejado claro –también lo hizo Trias– que si gana, la aparcará. Argumentan que esta medida es la que ha provocado el desplome de la actividad constructora en la ciudad.
En cuanto a los desahucios, Colau ha ido dotando de músculo su servicio de intervención para Pérdida de Vivienda y Ocupaciones (SIPHO), la conocida como unidad antidesahucios que asegura que logra parar el 87% de los lanzamientos que llegan a sus oídos (normalmente antes de tener que hacerlo en la puerta). En 2022 atendieron a 1.881 familias, un 19% inferior al pico de casos en 2017.
En un par de ocasiones, su intervención ha acabado con querellas contra técnicos, concejales o la misma alcaldesa por parte de la propiedad. La capital catalana, al igual que el resto de España, cerró el año pasado con una reducción de los desahucios, pero con una lista de espera de 700 familias víctimas de desalojos y a la espera de pisos de emergencia.
Los ejes verdes del Eixample, uno de los planes estrella
La movilidad ha sido quizás el tema que más debate ha generado este mandato. Por las actuaciones del Gobierno municipal y por el ruido político que han desatado, con fricciones incluso dentro de la coalición (con comuns a cargo de Urbanismo y el PSC, de Movilidad).
Al frente de todas las actuaciones destaca el plan de ejes verdes del Eixample, con la promesa de peatonalizar hasta un 30% de sus calles en diez años. La llegada de los comicios coincide con el estreno de parte de las cuatro primeras vías pacificadas, entre ellas la más larga: Consell de Cent. Los comuns defienden además lo que llaman Supermanzana Barcelona, que incluye todas las actuaciones para reducir espacio al coche y ganarla para peatones y ciclistas: desde la protección de 200 entornos escolares hasta las reformas de Meridiana, Via Laietana, Pi i Margall o la ampliación del tranvía.
La oposición en pleno y el PSC, aunque no todos con las mismas razones, le pidieron a Colau en diciembre que frenase nuevas peatonalizaciones. Algunos partidos argumentan que genera congestión de tráfico; otros, que se ha hecho sin consenso vecinal o que crea calles de primera y de segunda. Los socialistas, de hecho, han abogado por un plan alternativo de ganar zonas verdes dentro de las manzanas del Eixample.
En un reciente debate electoral, Colau respondió a las críticas con los últimos datos del tráfico rodado del consistorio. El Eixample ha visto reducirse un 17% los trayectos de coches que lo atraviesan, de 350.000 a 285.000, y solo en una de sus calles, Mallorca, ha crecido.
Las peatonalizaciones han sido la puntilla a una serie de medidas de movilidad que arrancaron en este mandato con la implantación de la Zona de Bajas Emisiones (ZBE), que en 2020 retiró los coches más contaminantes de la circulación en casi toda la ciudad. Según datos de la Administración local, ha permitido eliminar 600.000 desplazamientos en vehículos sin etiqueta ambiental.
Pero la nota negativa es que los datos de emisiones de NO2 en 2022, que normalmente van a la baja, han vuelto a repuntar tras la pandemia por encima de los límites establecidos por la Unión Europea (UE). A lo largo del mandato se han planteado medidas como el peaje de acceso a la ciudad o ampliar las restricciones a los coches con etiqueta amarilla, pero por ahora se ha descartado.
De las demás grandes obras, destacan este mandato las inauguraciones del parque de Glòries o de la reforma de Gran de Sant Andreu. Por contra, por su retraso, también son reseñables los casos de la transformación de la antigua cárcel Modelo, la reforma de la Rambla –ya empezada al fin– o la de otra Rambla, la del barrio del Carmel.
Turismo en cifras récord
Investida en junio de 2015, una de las primeras decisiones de Colau fue la de frenar nuevos alojamientos turísticos en la ciudad. Grandes proyectos hoteleros quedaron paralizados (aunque algunas de esas fincas son hoy pisos de lujo o viviendas temporales) y se puso fin al crecimiento de los apartamentos turísticos. La cifra de pisos turísticos quedó congelada en cerca de 9.000, hasta que la semana pasada trascendió que un propietario había ganado en los juzgados poder destinar un bloque de 120 viviendas a este uso (la alcaldesa ahora busca formas de de frenarlo).
Todo esto en cuanto a los legales. De los que se anunciaban sin licencia en plataformas tipo Airbnb, Colau ha cerrado hasta 8.000, según cifras municipales.
El turismo, cuya gestión ha estado este mandato en manos del PSC, experimentó una caída por la pandemia, pero 2022 cerró con unas cifras de viajeros y pernoctaciones que ya se acercan a las de 2019. La estrategia municipal liderada por los socialistas ha sido la de intentar descongestionar el centro histórico, pero sin renunciar a la llegada de visitantes, de los que argumentan que dependen numerosos puestos de trabajo. También los cruceristas se prevé que alcancen cifras récord este año, lo que ha llevado a los comuns a pedir al Puerto revisar el acuerdo de 2018 y reducir las terminales en las que atracan.
Quejas por la seguridad y la limpieza
Tanto la limpieza como la seguridad han sido dos quebraderos de cabeza del consistorio, aunque en plena carrera electoral parecen algo lejanos, sobre todo las quejas por el aumento de la delincuencia, que comparativamente llegó a marcar la actualidad en verano de 2019, cuando se vivió un aumento de los robos con violencia y los hurtos. En este ámbito, en manos del PSC, Collboni no duda en sacar pecho de los 1.000 nuevos guardias urbanos incorporados. Lo cierto es que desde ese pico, la criminalidad en general ha caído en la ciudad y a menudo más que en otras grandes ciudades. Los robos con violencia descienden un 10,3%, los hurtos, un 29%; los robos con fuerza en domicilios y establecimientos, un 27%, y los homicidios, un 35%. Sí destaca el crecimiento de las denuncias por delitos contra la libertad sexual, de un 27,5%.
Los problemas del servicio de limpieza, por otro lado, se convirtieron en el principal frente para Colau en otoño de 2021. El equipo de gobierno llegó a admitir “desajustes”, que atribuyó en parte a la puesta en marcha de la nueva contrata municipal, que se lleva en torno al 10% del presupuestos barcelonés: casi 300 millones de euros. Ante las quejas, el Ejecutivo sacó adelante un plan de choque para mejorar la limpieza en 350 puntos en los que se detectó más suciedad. Las actuaciones están vigentes a lo largo de 2023.
Economía e inversión social
El Gobierno municipal llega al año electoral habiendo aprobado unos presupuestos de 3.600 millones de euros, una cantidad un 17% superior a las primeras cuentas que sacó adelante este mandato, en 2020, con el apoyo de ERC y Junts. En el capítulo impositivo, ese fue el último año que se subieron de forma generalizada los impuestos, que desde la pandemia se han dejado congelados. En el caso de las terrazas de bares y restaurantes, con una bonificación todavía del 75%.
En sintonía con el resto del país, la actividad económica barcelonesa se ha recuperado tras la pandemia. Uno de los datos más remarcables es el de la tasa de paro. Desde 2021 que está por debajo del 10% y llegó a caer hasta el 6,6% en el segundo trimestre de 2022. Ahora ha repuntado al 8% (por comparar, en la ciudad de Madrid es del 10,2%; en Catalunya, del 10,4% y el resto de España, del 13,3%).
Durante su etapa, a Colau siempre la han rodeado quejas de algunos sectores empresariales de haber contribuido a una supuesta decadencia de la ciudad, acentuada además por el traslado de sedes empresariales fuera de Catalunya (y, por lo tanto, de Barcelona) durante el procés o por polémicas como el rechazo a la sucursal del Hermitage en el Puerto.
Pese a ello, el Gobierno municipal cuenta con varias bazas de inversiones y apuestas de grandes firmas por la ciudad para contrarrestar ese discurso. La buena relación que mantiene con los organizadores del Mobile World Congress (MWC), que amagaron con irse de la capital catalana, es prueba de ello. Pero también anuncios como la apertura del hub de la farmacéutica Astrazeneca, el de Microsoft o el primer centro de diseño de chips de Cisco en el continente. Destacan incluso eventos como la Copa América de Vela. ¿La principal mancha? El cierre de la fábrica de Nissan en la Zona Franca, hoy a la espera de ver cómo se materializa el aprobado proyecto de reindustrialización.
En cuanto a las inversiones sociales, Colau siempre destaca el Plan de Barrios, pensado para mejorar equipamientos públicos y reducir desigualdades en las zonas desfavorecidas, y que suma 300 millones destinados entre las fases de 2017 a 2020 y la que terminará en 2024. Entre otras iniciativas sociales, están el aumento de recursos para asistir a víctimas de violencia machista, la ampliación del canguro municipal, la del odontólogo para personas vulnerables o albergues pioneros para persona sin techo como el destinado a drogodependientes.