La única luz que se ve por la noche en este edificio de viviendas protegidas, propiedad del Ayuntamiento de Barcelona, es la del vigilante de seguridad: está ahí las 24 horas del día para evitar que lo ocupen. En su interior hay 14 pisos de protección oficial completamente vacíos, acabados desde hace casi dos años, que no tienen ningún uso a pesar de los problemas de acceso a la vivienda que hay en la ciudad.
La construcción del edificio lleva casi 14 años encadenando demoras de todo tipo, según figura en la memoria del proyecto ejecutivo de la obra, en un caso que ilustra falta de eficiencia en un proyecto de vivienda pública por parte del consistorio barcelonés. Desde estos pisos vacíos se divisa un asentamiento de casi medio centenar de chabolas ocupadas por vecinos que viven en condiciones infrahumanas a pocos metros del bloque.
El edificio, que ocupa un total de 1.862 m2, da por un lado a la avenida República Argentina y por otro a la avenida Vallcarca, en el distrito de Gràcia. El piso más pequeño mide 67 m2 y el más grande 105 m2. Cinco de los inmuebles cuentan con dos dormitorios dobles, el resto tiene tres habitaciones dobles y ocho de ellos también disponen de una terraza.
Todos ellos cuentan con ventilación cruzada, iluminación natural, un trastero y una zona comunitaria de más de 420 m2. En una de las fachadas también hay un local a pie de calle que tampoco tiene ningún uso actualmente.
El proyecto arquitectónico salió inicialmente a concurso en 2010. Tras adjudicarse y obtener la primera licencia de obras se solicitaron algunas modificaciones que demoraron el inicio de los trabajos. En 2017, a punto de iniciar la licitación de la construcción, se modificó el proyecto ejecutivo con algunos requerimientos de las asociaciones de vecinos. Hubo también discrepancias sobre la fachada del edificio que retrasaron todavía más el proyecto.
Las obras se adjudicaron finalmente en enero de 2020 por 2,8 millones de euros y el Ayuntamiento anunció que los pisos estarían acabados en 18 meses y se destinarían a “alquiler asequible”. Los inmuebles se entregaron, según el Ayuntamiento, durante la primavera de 2022, un año más tarde de lo prometido. Desde entonces ha pasado más de un año y medio y nadie los ha ocupado todavía.
Sin concretar cuándo se adjudicarán las viviendas
Preguntado por elDiario.es, el consistorio explica que el edificio se construyó para realojar a los vecinos afectados por la transformación urbanística del barrio de Vallcarca. El proyecto, sin embargo, lleva lustros estancado —se planteó en 2002— y sin visos de desbloquearse pronto.
“El distrito de Gràcia y el Ayuntamiento siguen trabajando con la voluntad de hacer [la transformación del barrio de Vallcarca] con el máximo consenso vecinal”, señalan fuentes municipales. Aseguran que al mismo tiempo trabajan “para poder darle un uso y adjudicar” las viviendas “lo antes posible”, sin concretar a quién pretenden destinarlas.
Las asociaciones vecinales de Vallcarca llevan años intentando desbloquear la situación y que familias que lo necesitan puedan entrar a vivir en los pisos. Explican que el anterior consistorio, liderado por los comuns, les prometió que serían utilizados por familias monomarentales que estaban en pensiones tras haber sido desahuciadas. La idea era que pudieran vivir en esas viviendas durante uno o dos años con un acompañamiento del consistorio. Nunca ocurrió.
“No se puede permitir que, con la situación actual de la vivienda, con desahucios constantes en el barrio, haya un bloque vacío propiedad del Ayuntamiento”, señalan desde el Sindicato de Vivienda de Vallcarca. “Es totalmente indignante e incomprensible”.
Según datos recabados por Verificat publicados la semana pasada, entre 2002 y 2022 el Ayuntamiento de la capital catalana ha pasado de gestionar 3.568 viviendas a 11.492, lo que supone el 1,46% del actual parque inmobiliario de la ciudad. En total, desde 2000 se han acabado de construir 6.977 viviendas de este tipo en Barcelona.
Hace apenas dos semanas, los miembros de este sindicato y otras asociaciones vecinales de Vallcarca acudieron al primer Consell de Barri de la nueva concejal del distrito, Laia Bonet (PSC). Este espacio es un órgano de participación ciudadana en el que los vecinos pueden preguntar a los representantes del Ayuntamiento. Le reprocharon la falta de soluciones para las chabolas que se han levantado en el barrio y le preguntaron por ese edificio. Aseguran que no obtuvieron ninguna respuesta concreta sobre el uso que se le va a dar al inmueble.
El consistorio no ha querido precisar a elDiario.es el precio que tiene la vigilancia 24 horas del edificio desde hace un año y medio para evitar ocupaciones. Precisan que forma parte de un contrato de seguridad de 1,8 millones que tiene el Ayuntamiento y que se “va ejecutando en función de las necesidades”.