Adrián trabaja cinco horas diarias en la garita de las instalaciones deportivas de la Universitat de Barcelona (UB). Hace de conserje y asegura que no recibe ninguna formación por ello, pese a que no es formalmente un empleado, sino que es estudiante con beca de colaboración. Él y un compañero suyo han denunciado a la institución porque consideran que son 'falsos becarios', es decir, que la universidad les utiliza para cubrir puestos de trabajo. Además, alertan que no son los únicos que están en esta situación.
Ambos estudiantes exigen a la UB que reconozca que ha mantenido una relación laboral -no formativa- con ellos y que les abone la diferencia salarial y de cotización de la Seguridad Social durante los años trabajados. Lo hacen después de que la universidad ya tuviera que indemnizar el pasado junio a una estudiante de la facultad de Psicología porque no pudieron acreditar que en su caso se había llevado a cabo un plan formativo. Las partes acordaron que se le abonaran con 7.271,5 euros para evitar ir a juicio.
A raíz de aquella denuncia, la UB aprobó un nuevo reglamento de becas de colaboración para subrayar su carácter formativo, pero algunos estudiantes siguen considerando que lo que hace la universidad con este convenio es cubrir tareas estructurales. Una docena de ellos, entre los cuales se encontraban los dos denunciantes, se reunieron este viernes en una primera asamblea para planear acciones de protesta y llegar a todos los becarios de la universidad.
La UB es la universidad catalana con más estudiantes en este régimen de becas. Tiene 930, según su última memoria publicada, si se suman los becarios de las facultades con los de sus otras unidades y servicios. Son jóvenes que compaginan sus estudios con una dedicación a tiempo parcial (suelen ser entre tres y cinco horas diarias) en bibliotecas, archivos, servicios de informática o de orientación al estudiante de la universidad. Los convenios prevén una remuneración para los becarios de unos 5,7 euros la hora, según fuentes de la institución (es decir, entre unos 300 y 600 euros al mes).
“Si ocupamos un puesto de trabajo es que somos trabajadores”, sostiene Adrián (que opta por dar un nombre ficticio para evitar problemas). A diferencia del Personal Administrativo y de Servicios (PAS), en su caso no solo cobran menos, sino no cotizan para el desempleo ni se les reconocen vacaciones, puesto que los convenios se renuevan cada 11 meses. En su caso, asegura además que su cometido en la garita de Deportes UB no difieren en nada de lo que hace en otro turno un empleado que sí tiene la categoría de PAS.
La UB asegura que siempre hay formación
Estos estudiantes sostienen que la utilización de becarios como fuerza de trabajo es una práctica generalizada en la UB, pero la universidad lo niega. Mercè Puig, vicerrectora de Estudiantes y Política Lingüística, alega de entrada que a todos los estudiantes, cuando se les concede la ayuda, se les informa de que es una ayuda vinculada a un plan de carácter formativo y que ellos aceptan. “Los estudiantes están contentos con estas becas porque suponen un aprendizaje y además reciben una remuneración”, defiende.
Puig remarca que estos becarios tienen un tutor asignado y que, en última instancia, al final de la beca pueden evaluar si se ha cumplido el plan formativo. “Siempre se nos puede escapar algún plan que no sea óptimo, y los que nos parece que no tienen suficiente valor formativo, los retiramos”, asegura.
Sobre casos como el de Adrián, evita pronunciarse alegando que lo llevan los servicios jurídicos de la institución. Concretamente, este joven, estudiante de Filosofía, les ha denunciado por su anterior beca, una en la que estuvo 22 meses, trabajando en la digitalización de expedientes antiguos en el archivo de la universidad. El otro denunciante, Javier (también nombre ficticio), estuvo casi tres años con una beca con la que hacía tareas administrativas de atención al alumnado. Al haber concluido ya el convenio para ambos, se plantean también añadir una demanda por finalización de relación laboral.
De momento, solo ellos han optado por recurrir a la justicia. Y tampoco se han planteado acudir a la Inspección de Trabajo. Fue precisamente este organismo el que demandó a la Universidad Autónoma de Madrid (UAM) en el caso más sonado de 'falsos becarios': acreditó la relación laboral de más de 300 becarios que ocupaban en la práctica puestos de trabajo estructurales, según desveló eldiario.es. El caso ha acabado en los tribunales.